Vivimos en un mundo heterogéneo, diverso, múltiple a la par que complejo. Sí, así es el mundo que habitamos, las diferentes sensibilidades sociales se manifiestan en función de la personal interpretación que hacen de los acontecimientos.
Recientemente, muy recientemente, ha fallecido Isabel II reina del Reino Unido e Irlanda del Norte, de Australia, Nueva Zelanda, Sierra Leona, Trinidad y Tobago, Nueva Papua… y muchos sitios más. En realidad lo que ha sucedido es que ha fallecido una nonagenaria cuya trascendencia política se acerca mucho al cero absoluto y que durante más de setenta años ha figurado como cabeza visible de un imperio.
En 1649, su antepasado Carlos I intentó con todas sus fuerzas resistirse a los cambios de los aires políticos que recorrían sus reinos. Un individuo convencido que su poder emanaba directamente de dios, se atrevió a desafiar al Parlamento.
El contrapunto lo encontró en Oliver Cromwell que sin grandes alharacas, después de derrotar a las tropas reales, le hizo juzgar, condenar y ejecutar. Carlos I fue decapitado al ser declarado culpable de alta traición al pueblo inglés.
El fracaso de la intentona absolutista de Carlos I provocó una respuesta social que impidió el retorno de Inglaterra y Escocia a las superadas profundidades del sistema feudal.
A raíz de la ejecución de Carlos, el resto de los monarcas británicos han transitado con pies de plomo sobre la alfombra política de sus reinos.
Tardaría unos 140 años en tener lugar la Revolución Francesa. “Libertad, Igualdad y fraternidad” no se disfrutaban en Inglaterra pero al menos el absolutismo real había sido abolido un siglo antes.
Otra de las potencias de la época cercenó sus aspiraciones de socializar el poder al grito de ¡Vivan las cadenas!
Fernando VII “El Felón”, incumplió todos y cada uno de los compromisos adquiridos para recuperar el trono de España, entre ellos el de respetar y cumplir la Constitución promulgada por las Cortes de Cádiz. El feudal comportamiento del Borbón se vio apoyado por la nobleza, milicia, burguesía y clero que, sin grandes esfuerzos consiguieron castrar el intento de modernización del caduco imperio hispánico.
La traición de Fernando VII no generó en España una respuesta similar a la que se produjo en Inglaterra. No se separó del cuerpo a ninguna cabeza regia. Muy al contrario, rápidamente fue sofocado con extraordinaria violencia cualquier indicio de disidencia. El feudalismo real seguía instaurado en España. Las consecuencias las seguimos sufriendo.
Fernando VII modificó la ley a su antojo para que fuera su hija Isabel quién le sucediera en el trono. El Borbón – siempre pendiente del “bienestar” de sus súbditos – propició una serie de cruentas guerras civiles. Mejor dicho: auspició el enfrentamiento de grupos de poder alentados por intereses borbónicos. El pueblo era carne para el matadero.
Entre los sucesores de Fernando VII se encuentra su hija Isabel. Una reina corrupta, esclavista y ninfómana (esto último carecería de importancia si no fuera porque ella era la depositaria de la legitimidad dinástica y lo legal era el producto bendecido sacramentalmente, no el concebido con el chambelán dispuesto a montar a la reina).
Tras ella, la regente Cristina mantiene el negocio de esclavos de la familia Borbón. El porno consumidor Alfonso XIII, una vez rey, nos regala la dictadura de Primo de Rivera por deseo personal.
Otro dictador, Francisco Franco, decidió nombrar a su sustituto buscando en la rama española de familia Borbón. Habrá que empezar a preguntarse cuando oigamos ¡Viva el rey! ¡Viva España! Que conexión tiene la familia Borbón con los dictadores militares.
Una de las últimas apariciones oficiales de Felipe VI ha sido el inicio del curso judicial ¡Qué papelón!
Imperturbable, el monarca escuchó la intervención del Presidente del CGPJ y Tribunal Supremo (Carlos Lesmes), afeando políticamente la intromisión de los políticos en las cuestiones jurídicas. Lesmes incluso amenazó con depositarse en el contenedor de residuos caducados y dimitir después de casi cuatro años de estar pasado de fecha. A los yogures no les damos tanto margen, deben de parecernos más peligrosos que una judicatura al margen de las normas constitucionales.
Naturalmente los vocales conservadores del CGPJ cerraron filas y acordaron que, todos a una, iban a bloquear las renovaciones si no se hacían en el sentido que ellos propugnaban.
Esteban González Pons –uno de los recuperados tras el aterrizaje del “moderado” Feijoó – se despacha con una carta en la que después de repetir que está dispuestos a dialogar, recuerda que hay que modificar el modelo de elección por lo que no van a admitir una mayoría progresista en el TC y CGPJ. Curiosa vara de medir, mayoría progresista no, de derechas manipulable a su antojo “por la puerta de atrás” y como dios manda ¡Si!
Probablemente la elección de los órganos directores del Poder Judicial sean considerablemente mejorables, ¡Seguro!
Ahora bien, recordemos que el Artículo 1.2 de la Constitución española establece:
“La soberanía nacional reside en el pueblo
español del que emanan los poderes del Estado”
La soberanía nacional corresponde al pueblo español, es
decir, todos los ciudadanos son titulares del poder público y de él derivan los
poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
La
Constitución deja negro sobre blanco que NO, que el poder judicial NO está al
margen de la soberanía nacional. No son los jueces quienes deban elegir a sus
órganos superiores, salvo que los propios jueces se sometan al plebiscito
popular ¡Soberanía nacional!
Y ya que
estamos en la soberanía nacional, ¿Para cuándo vamos a dejar la pregunta acerca
de la Jefatura del Estado? Si la hacemos pronto quizás consigamos que nadie
tenga inviolabilidad para cometer desmanes e inmunidad para burlarse de la
justicia.
