La alcurnia dinástica de los Austria-Habsburgo terminó como era de esperar
después de múltiples “encamamientos” entre familiares muy allegados. El
resultado de los bodorrios entre primos carnales causó tal deterioro genético
que cuando se dieron cuenta sus hijos
eran monstruitos abyectos, torpes, enfermos y estériles.
La esterilidad dejó vacante la
poltrona real española; para ocuparla hubo bronca familiar entre los parientes
cercanos de otros reinos europeos. Había que decidir quién se “apropiaba” del
pueblo de ahí abajo.
La ruleta de la fortuna señaló a
un Borbón que casualmente pasaba por allí y que no tenía nada mejor que hacer.
Para ocupar la silla utilizó una guerra civil y de paso eliminó algunos nobles
opositores.
Los descendientes de Felipe V aprendieron
la lección y cada vez que las cosas se ponían feas para los intereses de la
familia organizaban un enfrentamiento entre españoles. Esa es su forma de
recordar la llegada al trono de España del
primero de su linaje.
El caso es que- guerra civil va,
guerra civil viene- llegamos hasta nuestros días. Siempre marcados por el
estigma de liarnos a mamporros entre nosotros en defensa de unos supuestos
derechos dinásticos de unos señores de fuera.
En realidad los enfrentamientos
denominados guerras civiles siempre han sido orquestados por grupos de presión
de la nobleza de sangre y la financiera, ambas apoyadas por el brazo militar armado. La última confrontación muestra blanco sobre
negro que para los amos de la finca los paletos españoles únicamente son útiles
como carne de cañón. Como mano de obra servil y barata.
Creíamos que tras la
“transacción” de 1978 habíamos entrado en la democracia alcanzando la categoría
de ciudadanos y abandonado la condición de súbditos, ¡Ilusos! ¡Qué poco han cambiado las cosas!
Nos dimos de bruces con la
realidad, habíamos padecido una guerra, un genocidio, un exterminio por orden
de un chacal y estábamos en el punto de partida. En la Jefatura del Estado
volvía a sentarse un Borbón por obra, gracia y deseo de un genocida asesino.
Las hordas franquistas se
resistieron a abandonar el poder y por lo que parece consiguieron permanecer en
él. Disfrazados de demócratas de toda la vida siguieron ocupando los puestos de
decisión que nunca han abandonado.
Durante un largo periodo
acompañado de músicas militares nos fueron convenciendo de la necesidad de
haber hecho la “modélica Transición” tal como se hizo. El mensaje consistía en
predicar que era esa la fórmula idónea si no queríamos acabar en un conflicto
provocado por los uniformados.
El aderezo del menú fue una
adecuada ley de “punto final” disimulada como ley de amnistía política. Con ella
se blindó a los genocidas, a los torturadores y a los colaboradores del genocidio
protegiéndoles de la posible actuación de los tribunales para juzgar crímenes
que no prescriben porque son delitos de
lesa humanidad.
Cuarenta años después nos hemos
dado cuenta que todo se hizo siguiendo un cuidadoso plan trazado desde los
oscuros poderes facticos que han gobernado este país. El lobby eclesiástico
católico no ha perdido ninguna de las prebendas otorgadas por el dictador sino
que las ha visto generosamente incrementadas a través de acuerdos de
financiación y exenciones fiscales. La enseñanza reposa en sus cristianas manos
y en ellas descansan los cimientos del mayor expolio inmobiliario cometido
contra el Patrimonio Nacional. Todo ello con el beneplácito de gobiernos elegidos en procesos
aproximadamente democráticos.
Por otra parte las grandes
familias del Régimen conservaron todas sus posesiones y privilegios sin que
nunca se cuestionara como fueron adquiridos.
Políticamente todo quedó atado
con férreo nudo a la muerte del dictador, una prueba concluyente de esta
aseveración nos la proporcionó el PSOE votando en el Congreso de Diputados al
lado de los herederos del franquismo y en contra de una proposición para la
reforma de la ley de amnistía de 1977 ¿Por qué se niegan los socialistas a que
sean investigados crímenes cometidos durante la dictadura? ¿Qué ocultan? ¿A
quién protegen?
Las resoluciones de la ONU han
instado en repetidas ocasiones al Estado español a eliminar la ley de 1977 porque
es una ley que perdona crímenes que no
prescriben cometidos durante los 36 años
de franquismo.
Con estos antecedentes el Partido
socialista ha dado muestras de su carencia de empatía con la izquierda española
represaliada. Si piensan que con la iniciativa de la ley de la memoria
histórica han cumplido con su deber de reparación hacia las victimas de Franco,
sería conveniente que pasaran por la butaca del psiquiatra para que mediante
algún tratamiento les devuelva algún poso de cordura y algún atisbo de dignidad.
