Pensábamos que el ordenamiento jurídico español tenía una componente de respeto a los derechos procesales que inhabilitaba bastantes aspectos de arbitrariedad. Pero mire usted por donde no es así.
Con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que la manida frase: todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, no es del todo cierta.
No vamos a pretender enmendar la plana a sesudos estudiosos de la jurisprudencia nacional, aunque saberse de memoria unos cuantos artículos de código penal y unas pocas sentencias del tribunal Supremo, NO hace a los togados infalibles en sus decisiones.
Todos los tribunales e instancias han dictado y dictan sentencias tan peregrinas, que órganos superiores han tenido que corregir las múltiples meteduras de pata que cometen.
Sin olvidar, por supuesto, a aquellos magistrados que sentencian y han sentenciado por afinidad, cercanía o intereses.
Si alguien duda de esta afirmación, puede preguntar al ex Director General de la Policía el popular Ignacio Cosidó, como pensaba controlar la Sala 2 del Tribunal Supremo por la puerta de atrás si la renovación del CGPJ se ajustaba a los gustos de su partido.
El preboste del PP y el Juez Marchena, señalado como elegido para presidir el CGPJ, deberían de dar alguna explicación acerca de esa aspiración del político, y a ser posible que cuando suceda, estemos vivos. Aunque mucho nos maliciamos que eso NUNCA va a suceder.
Tampoco estaría de más conocer cuánta y de qué calidad era la disponibilidad del juez para que el mandatario del PP tuviera semejante certeza sobre el dominio de la Sala 2 del Supremo (La sala de lo Penal) ¿Posible parcialidad por afinidad política?
También sería conveniente conocer como instrumentalizan los plazos para que el daño sea materialmente irreparable. Habrá discrepantes que digan que eso no es así. Vayamos a un caso práctico:
Un juez, llamémosle X, busca y rebusca en la vida de una persona para encontrar una conducta que pueda parecer delictiva, a pesar de ser regularmente corregido por instancia superior, dicta unas exageradas medidas cautelares. La imputada recurre, cuando son anuladas las cautelares, ya ha tenido lugar la cumbre de Jefes de Gobierno a la que la consorte estaba invitada y no puede asistir.
En su resolución La Audiencia reprocha al juez X determinados comentarios desafortunados plasmados en sus dictamenes y corrige – de nuevo – muchas de sus decisiones. Pregunta que deberíamos hacernos: ¿Cómo, cuándo y de qué manera va X a resarcir el daño ocasionado y qué ejemplar correctivo le va a ser aplicado?
Hace mucho tiempo que el colectivo Judicial es percibido como uno de los principales problemas y peligros para la democracia y la convivencia en España.
Y por lo visto está justificada esa desconfianza de la ciudadanía.
Las admisiones de querellas fundamentadas en rumores periodísticos, las instrucciones basadas en falsas noticias, la búsqueda de la imputación antes que la resolución de un delito, las medidas cautelares desproporcionadas aplicadas a determinados colectivos, las sentencias absurdas repetidamente corregidas por los tribunales europeos, se repiten con tanta frecuencia que se hace difícil creer en: “La justicia es igual para todos”. Ni siquiera es justicia.
La frasecita no se sostiene cuando se piensa en los chicos de Alsasua, en los seis de Zaragoza, en Pablo Hassel, en Valtonic, en Los titiriteros, en Héctor de Miguel, Alberto Rodríguez, Atutxa… Acabaría con el espacio que tengo si enumerara los infinitos casos de “mierda jurídica” que acorrala nuestras vidas.
Los curas violan niños/as, los policías agreden a manifestantes, otros policías torturan a detenidos en las dependencias policiales, el Jefe de Estado se autoexilia después de defraudar a Hacienda sin ninguna consecuencia jurídica y tenemos que tragar con la frasecita “La justicia es igual para todos”. Únicamente cabe la contestación de José Antonio Labordeta desde la tribuna del Congreso: ¡Váyanse ustedes a la mierda!
Nadie, ningún juez X, ni ningún tribunal, Audiencia, Superior, o Supremo, pueden abrir en canal la vida de nadie para ver por dónde puede conseguir meterle mano. A esa figura los letrados lo llaman investigación prospectiva, pero eso es quitar gravedad al asunto. La denominación correcta sería la que definiera como delincuentes peligrosos a los que - valiéndose de su estatus procesal - están llevando a cabo un ataque a los derechos civiles.
No hay una nomenclatura definida, pero suena a que es una maniobra bien orquestada para desacreditar el paupérrimo equilibrio Constitucional, con la intención de colocar en el gobierno de la Nación a las marionetas afines ¡Como dios manda!
¿Seguiremos callados, sumisos y dóciles ante semejante latrocinio? Me malicio que sí.
En su día el movimiento 15M representó un soplo de aire fresco para renovar un sistema bipartidista caduco y podrido. El mundo nos miraba con admiración. Por fin la sociedad civil española ponía pie en pared y gritaba ¡Hasta aquí!
La reacción fue fulminante, sin ningún pudor, resoluciones infames de jueces vendidos, policías corruptos y periodistas sin ética sumisos a Tele 5, Antena 3, la Sexta, La Cope, La Ser, ABC, La Razón, Radio María, muchísimos “panfletuchos” que me niego a nombrar, los Trolls pagados con dinero público, los Púlpitos de las iglesias, la Curia Obispal…, se encargaron de sepultar por medios, lícitos e ilícitos, cualquier atisbo de regeneración democrática.
Montañas de demandas que se admitían a trámite por un artículo publicado en un medio sin firma ni responsabilidad, pruebas fabricadas falsas y “burdas” (Ferreras dixit), repetición exhaustiva de los supuestos delitos hasta que – cuando el recorrido judicial no daba para más - se cerraban en el más absoluto silencio. Ese doping antidemocrático dio el resultado buscado.
Renació el bipartidismo, el soplo de aire fresco se fue diluyendo y empezaron a ganar los bulos, mentiras, difamaciones, acosos, inculpaciones, violencias, todas gratuitas y sin que se haya dado una adecuada respuesta por parte de las autoridades encargadas de velar por la legitimidad constitucional.
Los Gobiernos de coalición - comandados por el PSOE - permitieron que se acosara a Ministras y Vicepresidentes. Ningún problema, eran “perroflautas” de Podemos, no eran de los suyos. Y además, con ellos en el Gobierno, Pedro Sánchez no podía dormir.
Seguramente ahora con David Sánchez ya condenado y Begoña Gómez con posibilidades de ir “p’alante” a Alcalá Meco por condena penal, Pedro pueda dormir a pierna suelta.
En la actualidad nos encontramos con la nueva moda que vuelve locos a los jueces: ¡Jugar a Juzgar!
Porque así, ¡España va bien!, ¡El que pueda hacer que haga! y ¡Viva el vino!
