Caminar con pies de plomo

La utilización de la violencia es patrimonio de los Estados, así se razona el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. De esta forma los excesos quedan escudados tras una cortina que arguye como finalidad el mantenimiento del orden institucional.

Esta teoría es aplicada por los gobiernos cuando se trata de explicar una actuación desproporcionada. Si la Guardia Civil utiliza material antidisturbios para impedir que unos  inmigrantes alcancen la playa y la operación da como resultado 15 muertos, no faltará una jueza que califique la actuación de los guardias de proporcionada, aunque tenga que hacer juegos malabares para conseguir  encuadrarla en el marco defensivo de la  “integridad territorial hispánica  acechada por peligrosos invasores”.

Si el cuerpo policial que provoca una masacre interviniendo en la disolución de una manifestación pertenece a un país del entorno amigo, el resultado estará justificado por la peligrosa deriva que tenían los subversivos manifestantes radicales.

Por el contrario cuando el gobierno del país en cuestión parece inadecuado o adverso - Venezuela - el uso que desde el poder se haga de la fuerza será puesto  en entredicho. De esta manera tan sencilla serán otorgados los privilegios de la violencia a los opositores. Es decir tendrán  consideración legal para violentar.

Aquí nos encontramos con  aquello de… “Todo es según el color del cristal con que se mira”.

Si un país -  España por ejemplo - colabora en la destrucción de otro – Irak – las secuelas (más de 150.000 muertos directos y cerca de 3.500.000 de desplazados) se justificarán  achacándolas al resultado de una guerra justa, a los daños colaterales y a las pérdidas accidentales.

Se han intentado muchas definiciones de guerra y la verdad sea dicha no son necesarias tantas.

“La guerra es la imposición de la voluntad de un competidor sobre la del adversario por medio de la fuerza”.

Sin cortapisas, sin tasas, sin reparar en efectos. A más resistencia mayor presión y con ella mayor dosis de violencia. No existen las normas ni las leyes de la guerra, es falso. El ganador, o sea el fuerte, juzgará al perdedor según su criterio y el derrotado recibirá el castigo por sus crímenes. Los crímenes del vencedor serán atribuidos a la necesidad de usar métodos  adecuados  al éxito.

La Segunda Guerra Mundial acabó con la mayor demostración de barbarie nunca cometida por un Estado. La consecuencia fue que Estados Unidos  (el ejecutor de la crueldad) se erigió en defensor de los derechos de la humanidad tras la masacre. Cabe preguntarse ¿De qué humanidad? Naturalmente de aquella que era afín a los intereses del amo del mundo. Los países discrepantes fueron expulsados del paraíso y estrujados hasta la extenuación o arrastrados hasta la rendición incondicional.

Siempre todo justificado por “El restablecimiento del Orden Mundial” que no es gratis y requiere de cuantiosos sacrificios.

El concepto de guerra se vincula al uso de la violencia extrema para alcanzar objetivos que los litigantes esgrimen  como justos. El desenlace suele coincidir con los deseos del más fuerte que, generalmente es quién alcanza a ganar la contienda. Justicia y fuerza acaban mezcladas en una extraña amalgama diseñada por el vencedor.  

Al  finalizar el conflicto aparecen las víctimas en forma de millones de desplazados, parias y damnificados.

A veces, estos proscritos  se rebelan  contra su destino empujando a otros miserables a una condena similar a la suya. En ese momento se inicia  una especie de reparto de la desdicha, que al tener visos de descontrolarse resulta de todo punto inaceptable para el fortalecido ganador.

El poderoso adoptará un papel de arbitrio repartiendo caridad y migajas. Exigirá resignación a los desdichados. Para que la situación - por injusta que parezca - se acepte será  presentada como la única viable y por consiguiente forzosamente aplicada. Como guinda del pastel la propaganda dirigida irá acompañada de información sesgada y así se cocinarán fobias diversas a fuego lento a través de los medios de información controlados.

Aparecerán racismos dormidos y brotarán clasismos escondidos. Se odiará al diferente por serlo sin reparar en que la diferencia no es real, es solo  de matiz y frecuentemente nos la presentan impostada.

Al disconforme se le llamará anti-sistema, al descontento le denominarán revolucionario; al incrédulo como peligroso y al rebelde le catalogarán de terrorista.  Cuando el verdadero terror haga aparición se habrán quedado sin palabras para nombrarlo y todos aquellos que no sean mansos borregos serán presentados como peligrosos terroristas.    

Con esta pasmosa facilidad serán introducidos en el mismo saco titiriteros, cuenta-chistes, noctámbulos pleiteadores, silbadores de himnos,  abucheadores  borbónicos,  ateos y alguna mujer que defienda sus derechos. Antes todo era ETA ¿Ahora?

Pues ahora todo es defensa de la cultura judeo-cristiana, pero por encima de todas las cosas se protegen las cuentas de resultados de las multinacionales de armamento que suministran a ISIS-DAES-ALCAEDA-YIHADISMOS VARIADOS, mientras se patrocina  a las Agencias y Compañías de seguridad que abarrotan el mundo de medidas para su inútil protección.

Para salir del paso, se “bolardean” medidas  de  demostrada escasa utilidad al tiempo  que conscientemente se ignoran las raíces del problema ¡Es la guerra idiotas, es la  guerra!

Reventando huelgas

No señor, no tiene suerte el titular de Fomento. Iñigo de la Serna tenía todas las papeletas para haber sido el ministro estrella del Gabinete de Rajoy. A su apostura de galán cinematográfico añadía una tenue estela de discreción que le alejaba de los focos de la polémica. Algún atisbo de crítica a su gestión en la alcaldía de Santander empañaba su inmaculado currículo, pero ¿quién no tiene algún pecadillo?

Transitaba el bueno de Iñigo por las placidas aguas de la legislatura cuando  una disposición europea le colocó en una complicada disyuntiva: O negociar con los trabajadores una salida airosa  o imponer por la fuerza las directrices europeas encaminadas a favorecer la privatización empresarial de un sector con pingües beneficios.

Como no podía ser de otra manera se inclina por imponer, lo de consensuar soluciones está en guerra con la cadena genética del titular de Fomento.

Pero mire usted por donde le salen respondones los trabajadores de la estiba y admitieron el órdago del conflicto sin pestañear ni retroceder. Cada día que pasaba las pérdidas se multiplicaban, las multas europeas crecían y las navieras buscaban otros destinos en los que desembarcar sus mercancías.

Los medios de comunicación presionaban como suelen hacerlo: los sindicatos fueron presentados como perversas organizaciones planteadas para dañar a los menesterosos empresarios. Los patrones son las almas puras que comparten sus riquezas con la sociedad proporcionando trabajo a los desagradecidos trabajadores. Siempre me ha llamado la atención la frase “los empresarios DAN trabajo”, puestos a dar sería deseable que dieran salarios y se quedaran con el trabajo, pero ese es tema para otro artículo de opinión.

A través de la prensa afín - la totalidad de la denominada “seria”- se magnifican las pérdidas que ocasiona el conflicto y su responsabilidad  es atribuida exclusivamente a los huelguistas ¿Quién si no va a ser el culpable? Naturalmente los delincuentes son esos desaprensivos que,  mirando mejorar sus condiciones laborales,  se alejan del bien superior que supone alcanzar mayores beneficios empresariales

¡Qué desfachatez! ¡Donde vamos a parar!   ¡Obreritos exigiendo mejoras!

El ministro con pinta de actor balbucea soluciones, pierde “glamour” y también la batalla contra un colectivo que aglutina al 100% de los trabajadores tras el estandarte de sus objetivos sindicales.

Los estibadores no reblaron y consiguieron imponer sus reivindicaciones. Cuando se cerró el problema ningún medio recogió que el colectivo de la estiba había impuesto sus condiciones merced a una férrea unión en sus reclamaciones.

Concluido el asunto parecía que Iñigo podría retomar nuevo impulso pero hete aquí que le sale otro feo grano en el trasero, la huelga de los vigilantes de seguridad del Aeropuerto del Prat.

Demuestra – como casi la totalidad de políticos sentados en la poltrona – que no ha aprendido nada de experiencias anteriores. De la Serna vuelve a intentar las imposiciones, en esta ocasión con ayudas exteriores, o sea, con doping en forma de servicios mínimos y vulneraciones flagrantes del derecho de huelga recogido en la Constitución.

Para asegurar el funcionamiento del Prat el Delegado del Gobierno ha establecido el 90 % de la plantilla como servicios mínimos, es decir tan sólo se le reconoce el derecho de huelga al 10 % de los trabajadores. Cuando de nuevo sea dictada sentencia contraria a los abusivos servicios mínimos marcados habrá acabado el conflicto. Una vez más el Gobierno se habrá reído de la Constitución y aplicado los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, en realidad son las leyes que a una inmensa mayoría de la dirección del  PP le gustaría tener en vigor.

Por si el 90 % no fuera suficiente impone la militarización del servicio y obliga a los miembros de la Guardia Civil a desempeñar las tareas laborales de los trabajadores declarados en huelga legal. Una nueva patada en el trasero de la cacareada concordia  constitucional.

Iñigo de la Serna en esta ocasión respira más tranquilo,  por ahora tiene el problema focalizado en un único sector de Aena y en un sólo aeropuerto.

Tembleques le entran de pensar que se reprodujera la pesadilla de los estibadores y todas las plantillas de seguridad privada de los aeropuertos españoles se unieran en una reivindicación común y al igual que la estiba se mantuvieran firmes en sus demandas de condiciones laborales de trabajadores de un país avanzado y del siglo XXI.    

El bueno de Iñigo necesitaría muchas capas de maquillaje para seguir con su apuesto papel de ministro inútil.

Turismo en entredicho

Desde hace unos meses se vienen utilizando los números de turistas que nos visitan para reforzar la teoría de la mejoría económica. El contrapunto a tanto optimismo lo materializan los precios alcanzados por los pisos de alquiler en las zonas turísticas. De esta forma tan sencilla nos damos de bruces con la cruda realidad: el incremento de precios de las viviendas es soportado por aquellos que necesitan residencia y no pueden pagarla con sus bajos salarios.

En Ibiza las negativas de personal laboral de las administraciones públicas a desplazarse a la isla ya están alcanzando niveles preocupantes.

Para paliar estas secuelas al personal sanitario  se le ha procurado habitación acondicionando un ala en un centro hospitalario. Naturalmente no deja de ser una medida provisional, las medidas definitivas están por llegar. Si llegan. 

Cuando la improvisación es la regla general uno de los inconvenientes que acarrea es la falta de normativa organizadora. El  sector turístico no iba a ser una excepción.

Prácticamente a diario tenemos noticias de las quejas que presentan los habitantes de Barcelona y otras ciudades ante la ocupación indiscriminada de pisos catalogados como turísticos.

La falta de regulación hace que los vecinos que tienen la fatalidad de vivir en las cercanías de estos lugares  padezcan molestias sin límite en su devenir diario.

Espectáculos denigrantes llevados a cabo en la vía pública a cualquier hora del día o noche, suciedad por doquier, orines, defecaciones y basura ilimitada invaden las zonas de algarada turística con el beneplácito silente de nuestras augustas autoridades: Central, Autonómica y Municipal ¡Al turista ni tocarlo!

Estos  responsables ni siquiera habían reparado en las molestias, el ruido nocturno no se oye desde  las mansiones en las que suelen veranear, la suciedad no mancha sus calles y  al día siguiente la ciudad está casi limpia con cargo a las arcas comunales. Todo va bien mientras vengan turistas que  aporten  - eso dicen - el 11% del PIB.

 Las quejas presentadas por los afectados han sido sistemáticamente ignoradas. Visto así se puede deducir que se han hecho oídos sordos a las aspiraciones del restante 89 % del PIB  sufridor del vandalismo de los visitantes.

Pero ¡hete aquí! que  todo tiene un límite y allí donde no hay orden él sólo se pone. Desde que se ha hecho notorio el descontento de una parte de la población con la situación que se vive no han dejado de aparecer voces que deploran el comportamiento de los disconformes. Turismo fobia llaman a los actos de protesta.

Estas voces criticonas no dijeron ni palabra durante mucho tiempo, es más, antes ni siquiera reconocían que había un problema. Ahora sí, ahora las reivindicaciones, pintadas de autobuses, colocación de pegatinas y actos similares las califican como actos cercanos al terrorismo por el impacto negativo que pueden causar entre nuestros masificados visitantes.

La sobresaturación de calles y plazas NO afecta a estos defensores del turismo a mansalva pues ellos viven en urbanizaciones privadas. Los yates les acercan a calitas donde disfrutan de aguas cristalinas sin agobios ni multitudes. No poder dormir no lo padecen porque en las inmediaciones de sus chalés no se celebran verbenas nocturnas ni tienen lugar peleas ni borracheras. Eso lo padece la gente de a pie que al día siguiente tienen que madrugar para ir a la fábrica o al hospital a atender los comas etílicos de los mismos que les impiden dormir.

Los detractores de las acciones llevadas a cabo por los asaltantes refuerzan su argumentación penalizadora en la ocupación laboral que proporciona el turismo. Sería deseable que también resaltaran la temporalidad pero sería aún más reseñable que se destacara la inaudita explotación a la que se ven sometidos los trabajadores del sector denominado motor de la paupérrima economía española.   

Jornadas interminables, salarios de miseria, tratos denigrantes a trabajadoras cuando no acoso en sus múltiples versiones.  Sin contar la ristra de ilegalidades que cometen afamados empresarios en la realización de la reverenciada actividad. Frecuentemente se descubre cómo se vulneran la legislación medioambiental, la fiscal, la laboral, la sanitaria, la de costas… las sucesivas denuncias pasan a ser tratadas como anécdotas de descontentos y peligrosos disidentes. Ese es el lamentable panorama turístico español que tan ardorosamente defiende el presidente Rajoy durante sus idílicas caminatas por el campo.

La verdad es que la vida de los afectados por la desmedida ocupación turística de las ciudades le aburre. El sobrecoste económico y  en salud que se tiene que soportar debido al turismo sin regulación, al señor registrador le importa un higo. Las condiciones laborales de las kellys, los camareros, los recepcionistas y demás trabajadores del sector le traen sin cuidado.

Rajoy en estado puro: todo lo que su mente no alcanza a entender es un “sin sentido”.

Seguimos igual

Hemos  asistido a un espectáculo nada habitual y otra vez ha sido en Sede Judicial.

No, no nos estamos refiriendo a la comparecencia de Mariano Rajoy en la sala de la Audiencia Nacional. Por chocante que parezca, no nos ha parecido mínimamente relevante que el responsable de un partido imputado a titulo lucrativo sea llamado a prestar declaración en calidad de testigo.

¿Qué tiene de sorprendente que el máximo dirigente de una organización calificada como delictiva sea llamado a dar explicaciones? Lo raro sería que, habiendo dudas acerca de la legalidad de su comportamiento, no fuera llamado quién ostenta la máxima jerarquía. No obstante, teniendo al presidente del tribunal representando el papel de fiel escudero del testigo, la opereta salió bufa.

No es novedoso que hayan pasado por los tribunales presidentes y jefes de gobierno; como testigos y como imputados. En España han declarado con anterioridad Adolfo Suarez y Felipe González. Es cierto que ya no eran jefes del ejecutivo, pero solo fue debido a los dilatados  plazos que acostumbra a tomarse la justicia española.

En el caso de Rajoy su declaración se produce 8 años después de comenzar el caso GÜRTEL, es decir que perfectamente podía no haber sido Presidente o haber dejado de serlo, a poco que los españoles hubiéramos sido capaces de elegir a los adecuados representantes de la soberanía popular. Pero como aquí se vota con el mismo criterio y seriedad que para ser hincha de fútbol, tenemos este tipo de gobernantes.  

Pero no es esa comedia la única protagonista de los juzgados. En esta ocasión, una más, lo ha sido una sentencia emitida por la sala de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el polémico autobús de la infamia. Los señores magistrados de la Sala consideran que - por muy deleznable que les parezca el comportamiento de la organización que exhibe el autobús y el mensaje que intenta propagar - no existen motivos objetivos para limitar su libertad de expresión.

A esta “sabia” conclusión llega un tribunal que, teóricamente, se rige por las mismas leyes que son aplicadas por magistrados de otros tribunales cuando admiten a trámite, procesan y en ocasiones tienen la “galanura” de condenar a denunciados por delitos de ofensas a los sentimientos religiosos.

En esos supuestos ya  no prima la libertad de expresión, ahora son las creencias ofendidas las que marcan la línea de lo permitido o prohibido. Por sí hay dudas, que le pregunten a Rita Maestre, Leo Basi, Krahe…y otros cuantos procesados por lo mismo: El sectarismo legal.

Las demandas “sentimenteras” son presentadas habitualmente por  organizaciones de alguna forma vinculadas a la Iglesia Católica y que resultan ser hermanas o primas de “Hazte Oír”, la responsable del flete del indecente vehículo.

No tenemos que olvidar que  estas asociaciones de gentes de bien acostumbran a esconder su homofobia, transfobia y demás fobias  detrás de un velo de hipócritas buenas intenciones. Eso sí, alegan hacerlo en aras de una sui generis libertad de expresión a la carta; las cartas las reparten ellos  expresando únicamente lo que ellos consideran adecuado.

Como complemento a sus hipótesis acuden a la Ciencia para fundamentar sus teorías y paradójicamente unos individuos militantes  de organizaciones de este cariz, se escudan en el  conocimiento científico para reafirmarse. Habrá que recordarles que son filiales de una   institución que ostenta el dudoso honor de haber sido el mayor exterminador de científicos  que ha conocido la humanidad ¡Cuantos médicos quemados por herejes!

Pues bien, estos iluminados usan las conjeturas que les confeccionan seudocientíficos  instalados en procesos de nula rigurosidad académica y a los que les importa un bledo las nefastas consecuencias que pueden acarrear con sus pronunciamientos nada doctos.

Pero… entonces  ¿Por qué lo hacen? ¿Qué finalidad persiguen?

Lamentablemente las respuestas no son otras que las de mantener el círculo de privilegios en que están instalados para  forzar a la sociedad a seguir actuando según su caprichosa doctrina.

Nada de lo demás importa, ni los jóvenes a los que humillan, ni las familias a las que menosprecian, ni los docentes a los que insultan. Para ellos solo adquiere importancia tener a la sociedad sometida a sus dictámenes. No reparan en nada en la  consecución de tan espurio objetivo.

¡Ningún obstáculo es suficientemente grande para  detener a estos integristas cristianos!

Sobre todo cuando jueces y fiscales -  correligionarios en el OPUS, legionarios de Cristo y/o  similares -tienen en sus manos los artículos 524 y 525  del Código Penal que penalizan la profanación y el  escarnio (sustitutos de la antigua blasfemia), convirtiendo la interpretación de la ley en un arma poderosa   para goce y disfrute de los togados radicales.  

No tan consolidada

Resulta curioso y al mismo tiempo esclarecedor comprobar cómo se van posicionando las personas en función de los intereses que les afectan. Sí, hemos dicho intereses, a esa humana condición creemos que atienden las posturas de los reprobadores del comportamiento de los demás, el suyo propio lo dan siempre por bueno.

Cumplidos 20 años del asesinato de Miguel Angel Blanco, se programaron una serie de actos para rendir homenaje al concejal asesinado. Naturalmente la primera línea la ocupaba la Fundación que lleva el nombre del homenajeado cuya presidencia ostenta la hermana del finado, Mari Mar Blanco. En esa primera posición se encuadró la actual cúpula del PP. Es relevante que aquellos que eran  máximos responsables del partido en el momento del crimen no hayan sido invitados a participar y si lo han sido,  se hayan excusado.

Se echaba en falta a Mayor Oreja, Iturgaíz, Acebes, María San Gil, pero la ausencia más llamativa era la del presidente Aznar, tenemos que recordar que era el Jefe del Gobierno que no cedió al chantaje planteado por el brazo armado del Movimiento Vasco de Liberación. La denominación fue utilizada por el propio señor de la guerra de Irak.

Conociendo al personajillo y su soberbia ya deberíamos saber que no va a explicar las directrices que marcaron - desde presidencia de Gobierno - al equipo responsable de negociar la liberación del concejal secuestrado.

No parece que a los responsables de las  negociaciones les permitieran ofrecer muchas opciones para buscar la libertad del concejal de Ermua. Puede que con el tiempo se desclasifiquen determinados documentos y nuestros bisnietos sepan algo, salvo  que la documentación haya sido borrada de los discos informáticos del Ministerio del Interior.

El Partido Popular está haciendo un máster acelerado en destrucción de pruebas y al machacado de los discos de Bárcenas ha seguido el borrado de los mails del inspector Gago. Estos correos del Inspector Jefe de Gabinete del comisario Pino se hicieron desaparecer del ordenador central de la Dirección de la policía a sabiendas de que podrían haber aportado pruebas de la comisión de delitos. La destrucción de pruebas es a su vez un delito pero a estos chanchullos ya nos estamos acostumbrando. 

En tiempo de conmemoraciones tenemos al Ministerio encargado de la Seguridad del país inmerso en asuntos turbios. El intachable Fernández Díaz se dedicó a repartir medallas a vírgenes para ganarse “su” cielo, mientras la Dirección General de la Policía le montaba una división policíaca para investigar a sus adversarios políticos. Eso suponiendo – que es mucho suponer - que la cúpula policial no siguiera instrucciones del propio Ministro ¡Todo muy democrático!

En la actualidad los españoles tenemos suerte, la apertura a Europa y la participación en Organismos Internacionales nos ampara de las tentaciones albergadas por personajes que añoran épocas no tan lejanas.  

Durante estos días tan señaladas en los calendarios del tardo-franquismo surgen voluntarios dispuestos a subvertir el Orden Constitucional  y los pilares en los que se apoyan se construyen siempre de los mismos materiales: Una clase dominante insaciable, una derecha política sin escrúpulos, una cúpula de la Iglesia reaccionaria. Si todos ellos son convenientemente apoyados por un ejército de “salvapatrias” y se adereza con fuerzas policiales de represión afines. ¡Voilá! Ya tenemos el escenario golpista.

Los mediados de julio son fechas adecuadas para resaltar la existencia de una Asociación de Militares Españoles  (AME) que entre otras cosas participa desde el año 2016 en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas).

La deriva ideológica de AME se puede constatar a través de la revista “Militares” editada por la asociación, en ella se cantan las glorias del franquismo, la supremacía del varón sobre la mujer, las burlas a leyes en vigor como es el caso de la Ley de la Memoria Histórica. Todo ello convenientemente sazonado con artículos peyorativos hacia formaciones políticas que son consideradas por estos “militarotes españoles” poco adecuadas para dirigir el país, e incluso sugieren desde sus páginas la ilegalización de alguna de ellas. Por supuesto siempre atendiendo a su buen y franquista criterio.

No nos cansaremos de insistir para que los gobiernos de esta simulación en diferido de democracia cumplan de una vez con su deber de justa reparación. Para ello podían empezar condenando el pronunciamiento militar del 18 de julio de 1936 como acto ilegal, sedicioso, delito de rebelión militar y delito de traición. A continuación sería de justicia que fueran declaradas nulas TODAS las sentencias por delitos políticos emitidas por los tribunales fascistas. Después podrían de una vez por todas contemplar en el código penal el delito de enaltecimiento del golpismo, para acabar aplicando  la legislación universal de Derechos Humanos que ampara a las víctimas de los regímenes totalitarios   genocidas de sufrir humillaciones por parte de los herederos de los verdugos.

Sería conveniente que para preservar la democracia que tenemos, por limitada que sea, Doña Finiquito se diera una vuelta por los cuarteles y comprobara el grado de afecto que se profesa a las instituciones democráticas. Tampoco sobraría que defendiera con más ahínco el respeto que merece su condición de mujer, eliminando ayudas con fondos públicos  a divulgaciones como “Militares “con un más que evidente menosprecio a la figura de la Ministra y en general a la presencia de mujeres en las Fuerzas Armadas. 

Afortunadamente los ejércitos españoles llevan tiempo participando en misiones internacionales y así van aprendiendo de otras milicias a no volver las armas que le son confiadas contra la población civil a la que sirven. La tradición militar española está plagada de episodios en los que ilustres asesinos uniformados confundieron la defensa de la Patria con el mantenimiento de los privilegios de los caciques a los que servían.

No parece recomendable fiar la defensa de la convivencia democrática solo al buen hacer de algunos mandos militares, sería deseable que hubiera  medios legales y operativos suficientes para preservar a las Fuerzas Armadas españolas de las peligrosas corrientes de nostálgicos que desearían volver a convertir España en el inmenso basurero de intolerancia del que tanto nos costó salir.  

Es lo que hay

Con motivo de la celebración del 40 aniversario del carnaval que nos  disfrazó de democracia, se han llevado a cabo actos para glosar las figuras de relevantes personalidades que contribuyeron decisivamente a hacernos comulgar con ruedas de molino.

Ahora, 40 años después, les damos las gracias por esa inmensa ración de trágala en forma de “modélica Transición”.

En los actos presididos por el “Preparao” se ha echado en falta la regia presencia del “Campechano”, alguien ha debido pensar que en tan solemne ocasión era mejor no tentar a la suerte recordando a la sufrida población que el Emérito juró fidelidad a los principios del Movimiento Nacional, levantó el brazo derecho con la palma extendida para saludar a su padre político y heredó de un rebelde genocida la corona que le fue colocada en su augusta testa. A los juglares de la gesta seguro que estos méritos del Jefe de Estado abdicado les parecen minucias.

La prensa seria, la del régimen, la “de cómo dios manda” ha afeado la actitud de aquellos grupos políticos que se abstuvieron de jalear al monarca “titular” no batiendo palmas  de forma desaforada tras la regia intervención. Para más inri estos grupos de desafectos perdieron el tiempo homenajeando a perseguidos por el régimen al que en su día sirvieron con incólume lealtad  los Borbón, Fraga, Martin Villa, Suarez, Mayor Oreja, Gallardón padre, Cabanillas padre, Aznar padre, Rajoy padre… para que seguir enumerando “demócratas de toda la vida” y sus correspondientes padres.

Ver, oír o leer los medios descritos deja un extraño regusto amargo, se supone que informar es el primer mandamiento de los medios de comunicación,  pero en lugar de eso encontramos perversas líneas editoriales enfocadas a satisfacer intereses económicos y de poder que afiancen las privilegiadas posiciones de los amos del cortijo.

Sin ningún tipo de reparo llevan cuatro décadas inculcando - en nuestro ADN - la docilidad como guía de comportamiento y además nos proporcionan dosis de esclavitud que nosotros consumimos con avidez ¿De qué otra forma se puede entender nuestra pasividad?

En un reciente artículo publicado por la imitación de hoja parroquial en la que se ha convertido el diario aragonés de mayor tirada, se hacía mención a un simulacro de encuesta llevada a cabo por una desconocida agencia de demoscopia. Mediante sistemas estadísticos de dudosa legitimidad científica y a través de muestras no contrastadas de pluralidad,  el analizador del Heraldo extrapola el resultado de semejante bodrio y concluye que el 92,5 % de los aragoneses están de acuerdo con el expolio llevado a cabo por la Iglesia Católica en el patrimonio aragonés.  Leída así, la noticia lleva a entender que unánimemente  (92,5%) los habitantes de Aragón han decidido regalar a la Iglesia Católica los bienes culturales y económicos levantados durante siglos con el esfuerzo de toda la comunidad.

¿Qué fin persigue la noticia? Pues dirigir el pensamiento colectivo para conseguir que la comunidad rechace  la propiedad de los bienes y de esta manera  los deje en manos de la curia católica. 

Tan solo es una muestra de la fórmula empleada por los medios de adoctrinamiento para alcanzar amaestrar las mentes de las personas.

Con este dato ya podemos entender las respuestas dadas en la encuesta/entrevista del periodista Gonzo emitida en un programa de la Sexta. 

El presentador indagaba en el sentido del voto del entrevistado y cuando comprobaba que había votado al PP en las últimas elecciones generales seguía con sus pesquisas para certificar que el ciudadano en cuestión era conocedor de los casos graves de corrupción económica, judicial y política que asolan al partido de la gaviota.

El resultado confirma la teoría  que se  lleva tiempo sosteniendo; a esa tipología de votantes no les importan los delitos, conocían de todos los manejos punibles  que llevan a colegir la culpabilidad de la organización en la parcela penal, en la política o en ambas, pero seguían votando a un partido calificado como organización criminal.

La conclusión es fácil de alcanzar, aproximadamente a cerca de ocho millones de españoles les sobra la democracia como órgano de representación de la soberanía popular.

Si a estos sumamos los más de seis millones que reiteradamente indultan al PSOE de sus delitos, tenemos cerca de 15 millones de partícipes en la fiesta de meterla en la urna  a los que les importa un bledo la legalidad, la justicia, el juego limpio, la igualdad, en definitiva les importa un higo la democracia.

 Nada extraño por otra parte cuando tenemos una democracia al gusto de los herederos políticos de un tirano.

Borrón y cuenta nueva

¡Otro reprobado! Y van… varios, más de los deseables ¿Consecuencias? Ninguna, como si oyeran llover, es más, el responsable último de las tropelías de Montoro, dirá que hace un sol espléndido en esta época del año para cuanto peor mejor su beneficio propio, el suyo mío o algo así.

La respuesta del ministro de Hacienda ha sido la habitual en estos casos, manifiesta su intención de estar ojo avizor para descubrir las debilidades de los reprobadores y al menor desliz saltar sobre la pieza para defender su honor de la osadía de los denunciantes.

¡Como si le quedara honor!

La calidad del honor del ministro ha quedado  meridianamente clara una vez que su Decreto Ley de amnistía fiscal ha sido calificado de arbitrario, injusto y al margen del mandato Constitucional, esa es la cruda realidad. Los “porqués” que argumentan desde el Gobierno para justificar tan deplorable medida son ganas de marear.

Que el titular de hacienda no parece muy respetuoso con la Carta Magna ya está constatado, ahora queda por dilucidar si el despacho profesional que el ministro abrió con su hermano ha sido beneficiario de alguna prebenda institucional. Esa sería la forma de despejar cualquier atisbo de duda acerca de lo que le queda de honorabilidad.

Su caso no deja de ser uno más en el espectáculo con el que cada día nos obsequia la comedia protagonizada por  el señor “muy español y mucho español”. Al fin y a la postre Rajoy es el responsable último de la inmundicia que nos rodea.

Montoro no es el único señalado, el ministro Soria tuvo que dimitir por embaucar al Congreso y el fiscal anticorrupción por su situación insostenible, incluso teniendo  al Fiscal General como valedor.

En realidad Moix no dejaba de ser el último eslabón de una cadena que garantiza la inmunidad de las familias “de toda la vida”. Ese y no otro es el  motivo que mueve a Nacho (Ignacio González) a  advertir a Rafa (Catalá) de la conveniencia de nombrar a un tío cojonudo que  arregle el entuerto judicial ¡Caramba, si Rafa el justiciero también ha sido reprobado! ¡Ah! y el fiscal Maza.

Claro que metidos en estos vericuetos va a ser mejor no recordar que Rajoy quería imitar el comportamiento del servil Presidente de Baleares o proclamaba la ejemplar ciudadanía del delincuente Fabra. ¡Maldita memoria colectiva! Ahora le toca a Rafael Hernando hacer de macarra y  buscar algo de Venezuela para contrarrestar. 

Aunque bien mirado, corramos un tupido velo y pelillos a la mar que en este país estamos acostumbrados a hacer borrón y cuenta nueva o se dice ¿Borbón y cuenta nueva?

Cuando en 1947 Franco promulgó la ley para la sucesión a la Jefatura del Estado se auto-concedió la potestad de elegir sucesor. El dictador  se puso manos a la obra en el cometido. Así trajo de Roma un tierno cachivache moldeable en la observancia de los Principios Fundamentales del Movimiento.  

En definitiva que la proclamación de una República, los sufrimientos para defenderla de un rebelde  y el calvario padecido durante 40 años de dictadura sirvieron para acabar en el mismo sitio: La nobleza arriba y el pueblo mendigando.

En la historia de España cada vez que se vislumbra un rayo de luz que ayude al avance social se utiliza lo de Borbón y cuenta nueva.

En 1974, antes de su conversión para hacernos el regalo de la Democracia – modélica transición mediante – “El Campechano” asumió eventualmente la Jefatura de un  Estado  dictatorial   durante unos meses en los que parecía que ¡Por fin! Franco nos iba a dejar en paz.

Cuando se hizo efectivo el relevo y para asumir con todas las de la ley (de Franco) la Jefatura del Estado, Juan Carlos I juró lealtad a montones de cosas, entre otras al Régimen que le había regalado la corona saltándose los principios monárquicos por los que se rige la institución. Juan de Borbón trinaba de ira contra el usurpador y contra su vástago traidor. Franco y su hijo le consolaron adecuadamente con  un Condado y una buena pensión.

Aquellos barros de componendas traen estos lodos de corruptelas, de esta forma se justifica que permanezcan en el Gobierno unos ministros reprobados. ¿No reside la Soberanía Nacional en el pueblo español? ¿No es el Congreso de los Diputados la representación de esa Soberanía Nacional? ¿No juran o prometen los altos cargos de la administración – ministros incluidos – acatamiento a la Constitución?

 Si eso es así ¿Por qué se tolera que un ministro desprecie la Constitución?  ¿Por qué motivo el pueblo español soporta que le gobierne un partido imputado como organización para delinquir? ¿Qué motivos impulsan a  las nuevas camadas del Partido de la gaviota a defender con tanto ardor el legado de un genocida como Franco? 

En un país de verdad sería delito la defensa pública  de los miembros de Gobiernos de Franco. En un país serio estaría penada la apología del golpismo. En un país con derechos humanos se castigaría por disculpar a cualquiera de los ministros de gobiernos genocidas. La revisión de la historia condenará a personalidades como Fraga Iribarne, Utrera Molina o Martin Villa por colaboracionistas.

 Es notorio que algunas “decentes” fortunas actuales están manchadas de sangre de muchos  inocentes. Si se hiciera una investigación a fondo de los procesos judiciales de la dictadura en muchos casos se  revertirían propiedades a sus legítimos dueños y la Iglesia Católica española perdería innumerables inmuebles producto del  inmenso expolio que ha llevado a cabo amparada por el dictador.

En fin un caos para “la gente de bien”, mejor nos regalaron una ley de punto final y aquí no ha pasado nada. Borbón y cuenta nueva.