Hemos
conocido una serie de medidas legislativas que el nuevo Gobierno quiere llevar
al Congreso para aprobarlas con la mayor
celeridad. Todas ellas están impregnadas de un destacado componente
reivindicativo de avances sociales.
Hace
tiempo que los partidos de progreso se vienen planteando la necesidad de
introducir una reforma en el Código Penal para penalizar la apología del
franquismo. Sería un paso ineludible para cerrar una de las muchas deficiencias
que quedaron inconclusas tras la “modélica” Transición.
Calificar
como delito la exaltación del franquismo es una deuda que debe de ser saldada de una vez por todas.
La medida llega con varias décadas de retraso y con toda seguridad contará con
la dura oposición de los residuos fascistas que ensombrecen nuestra
convivencia. Sin olvidar a los militares franquistas que aún pululan por las
fuerzas armadas. A estos gérmenes purulentos del pasado dictatorial les pondrá voz
el grupo político de “homínidos nostálgicos en vías de desarrollo”; el PPOX. En
sus dos vertientes, la que trata de reclutar simpatizantes visitando acuartelamientos
e instalaciones militares y la que destila soberbia mirando con desdén a los
plebeyos.
Se
rumorea que el simulacro de “Rambo” de la ultra-ultra derecha está realizando una
turné para conseguir el favor y la simpatía del gremio uniformado y de paso
aprovecha para pegar unos tiritos. Si no
consigue grandes resultados, siempre podrá consolarse con el olor a rancio que
respirará en algunos despachos de la milicia. Aunque parezca mentira, muchos de
ellos todavía no han sido aireados por los
vientecillos de democracia que han soplado durante los últimos 40 años.
Estas
iniciativas que van a ser debatidas emanan de una extraordinaria demanda social
y van acompañadas de una enorme sensación de necesidad para ponerlas en vigor. Su
aprobación parece tan necesaria como justa,
pero es seguro que van a chocar contra el muro que levanten las derechitas
cobardes al compás que marque la “derechona de los machotes”.
Las
cobardes y la otra no estarán solas, una
suerte de cofradías del desprecio acompañaran las exigencias de la rutina
conservadora y empujarán con fuerza para que el Gobierno sienta el acoso al que
va a ser sometido. Todas las propuestas
gubernamentales serán cuestionadas por alguno de los diferentes grupos fácticos
que manipulan a este país.
Previo
a la reforma del Código Penal el ejecutivo ha servido como aperitivo la
aprobación de la ley de eutanasia. La nueva normativa ha sido presentada para
comenzar su tramitación, ¡y qué tramitación!
Hace
tiempo que la implantación de una ley que ayude a morir dignamente es una
urgente necesidad. Ayudar a transitar
desde la vida a la muerte ha sido largamente demandado por una amplia mayoría
social. Carentes de argumentos las formaciones políticas discrepantes han
protagonizado un lamentable esperpento parlamentario.
El
portavoz designado por el PP para defender la negativa de su formación a la
tramitación de la ley es digno de estudio en los tratados de sociología
patológica.
El
individuo – del que voy a omitir su nombre – calificó la iniciativa como
recorte en sanidad enmascarado de medida social. Parafraseando a un compañero
de su propio partido podíamos decir: ¡Manda güevos! El diputado conservador
considera que legislar para favorecer la eliminación del sufrimiento es
fomentar la eliminación de enfermos y mayores.
El
interfecto insinuaba un trasfondo económico en la medida y así hacía hincapié
en el ahorro que se va a producir cuando una persona decida libre, manifiesta y
voluntariamente poner fin a la permanencia en su ciclo vital.
Resulta
que ahora - para oponerse a la ley – el PPOX defiende la aplicación de cuidados
paliativos ¡Sí! Ahora utilizan como argumento la técnica sanitaria que antes
les sirvió para que unos malnacidos, amparados por una sinvergüenza, acusaran de
400 homicidios al fallecido doctor Montes y su equipo. Los acusados fueron
absueltos de los cargos por la Audiencia Nacional, aunque previamente hubieron
de soportar un verdadero calvario y un feroz acoso judicial y mediático. El
reconocimiento judicial de su inocencia no palió los sufrimientos padecidos, ni
siquiera las penas y sanciones que le
fueron impuestas a desaprensivos como Miguel Ángel Rodríguez por un delito de
injurias a Luis Montes. Poco consuelo para tanto dolor gratuito cuando el
consejero Lamela y su jefa Esperanza Aguirre - auténticos responsables de la
persecución – siguieron con su plácida vida.
El
sector de poder o grupo fáctico denominado Iglesia Católica, Apostólica y
Romana es el principal escollo que la humanidad se encuentra para abandonar
dignamente su estado terrenal. Los Obispos siguen empeñados en otorgarnos el
perdón a través del martirio. Cada cual que piense y obre como quiera, lo único que queda claro es que los
primados religiosos son capaces de cualquier cosa para mantener la absurda idea
de conceder a un ser de su imaginario la propiedad sobre nuestra existencia.
Aparte
de la oposición política parlamentaria el Gobierno de coalición deberá lidiar
con el fanatismo de militares rancios de casposo abolengo y obispos facciosos con
olor a naftalina. No tardaremos mucho en ver unidos a unos y otros con el único
y verdadero poder; ese que cambia gobiernos, nombra reyes y alza dictaduras: el
dinero.
Los
financieros estudiarán cuidadosamente sus opciones y si los militares tienen
fuerza y los obispos lo bendicen sobrará dinero para derribar al Gobierno.
