Vayamos por partes: España tiene sin resolver muchos y graves problemas de configuración territorial, administrativa, económica, social, política y jurídica, consecuencia sin lugar a dudas de su desarrollo como entidad nacional.
Los equilibrios para poder convivir los diferentes territorios, culturas, sociedades, costumbres y entidades han sido siempre complejos y nada fáciles
Los señores del lugar ejercían su influencia como dueños de las tierras, vidas y haciendas que usaban como propias. Mientras pudieran dar rienda suelta a sus desmanes y el mínimo deseo se viera satisfecho poco importaba la ordenación del país, el derecho de las personas o el bienestar de la gente.
La llegada del primer Borbón al trono de España no sirvió para solucionar los problemas. Es más, de inmediato comenzaron a gestarse rebeldías nacionalistas de territorios que durante siglos habían mantenido un difícil equilibrio en sus relaciones con la Corte Central.
La impuesta unidad no llevaba necesariamente acoplada la sumisión a unos principios inamovibles de actuación. El centralismo no es garantía de justicia o equidad y por otra parte los componentes diferenciadores no deben ser tratados como folclore para visitantes.
Si a esas discrepancias le sumamos la idiocia del borbónico monarca, sus desequilibrios psiquiátricos, su tendencia a sufrir estados depresivos y sobre todo el poder absoluto ejercido por un paranoico que se creía una rana, es fácil entender el motivo por el cual la dinastía francesa desembarcó en España a bordo de un bajel cargado de humillación hacia los nativos, de injusticias con los humildes y de desprecio a las costumbres.
El Borbón derogó los acuerdos que habían mantenido el difícil equilibrio entre los diferentes reinos y vació de contenido los derechos forales de los territorios.
Felipe V intentó trasladar a Madrid lo que su abuelo imponía en París. Grandísimo error que hoy seguimos padeciendo. Aquellos barros nos traen una buena parte de los presentes lodos.
En Francia hace tiempo que se libraron de la opresión de los Borbones. Aquí seguimos soportando su presencia aunque sepamos que la monarquía es la imposición caprichosa de un genocida golpista.
La capacidad de sumisión del nativo hispánico es legendaria, las novelas de aventuras nos relatan las gestas de héroes patrios, humildes y sacrificados. Lo que no nos cuentan es lo harto que están los españoles de sus próceres y gobernantes, de sus obispos y curas, de sus generales y jueces. Por supuesto ocultan lo mucho que el pueblo tolera de esa chusma.
Los generales se levantan en armas contra la población y la mata usando las armas que la plebe financia. Orondos obispos y curas - alimentados con las dádivas del vulgo - bendicen el genocidio que los uniformados cometen. Los próceres recaudan dinero esquilmando a los trabajadores para financiar la masacre y los jueces nombrados para impartir justicia aplican las leyes en función de sus simpatías por el imputado ¡En nuestro país el proceso es fácilmente reconocible!
A día de hoy resultan inaceptables algunos comportamientos de servidores públicos, la desfachatez de renombrados políticos, la impunidad de miembros de altas instituciones y por encima de todo, no son de recibo determinadas decisiones judiciales.
Sin la complicidad de los magistrados sería impensable el abuso de comportamientos a los que hemos asistido y seguimos soportando.
Revertir el daño ocasionado tendría que ser (y de hecho es) el móvil principal de la justicia. En cambio hemos comprobado que tanto la Hacienda Pública como la Fiscalía han permanecido convenientemente quietas para dar tiempo al defraudador - oportunamente avisado - de las actuaciones que podrían incriminarle. Juan Carlos de Borbón ha llevado a cabo regularizaciones con el fisco que explicitan un claro reconocimiento de su conducta irregular.
Las últimas noticias conocidas es que el fraude no es colofón. Otras actividades, rayanas en la inmoralidad, aparecen como posibles causas de la escandalosa fortuna de un arribista. Las francachelas con conocidos traficantes de armas, parece que tienen más recorrido que unas noches de alcohol y sexo. Se sospecha que hubo engorde de cuentas corrientes reales.
Mientras tanto los jueces y magistrados silban mirando para otro lado. Deben estar esperando órdenes y claro como sus órganos de Gobierno están caducados, no saben a qué carta quedarse.
El CGPJ en funciones ahora se plantea una solución al bloqueo institucional que padece: La dimisión de sus miembros.
Esa grandiosa idea les pasa por la cabeza cuando llevan más de dos años en funciones, con su mandato caducado. En esa situación de interinidad se han atrevido a nombrar/renovar ocupantes de las principales salas jurídicas del país por periodos de larga duración. El tonto de mi pueblo había dado con la solución mientras se sorbía los mocos sin necesidad de hacer la difícil oposición a juez.
Los magistrados españoles van a necesitar que Europa les diga – otra vez más – que la justicia española dista mucho de ser justicia y que no está bien encanallar a un país por la puerta de atrás.
Tribunal Supremo y Constitucional han sido corregidos en varias ocasiones por Estrasburgo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no parece que ello inmute a sus letradas señorías.
La última ocurrencia de un tribunal caduco y caducado ha sido declarar INCONSTITUCIONAL el confinamiento del Estado de Alarma. Por seis votos a cinco. Lo pedía la derecha beligerante contra el Gobierno legal y naturalmente los miembros conservadores del Tribunal Constitucional se han apresurado a acatar las directivas de sus amos. En la vida política española siguen chupando cámara actores secundarios que nadie ha votado.
Esa y no otra es la democracia plena que disfrutamos ¡Lo que las urnas no dan los jueces lo prestan!
