Cuando
el sobrevalorado intelecto humano llegó a la conclusión de la necesidad de
articular leyes lo hizo con la sana intención de modular armónicamente la
convivencia.
De
esa conclusión nacieron los códigos por los que determinadas conductas se
consideraban delictivas y por lo tanto punibles.
Desde
el Derecho romano hasta los Códigos actuales todos los tratados persiguen con
sus planteamientos que el comportamiento humano se ciña a unas normas que
permitan conjugar la aspiración personal y la vida en común. El conjunto social
le dicta al individuo lo que es lícito y aquello que no lo es. Dentro de lo
ilícito establece las penas que acarrea el saltarse la norma.
El
espíritu que alentó al legislador es que a través de justos dictámenes el
infractor resarciera a la victima de los daños que su acción ilegal había
acarreado.
La
primera aplicación la encontramos en la controvertida Ley del talión (recogida
en el Código de Hammurabi) por la cual, si un hecho provocaba el quebranto de un ojo, el causante era
condenado a la pérdida del mismo ojo. Pronto se dieron cuenta que quitar un ojo
al delincuente no devolvía el globo acular a la víctima, la pena impuesta no
resarcía del daño causado. Únicamente era castigo por acción dolosa.
Las
legislaciones modernas han encontrado un sistema para restablecer, en la medida
de lo posible, el perjuicio aplicando indemnizaciones. Al tiempo que instaura
penas para castigar la infracción y disuadir a los trasgresores.
El
sistema chirría imperfecciones por todos sus poros, pero de momento nuestras
mentes privilegiadas no han encontrado nada mejor. Lo que si se han esmerado en
buscar los caciques que gobiernan es la formula por la cual los delitos no
alcancen sine die al trasgresor, no vaya a ser que el nacimiento culposo de
determinadas fortunas pueda ser juzgado y acabe dando lugar a juzgar a algún magnate
cuando se descubra el origen infame de la riqueza.
Con
esta fórmula acaba de nacer la prescripción de los delitos, algo que nunca
afecta a los raterillos, solo es aplicable a los Rato, Fabra, Botín,
Corporaciones farmacéuticas y demás nobleza.
Utilizando
una norma tan simple la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la sentencia
por la que se había condenado a las farmacéuticas por los daños permanentes
que ocasionó el empleo de la Talidomida.
Nunca
he llegado a entender muy bien lo de la prescripción delictiva. A ver si nos
entendemos. Si se roba y en un determinado periodo de tiempo no se juzga
¿quiere esto decir que el robo no ha existido? ¿El dinero vuelve a aparecer en
la caja?
No
amiguitos, esto quiere decir que, o el
chorizo es muy listo, o tiene un compinche en el juzgado, el cual retrasa la
resolución del expediente hasta que suena la campana y se acaba la acción de la
justicia. El delito existe, lo que desaparece es el culpable. En realidad no
desparece, se pasea tan campante por las calles porque la legislación se lo
tolera.
¿Han
recuperado las personas afectadas por el fármaco una vida sin mermas físicas?
NO.
De
repente a estas personas ¿Les han aparecido brazos y piernas nuevas? NO. Todo
lo contrario; siguen con sus cuerpos castigados por la utilización de un
medicamento mal diseñado y mal testado.
La
farmacéutica alemana cometió un delito gravísimo contra la salud pública y la
Audiencia Provincial de Madrid dice que las víctimas tenían que haber
denunciado antes que ahora ya es tarde. ¿Han sido resarcidos del daño? NO. Se
les ha culpado de falta de diligencia procesal.
No
tenemos noticias de que el colectivo
Abogados Cristianos haya reaccionado ante tamaño desatino con la misma presteza
que lo ha hecho para advertir/amedrantar al servicio de pediatría del CHUS (Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago) sobre las actuaciones legales que llevará a
cabo, en caso que los médicos atiendan al dictamen del comité de Bioética y la
sugerencia judicial de dejar de alimentar artificialmente a Andrea, permitiendo
a la niña abandonar apaciblemente el sufrimiento que le ha tocado vivir.
Suponemos
que Abogados Cristianos estará a
disposición de AVITE (Asociación de Víctimas de la Talidomida de España) para colaborar
en la presentación del correspondiente recurso ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, aunque nos tememos que será mucho suponer. Lamentablemente la
experiencia nos dice que las asociaciones que se apellidan cristianas
acostumbran a posicionarse a favor de los más pudientes en defensa de intereses
económicos que favorezcan a sus creencias.
El
dolor de los padres, el sufrimiento de una niña sin esperanza y la caritativa
ayuda que la ciencia puede aportar para paliar el padecimiento les importa un
pimiento.
¡Si
dios te dice que sufras, sufres que para eso es el que manda!
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