Nos convencieron de que había que esconder las taras bajo un barniz de necesidad: las cosas se hicieron de la mejor manera que permitían las circunstancias.
“Las circunstancias” ¡Esas desconocidas! Debían de ser unas hermanastras malvadas que obligaron a los señores franquistas a exigir el mantenimiento de privilegios. Por lo visto también susurraron a los “singulares” Felipe González y Santiago Carrillo que traicionaran las aspiraciones de una población maltratada durante cuatro décadas. Nos cuentan que soportaron la amenaza de volver a “las cosas como dios manda”. ¡Ay la iglesia católica cuanto sabe de eso!
Según los defensores de la “Modélica” el chantaje era de tal calibre que no cabía más solución que pasar página y aceptar las condiciones de la rendición o arriesgarse a una involución de consecuencias catastróficas.
¡Si, de la rendición! ¿Cómo sino debe de llamarse a la ley de punto final (amnistía) que envió al limbo de la impunidad a los múltiples crímenes cometidos durante la dictadura?
Queda bastante aclarado que el caminar hacia la democracia fue un proceso vigilado por fuerzas reaccionarias afines al Movimiento Nacional ¿Podemos llamar a eso imposición fascista o lo seguimos llamando reconciliación y concordia?
En países hermanos hemos visto que el tránsito desde regímenes culpables de crímenes de lesa humanidad a una concordia nacional se hace tras la condena de los genocidas ¡Con leyes, juicios y condenas! En España fueron cubiertos con un tupido velo los delitos y los delincuentes.
El primer delito impune y no juzgado fue el levantamiento militar contra el Estado legal y soberano.
En España no ha tenido lugar un macro proceso que permita condenar con contundencia la insurrección cometida por servidores del Estado que juraron lealtad, por políticos sin escrúpulos que traicionaron al Estado, por el capital que sufragó el levantamiento y por la Iglesia que bendijo las atrocidades otorgando a la guerra el calificativo de cruzada de liberación.
Gracias a este tipo de desmanes es por lo que algunos - manipuladores de la historia y falaces comunicadores – venden, en las casquerías de la ignominia, la necesidad del pronunciamiento castrense y la equiparación de bandos en conflicto.
A ver si nos enteramos de una vez: había un Estado legítimo, un Gobierno legal y una sociedad que mayoritariamente anhelaba avanzar. En frente se puso la rancia clase caciquil, el endémico feudalismo económico, el patético vodevil eclesiástico y como argamasa intervinieron algunos acomplejados generales de un ejército concebido para represaliar a la mísera población civil.
Después de caminar durante cuarenta años por una pantomima de democracia nos estamos dando de bruces con la cruda realidad: las tremendas deficiencias con las que fue concebida la débil criatura democrática.
España sigue sin solventar centenares de tropelías y abusos cometidos bajo el yugo del dictador: asesinatos, torturas, robos, expolios, fosas en las cunetas, miles de desaparecidos enterrados en cualquier lugar. Demasiadas injusticias por solucionar.
Continúa siendo imprescindible acometer un proceso que juzgue la asonada militar que nos llevó a una cruel guerra para continuar con cuarenta años de oscuridad.
Iniciando ese proceso se acabarían las peregrinas teorías de los dos bandos, la apología del franquismo sería declarada delito y los partidos que vociferan su ideología de odio podrían ser expulsados del sistema tal y como se está haciendo en Alemania o Polonia.
Las reiteradas amenazas a los adversarios políticos, la apología del fascismo genocida, la utilización de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de forma partidista, la manipulación y tergiversación informativa para adulterar la verdad deben de ser condenados con contundencia para que episodios como los que hemos vivido repetidamente dejen de producirse o sean convenientemente sancionados por una autoridad judicial imparcial y dotada con las herramientas adecuadas.
Hasta que no llegue ese momento seguiremos con pronunciamientos políticos de altos cargos militares en situación de retiro y activo mientras la ministra Robles mira a las avutardas.
Se continuará cuestionando las decisiones del ministro Marlaska por no haber sabido ejercer su autoridad en tiempo y forma adecuada. Para cesar a un mando de responsabilidad de la Guardia Civil o de la Policía nacional únicamente tiene que alegar pérdida de confianza; sin más explicaciones. Cualquier otro tipo de argumento es dar pábulo a la intervención de un juez con ganas de protagonismo que alargue el proceso de cese del mando cuestionado.
Y mientras la legislación no se muestre contundente con la apología del fascismo y del franquismo tendremos a la cavernícola ultraderecha alardeando de matonismo. Todo ello al compás de los coros mediáticos y las danzas de bastantes ignorantes con indeseables aspiraciones de supremacía de clase, de raza, de género, de religión o vaya usted a saber de qué.
Sus acólitos en realidad se esconden tras un caparazón de miedo irrefrenable al diferente, temerosos de perder lo que no tienen, pobres diablos que sueñan con la gloria inalcanzable de los poderosos en espera de ser recompensados con la migajas que sobren del banquete.
Las manifestaciones posteriores de responsables del PP (Ayuso, Almeida…), del candidato de Ciudadanos, marcando equidistancia entre los amenazantes y los amenazados reafirman la necesidad de una revisión legislativa que acabe con la tibieza.
Aunque lo que provoca estupor es el tiempo que tardaron en reaccionar Ángel Gabilondo y Mónica García ¿Tanta importancia tiene permanecer unos minutos más en antena?
