Justicia de altos vuelos

Resulta enternecedor escuchar al Magistrado Lesmes (Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo) aconsejar - a la concernida por la sentencia que ha dictado la Audiencia Nacional - interponer un recurso ante instancias superiores.

Vale, quedamos muy agradecidos  al señor Lesmes por hacer gala de su versión didáctica, pero al mismo tiempo vemos que lo que dice carece de utilidad, que es superfluo. Suponemos que los letrados de la condenada – la tuitera Casandra – ya habían contemplado esa opción, es más, estarán preparando el posterior recurso  ante el Tribunal Constitucional debido a que, en el Tribunal Supremo, probablemente será dictada  la confirmación de la sentencia condenatoria.

Los abogados de Casandra argumentarán con contundencia el menoscabo perpetrado contra los derechos fundamentales de su representada y lamentablemente tendrán que adoptar el camino del posterior recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Allí será donde  tendrán que acabar.

El susodicho Tribunal de Europa les dará la razón.  Y un tirón de orejas, uno más, a los altos tribunales españoles por falta de diligencia, dejadez e interpretación arbitraria de las normas. O sea, lo que ya ha sucedido en varias ocasiones. No será la primera vez y desgraciadamente tampoco será la última.

Según la estadística, la Justicia Europea condenará al Estado español a resarcir el daño producido y los mortales de a pie pagaremos los desmanes jurídicos. Vamos lo habitual en España ¡País! Que diría Forges.

Los medios de comunicación han abierto un debate sobre la libertad de expresión y los límites del humor pero… ¿Y si no es esa la cuestión? ¿Y si lo que Casandra pretendía era denunciar la sobrevenida impunidad que sigue disfrutando un Régimen genocida?

Pues entonces lo tiene crudo la muchacha en los tribunales patrios.

La modélica transición desplegó un tupido velo sobre los ojos de la justicia para hacer más dulce su tránsito a la democracia. Se olvidaron de forma consciente los crímenes de lesa humanidad, las desapariciones forzadas, los asesinatos en masa, la represión organizada, la virulencia de un estado de terror. Se promulgó una ley de amnistía para tapar las tropelías y aquí paz y después gloría.

Bajo ese manto protector se cubrieron los colaboradores de la barbarie, adecentaron sus almas  con una capa de pintura y se convirtieron en demócratas de toda la vida.

¡Ah! Y olvidaron incluir en el Código penal algún artículo que persiguiera la apología del golpismo y la ofensa a los represaliados  ¿Consecuencias de los olvidos?   Pues las subvenciones a la Fundación Francisco Franco, la impunidad de los criminales y la posterior falta de sensibilidad política con las víctimas del régimen que auspició un general reo del delito de rebelión. ¡Pecata minuta para los favorecidos cachorros herederos del Régimen!

Tanto es así que los juzgados españoles no decretan dictamines de exhumación de los cadáveres de los desaparecidos en las cunetas y cuando los pronuncian – caso de los bilbilitanos hermanos Lapeña -  los obligados por la orden se hacen los sordos, desacatan y nadie les obliga a su cumplimiento.

Se desobedece insistentemente la llamada Ley de la memoria histórica, se insulta a los familiares de las víctimas del franquismo atribuyéndoles intereses monetarios. A través del portavoz del partido en el Gobierno se hace mofa con “los muertos para arriba, muertos para abajo”. Un inciso, después de la sentencia dictada contra Casandra, deberá tener cuidado de hablar así de los muertos en tránsito vertical para arriba no vayan a ser sus palabras consideradas como apología de cualquier cosa ¡ah, no! Que Rafael tiene inmunidad subyacente.

Se insta desde las formaciones políticas a reverenciar las leyes cuando estás se infringen permanentemente por parte de quienes tienen que velar por su cumplimiento. Apelan al respeto a la justicia pero, eso sí, siempre que los magistrados dicten sentencias que sean agradecidas con sus intereses.

Probablemente el Código Penal necesite una profunda revisión al igual que muchas leyes impropias de un Estado de Derecho. Lo que es seguro es la urgente necesidad de abrir un proceso constituyente que corrija los desmanes de las arbitrariedades provocadas por las prisas que les entraron a algunos próceres del franquismo por transformarse en demócratas de toda la vida.

No es el humor ni la sátira lo que se persigue, si así fuera no hubiera circulado un chiste que nació con una (supuesta o real) visita de Franco a Sevilla. Le acompañaba en el viaje el ministro Martin Artajo; la multitud agolpada en las calles gritaba: ¡Franco, Franco, Franco, Artajo, Artajo, Artajo! Desde el gentío una voz clara grito ¡Qué coño Ar-tajo,  Ar-Guadalquivir que está más cerca! En plena dictadura la gracia no fue considerada como enaltecimiento de “magnicidio por ahogamiento”. En esos tiempos oscuros los chistosos “solo” fueron condenados a prisión por disidencia política. Tristemente como hoy en día.