Asistir a la catarsis nacional-madrileña de Isabel Díaz Ayuso con motivo de la celebración del 2 de mayo debería llevarnos a recapacitar sobre el desarrollo intelectual de los dirigentes de este país. Está en juego nuestro futuro como comunidad avanzada en derechos y libertades.
El discurso de la presidenta plantea serias dudas acerca de su capacidad para la política y le abre de par en par las puertas como humorista. Claro que tendremos que tener en cuenta que está recién escudillada y probablemente aún no sepa caminar solita.
Es más que probable que su patriótica soflama fuera alumbrada por Miguel Ángel Rodríguez. Tenemos que agradecer que durante el parto del discurso el asesor procurara no embestir contra los vehículos aparcados a ambos lados del paseo de la Castellana.
La iluminada Isabel nos trasladó dos milenios atrás para enraizar la españolidad en las profundidades de un cristianismo naciente, ¡Nacional Catolicismo a la madrileña!
Da mucha pereza volver a insistir sobre el respeto a las diferentes identidades que conviven en el Estado que hoy llamamos España. Deberían darse por sabidos los conceptos básicos de nuestra difícil convivencia nacional y de paso, dejar de manosear la historia.
MAR tiene claro su objetivo, como fulero de la política sabe muy bien lo que persigue: desviar la atención de lo importante y que una vez adormilado, el personal se fije en lo excéntrico.
Ese es el motivo por el que Ayuso habla de bajar impuestos en la Comunidad Autónoma de Madrid al tiempo que - para hacer frente a los pagos - solicita aportaciones económicas del Gobierno Central.
Por lo pronto, se conforman con mil milloncejos de euros destinados a tapar los agujeros que está dejando la generosidad de la “nena” al abaratar la fiscalidad de las rentas pudientes.
Ahora ¿Cómo cuadrar las cuentas? Pues hay un par de sencillas fórmulas que el PP lleva utilizando desde que colocó sus posaderas en la Puerta del Sol: eliminando prestaciones de servicios públicos como sanidad y enseñanza, o pedir al Gobierno de España que suelte la guita que la Comunidad necesita para dar servicios básicos y que no puede atender por falta de previsión financiera.
El limosneo lo ejercita mientras despide sanitarios y docentes, grita algún ¡Viva el Rey!, se atribuye el descenso de las cifras de paro y presume de un record que no le pertenece: el de contrataciones indefinidas con incremento de cotizantes a la Seguridad Social. Todo ello lo hace sin dejar de despotricar contra el gobierno Central e insultar a los disidentes.
Ese es el mensaje simple y efectivo que cala entre los votantes que han encumbrado a la comunity manager de un chucho a la presidencia de la comunidad autónoma madrileña.
En estos momentos Ayuso galopa desbocada. La pandemia, Ucrania, Rusia, el gas y el petróleo, los conflictivos acuerdos con Marruecos y para colmo el asunto “Pegasus” tienen al Gobierno de P. Sánchez paralizado.
Pensaba Pedro Sánchez en un plácido periodo transitando hacía el momento de culminar la legislatura y convocar elecciones. Una vez aprobados los presupuestos del 2022, no imaginaba otros sobresaltos que las lógicas discrepancias de un Gobierno de coalición. Dichas contrariedades se irían atenuando con el paso del tiempo. Cuando se acercara el final menos necesario serían los incómodos socios y eso haría más llevadero el amargo transcurrir de la legislatura.
Pero, hete aquí que en un país tan viejo cualquier desavenencia se convierte en achaque. Algunos de esos males se han convertido en crónicos. Por cierto, no son de ayer, vienen de lejos, de muy lejos.
No vamos a pecar de ingenuos, todos los Estados, todos, tienen su correspondiente ración de cloacas. En los países avanzados – la mugre - lleva implícito la asunción de responsabilidad cuando te pillan saltándote las normas. En España han vuelto a saltar las alcantarillas de la inmundicia. De momento – como casi siempre - sin consecuencias.
En su intervención en el Congreso, la ministra Margarita Robles – responsable de los servicios de espionaje de este país (CNI) – formuló unas inocentes preguntas sobre qué debería hacer una nación para protegerse de los separatismos rupturistas, del terrorismo, o del vandalismo institucional.
En su condición de reputada jurista la actual Ministra de Defensa tendría que tener la respuesta: aplicar la ley.
Es inverosímil que no recuerde como acabó su predecesor en la Secretaria de Estado de Interior (Rafael Vera) en el Gobierno de Felipe González, por el uso inadecuado de fondos reservados y la aparición del GAL. Toda una ministra de Defensa tendría que ser más cuidadosa y mirar con mayor escrúpulo la legalidad de las actuaciones del Estado.
La alharaca organizada por la derecha política y mediática tratando de opacar la dimensión del problema, no debería ser suficiente para ocultarlo. La directora del CNI ya debería haber sido cesada y con ella todos los ejecutores de los espionajes y sus mandos directos.
Más aún, si los responsables políticos desconocían las actuaciones del CNI y si los órganos judiciales permiten espionajes sin control y sin ningún tipo de sustento legal, nos encontramos ante una lamentable dejación de funciones de los estamentos del Estado.
Y si en general, la sociedad admite actuaciones descontroladas de sujetos que utilizan las herramientas del Estado para medrar contra las instituciones, España tiene un grave problema de supervivencia como democracia creíble.
Problema que, por supuesto, no van a poder ocultar bajo el ruido mediático de cuatro comunicadores serviles bien pagados.
¿Con qué finalidad somos vigilados los ciudadanos españoles? ¿Quién o quienes han organizado la vigilancia? ¿Estamos dispuestos a asumir la pérdida de libertad e intimidad personal? ¿Por qué no ha cesado Pedro Sánchez a Margarita Robles?
¿Alguien duda que sea imprescindible abrir un proceso constituyente que regenere el régimen de 1978?
