El 14 de Abril

Resulta tremendamente complicado no caer en la tentación de llamar patán a un fulano que, por una de esas crueldades del destino ostenta una alta representación política en este lastimoso país.

El individuo en cuestión, además de otra serie de lindezas, anima a unos estudiantes de educación secundaria, a plantearse como duda, el carácter democrático de la II República de España.

Ya es bastante penoso tener que soportar las infames ideas que adornan el currículo del personaje, para tener que aguantar la propagación de ocurrencias de las que fue capaz de hacer alarde en su comparecencia en la conferencia/charla que masculló en un colegio concertado; es decir, pagado con dinero público por obra y gracia de una penosa decisión de Felipe González.

La falta de plazas públicas para universalizar la enseñanza, sirvió de excusa a la camada de Suresnes para que la jerarquía católica siguiera mangoneando la enseñanza en España.

Felipe, Guerra y compañía lo hicieron tan, tan bien, que cuarenta años después seguimos con la escuela concertada como bastión de la enseñanza pública, universal y gratuita en nuestro país. Hoy cuantiosamente potenciada por Gobiernos centrales y autonómicos de uno y otro signo. Es el denominado poder de las sotanas.

Pues bien, con la audiencia de alumnos descrita, un personaje incapaz de llamar  golpe de estado a la sublevación perpetrada por Francisco Franco y con la misma capacidad intelectual que una ameba, duda del carácter democrático de la II República.

Debe de ser que para el señorito lo verdaderamente democrático es acceder a la Jefatura del Estado vía vaginal - a través  de la fecundación de una hembra por medio de un varón, transmisor de las esencias de la estirpe - que el magnánimo dedo del genocida dictador designó como legítimo depositario de los valores del movimiento nacional.

Por muchas lecturas e interpretaciones que la rancia carcunda  hispánica se empeñe en propagar es inevitable admitir - incluso para los más reaccionarios - que al fascista golpe de estado de algunos generales se le enfrentó la heroica defensa de la legalidad del régimen republicano surgido de la voluntad popular.

El capital, la iglesia y el fascismo político se apoyaron en la traición de unos militares desleales con su patria y la sumieron en una devastadora guerra que algunos infames tratan de vendernos como un enfrentamiento entre bandos discrepantes.

¡No! fue la agresión de una banda de facinerosos uniformados para destrozar la legalidad institucional surgida de las urnas. 

Olvidan un principio fundamental que rigen las naciones modernas: la fuerza y el uso de la violencia es potestad exclusiva del Estado. Únicamente el Estado es depositario del uso de la fuerza.  Todo lo demás es un ataque a la legalidad establecida.

Tenemos que seguir explicando al señor Tamames y a todos los que proclaman lo mismo que él que en la guerra  no hubo dos bandos. Hubo una nación defendiéndose de la  agresión de un grupo de facinerosos,  que se apropiaron del ejército cuya misión es la defensa de la nación. Contra esa encomienda los militares sublevados utilizaron las armas que en sus manos había depositado el pueblo español.

A día de hoy escuchamos en el Congreso, en el Senado, en los Parlamentos Autonómicos a penosos representantes de una España que pensábamos superada.

No, no es así. Los herederos de aquellos fascistas que condenaron a los españoles a cuarenta años de miseria, desesperación y degradación, hoy ocupan escaños de diputados y pavonean su ideología dando vivas a un rey heredero del impuesto por el dictador.

El día 14 de abril sería una buena fecha para que de una vez por todas se cumpliera un principio de justicia universalmente aceptado cuando se ha cometido un delito: La restitución del mal ocasionado.

Nadie va a poder devolver la vida a los asesinados por defender la legalidad republicana, nadie va a devolver los cuarenta años perdidos durante la oprobiosa dictadura, pero sería gratificante ver juzgados a los responsables del levantamiento militar aunque sea a título póstumo ¡Claro que se puede sentar en un banquillo a la memoria de los responsables del golpe de estado! Pero sobre todo se debe juzgar la acción criminal: El Alzamiento Nacional.

Y sobre todas las cosas se tendría que volver a la legalidad pre-levantamiento restituyendo la República. Todo lo demás son apaños como el de Adolfo Suarez tapándose el micrófono para no preguntar por la monarquía impuesta.

El próximo día 14 de abril los republicanos de este país añoraremos, un año más, la llegada de un régimen igualitario, laico, democrático y representativo. 

Juanjo el justo

 Resulta que Juan José Escalonilla, juez instructor titular del Juzgado nº 42 de Madrid, últimamente se está dando cuenta de los errores procesales que sistemáticamente ha venido cometiendo. Casualmente todos relacionados con Podemos ¡Vaya por dios!

Es verdad que Juan José hace un reconocimiento de las equivocaciones cometidas. Sin embargo no dice nada de la mala praxis jurídica llevada a cabo por su señoría.

Curiosamente el magistrado Escalonilla ha cometido sus últimas extravagancias jurídicas  persiguiendo a una formación política exhaustivamente investigada por sus colegas togados.

El juez instructor del caso Neurona reconoce, en una resolución firmada el pasado 9 de febrero, que Pablo Iglesias, antiguo secretario general de Podemos, fue incluido "indebidamente" en el procedimiento como investigado en esta causa judicial.

De igual forma el juez Escalonilla admite el "manifiesto error" que cometió al no admitir un recurso de Podemos presentado un día antes de que venciera el plazo legal y que puede condicionar el informe final del caso.

Cuesta mucho trabajo creer en la buena voluntad de los magistrados cuando los errores siempre se cometen en la misma dirección y con las mismas víctimas atropelladas.

Que el núcleo duro de jueces conservadores, herederos directos de los componentes de los Tribunales de Orden Público de la dictadura franquista, sigan marcando la agenda jurídica hispánica, denota claramente la calidad del sistema democrático que nos proporcionó la “modélica  transacción española”.

El caso “Neurona” sigue vivito y coleando por obra y gracia de Juan José Escalonilla con sus dictámenes plagados de errores.

Comprobamos que no es el único magistrado al que le importa un higo la ley.

Son legión los togados que retuercen la voluntad del legislador a sabiendas de que el espíritu legislativo se encuentra en las antípodas de sus sentencias.

Ni les importa ni les amilana. Se consideran por encima de la voluntad popular, es más, el populacho les parece prescindible.

Ya lo dijo Cosidó siendo el portavoz del PP en el Senado: “promocionamos a nuestro candidato “x” a presidente de CGPJ y controlamos la sala 2ª del Supremo por la puerta de atrás”. El juez Marchena podría explicar su negativa, pero no es probable que se preste a ello.

Aunque parezca inverosímil no fue el único caso. Ignacio González, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, reclamaba a Zaplana la recuperación del juez García Castellón para solventar unos “asuntillos” investigados por el juez Velasco en los que ambos personajes del partido Popular  estaban involucrados.

Escalonilla y sus errores no son una excepción, resultan la constatación fehaciente de las artimañas que un sistema podrido está utilizando para no perder sus privilegios.

La separación de poderes en España, además de una entelequia, es una falsedad.

Un grupúsculo de integrantes del más rancio sistema judicial hispánico, apoyados por la caverna mediática, sigue medrando con el objetivo de retorcer la voluntad popular y gobernar sin presentarse a las elecciones.

Su postura no cambiará hasta que consigan recuperar el Gobierno devolviendo la población al redil para que su comportamiento no ponga en peligro sus intereses.  Las cloacas policiales que manejan, cierran el círculo de inmundicia estatal que nos rodea.

La importancia y la necesidad

La deriva político social que acostumbramos a soportar nos lleva, en la mayor parte de las ocasiones a tener una percepción desvirtuada de la realidad que estamos viviendo.

Las personas y personajes que actúan - como dios manda proclaman - han puesto en marcha el contador de cosas que a ellos; repito, exclusivamente a ellos, les gustaría que funcionaran mal.

Comprobamos, como ha quedado plasmada su torticera  intencionalidad, en los versículos de los evangelizadores periódicos de tirada nacional tales  como “La Razón”, “ABC”, “El Mundo” o “El País”,

Las cadenas de radio y televisión hacen de eco propagador en sus programas trufados de venganza política con las falacias que sus colegas publican. En todos ellos se está tomando como dato  de referencia del mal hacer gubernativo, el conteo pertinaz de violadores beneficiados con reducción de pena. Una especie de “Carrusel Deportivo” para dar el minuto y resultado.

En su día - el cuasi perjuro en sede judicial - un tipo completamente desconocido que atendía por M. Rajoy  recuperó la católica, apostólica y romana costumbre de publicitar un contador que diera fe de las malvadas acciones (ciertas o falsas) que llevaban a cabo sus rivales políticos.

M. Rajoy salía en los programas y noticieros de TV diciendo: “son las x en punto y el ministro Bermejo todavía no ha dimitido”. Esa secuencia se repetía regularmente cada poco tiempo.

Así acosó al Ministro de Justicia Mario Fernández Bermejo por el desafortunado error de acudir a una montería en la que también participaba el juez Baltasar Garzón, en esos tiempos juez instructor de la Gürtel.

El ministro sintió el aliento del jefe de la oposición porque, durante las jornadas, había “invadido”  unos metros el espacio cinegético de una comunidad autónoma limítrofe, de la que carecía de licencia de caza. Un claro error administrativo del equipo auxiliar del señor ministro que fue aireado y utilizado insistentemente para forzar su dimisión.

Los propugnadores de la desaparición del régimen autonómico se mostraron paradójicamente celosos con el cumplimiento de las leyes autonómicas – que aborrecen - cuando comprobaron que, aprovechar un minúsculo error administrativo, ponía en el disparadero a un oponente político.

Si hubieran tenido la misma diligencia para cumplir y hacer cumplir las leyes, en lugar de exhibir un deplorable y  laxo comportamiento en casos como la Gürtel, o Noós, estos no hubieran tenido lugar. También es más que probable que las consecuencias del Madrid Arena hubieran sido menos dramáticas con una correcta actuación de los órganos de control municipal.

Pero no, no les movía esa intención, su objetivo siempre ha sido el desgaste del Gobierno sin importar las formas utilizadas. Igual que en estos momentos. Los medios para sus fines son los de siempre: los de comunicación comprados con publicidad institucional y licencias radiofónicas o de televisión.

Los paniaguados plumillas que trabajan para Ana Rosa, Losantos, Herrera, Griso, Marhuenda y similares, han puesto en marcha el contador de beneficiados por las reducciones de condena que han sido dictadas por algunos juzgados, con una malintencionada aplicación de la Ley de Garantía integral de la libertad sexual (conocida por ley del solo sí es sí).

En un mundo analizado desde la estadística y bajo el foco de la información, sería deseable conocer el porcentaje de juzgados que han decidido practicar una reducción de condenas. Cuantas de esas reducciones han sido, a su vez, corregidas por las Audiencias provinciales o los Tribunales Superiores de Justicia o cuantas disminuciones de condena solicitadas  no han sido concedidas. De esa forma tendríamos datos fidedignos de la cuantía que representan las rebajas de penas llevadas a cabo, pero sobre todo, cuantas peticiones de reducción han sido rechazadas.

Con datos contrastados en la mano estaríamos en condiciones de publicitar un listado de los juzgados que han aplicado la reducción de condena, quienes son los beneficiarios y sus abogados, qué medidas ha adoptado la fiscalía competente para recurrir las bajadas de penas.

Los ciudadanos, como depositarios de la soberanía nacional están en su perfecto derecho para conocer que servidores públicos – los jueces y fiscales - cumplen con su obligación más allá de sus tendencias e inclinaciones políticas.

Por esos motivos, sería deseable que se hiciera público el nombre y apellidos de los titulares de los juzgados que han decidido hacer una interpretación sesgada de la ley con los fines que todos conocemos.

Es probable que en un futuro no muy lejano nos los encontremos premiados con canonjías similares a las disfrutadas por el afín García Castellón o las concedidas a recolocados en puestos prácticamente vitalicios y bien remunerados.

La importancia del correcto funcionamiento del sistema judicial hace necesario que sean desenmascarados.

Una fecha señalada

 

Las exequias que han tenido lugar en Atenas, tras el fallecimiento del depuesto rey Constantino de Grecia, fallecido hermano de la vejada reina Emérita Sofía, nos han ayudado a recapacitar acerca de la realista situación de la realeza real ¿Enrevesado verdad? Pues nada comparado con la realidad.

A una señal hecha por un responsable de protocolo de la Casa Real, el periodístico busto parlante tiraba reiteradamente del brazo de “El preparado”, igual que en Mallorca  alejaba a la heredera de su abuela. En esta ocasión el objetivo de la locutora consistía en evitar la foto del titular de la corona con el infiel Emérito. Una de las instantáneas que se consiguen plasma la abandonada soledad de Juan Carlos I. No importa, la historia perseguirá a la familia.

Curiosamente el día 17 de enero del año 1793 era considerado culpable de múltiples delitos contra la ciudadanía francesa y condenado a muerte el ciudadano Luis Capeto más conocido como Luis XVI.

Dicen los cronistas de derechas, tanto los antiguos como los de nuevo cuño, que fue condenado por un único voto de diferencia. Además de ser un dato poco preciso, tampoco importa mucho. Una vez puesto en marcha el proceso revolucionario, el destino de Luis XVI dejaba lugar a pocas dudas.

Una explosión de hambriento hartazgo popular decidió que ya estaba bien, se acabó que un gordo inútil celebrara fiestas moñas en el ampuloso Versalles y que su casquivana austriaca se hartara de marisco en Le Petit Trianon.

Es sobradamente conocido como acabó la cosa, las cabezas de los esposos ejemplares, sometidos a una afilada presión popular fueron separadas de sus regios cuerpos.

Francia alcanzó la ansiada igualdad, fraternidad y libertad para todos los ciudadanos - que no para las ciudadanas -  incluidos los pertenecientes a la familia de Luis Capeto.

La guillotina llegó para equiparar a los reos de muerte, se acabó eso de diferenciar a los nobles cortándoles la cabeza con el hacha, del populacho que - cuando era condenado a muerte - se le ahorcaba.

 Hicieron tabla rasa unificando los métodos de ajusticiar,  ¡Todos en la guillotina!

 La familia de Luis XVI  lo probó en sus propios cuellos.

Es comprensible la reacción de las realezas europeas al tener noticias del descabezamiento de la dinastía francesa ¿Qué iba a ser lo siguiente? ¡No se podía consentir! Pero tuvieron que hacerlo. Así que por conservar la cabeza, trataron de adaptar su manera de reinar a los nuevos tiempos.

Aunque no todos, los Borbón españoles, conocedores de la idiosincrasia peculiar hispánica decidieron buscar un general tras otro para que les solucionara los problemas.

Desde Espartero pasando por Narváez, Pavía o Serrano, un nutrido elenco de generales  decidió que España no era republicana por la gloria de dios.  Contumaces en el empeño han  conseguido que retornen los herederos de la corrupta huida Isabel II.

Vuelven pero no cambian ni mejoran, así el pornógrafo Alfonso XIII, cuando se percató que su cabeza pendía del mismo hilo que la de Luis XVI, encomendó a un general - Miguel Primo de Rivera -  cortar las alas reformadoras de los díscolos.

La jugada le sirvió durante un tiempo, al percibir que su obstinación en amargar la existencia de los españoles, podía conducirle a seguir los pasos de su antepasado francés, huyó como su abuela Isabel II. Él puso rumbo a Roma y aunque quiso hacerlo, nunca volvió.

El relevo del general Primo de Rivera lo cogió Franco, un golpista que sometió a España usando un monolítico catolicismo no exento de barbarie. Los cuarenta años de dictadura los remató el genocida imponiendo a un Borbón como Jefe del Estado.

Sin haber sido consultados los españoles mediante un referéndum con garantías democráticas, la familia del depuesto Alfonso XIII regresó al trono.

El día 17 de enero es una buena fecha para recordar. Si hay que perder la cabeza que todos estemos en igualdad de condiciones.

Sería deseable que antes del último adiós Juan Carlos I de España, el ciudadano Borbón, rinda cuentas de sus dudosos asuntos. Principalmente de los prescritos por una más que sospechosa y conveniente caducidad de fecha.

Así cerraremos el círculo con el final de la inviolabilidad estipulada y de la impunidad sobrevenida.

Haciendo la pascua

 Afortunadamente, ya han pasado dos de las fechas más significativas en cuanto a presencia del mejor preparado de los Borbón en las pantallas de televisión de nuestros hogares.

El  anacronismo constitucional que nos regala la presencia del marido de Letizia al frente de la Jefatura del Estado, es similar a la apertura de proceso judicial y sentencia ultra rápida de una acción delictiva que no se ha llevado a cabo. Listos que son los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional, capaces de predecir el futuro.

Somos conscientes de que el laberinto descrito es muy enrevesado, pero no somos los autores. Los artistas urdidores de semejante dislate fueron varios.

En primer lugar los llamados padres de la patria que tras larguísimos debates llegaron a la misma conclusión que anunció Franco: todo queda atado y bien atado. Y pensaron: “La mierda mejor no removerla”.

Así, Adolfo Suarez, que fue Ministro Secretario General del Movimiento  en el Gobierno de Carlos Arias Navarro, se convierte - desde la FET y de la JONS, (el chiquillo sólo fue falangista desde 1958 a 1977) - en un profundo demócrata. 

Dicen las crónicas de la época y las actuales lo confirman, que al joven falangista le debemos la modélica Transición traída de la mano del “Campechano”.

Luego hemos descubierto (aunque Victoria Prego tratara de ocultarlo) que Suarez no era tan demócrata – hurtó al soberano pueblo español la posibilidad de establecer mediante referéndum la Jefatura de Estado, porque según reconoció Suarez, tapando el micrófono, habría ganado la República – y el rey Juan Carlos…, pues eso.  El emérito vive donde vive, hace lo que hace y se dedica a lo que se dedica.

No se debe ser más explicito porque hay un artículo en el código penal que te mete en la cárcel si llamas ladrón a quién roba valiéndose del Estado, si denominas borracho al que bebe dejando en evidencia al Estado o si calificas como crápula al individuo que fornica usando medios del Estado. Si el ladrón, el borracho y el crápula es un Borbón debes de tener en cuenta que es legalmente inimputable, inviolable e irresponsable.  Sobre todo irresponsable.

De esta manera tan simple los padres de la patria no deshicieron el nudo franquista y los hijos nos hemos dejado llevar por la molicie sin reparar en las consecuencias.

Así, en una Constitución que quiere consagrar la laicidad del Estado, nos damos de bruces con el reconocimiento que se hace a la Iglesia Católica como mayoritaria y le otorga prebendas especiales de colaboración y ayuda.

De igual forma que es poco laicista la broma de los acuerdos con el Vaticano. Cuestan más de 11.000  millones de euros a las  teóricamente “aconfesionales” arcas públicas.

Aducido por el misticismo de su compañera, el inefable Aznar, retomó y amplió una ley franquista para permitir el expolio de más de 100.000 inmuebles que los obispos se han  auto concedido en propiedad.

En una Constitución que consagra la igualdad de las personas, no pudiendo ser discriminadas por cuestión de nacimiento, sexo, religión… nos encontramos que para ser la máxima  autoridad del Estado tienes que nacer en una determinada familia ¿Eso nos retrotrae a la Edad Media?  Según la carcunda hispánica no. Para la derecha y ultra derecha lo mejor es un rey, por nefasto que sea. Aunque sea un Borbón.

El Borbón actual, titular de la Jefatura del Estado, ha desplegado en los últimos mensajes toda su elocuencia constitucional y resulta que es muy poca.

Como buen miembro de una familia poco preocupada por las personas, se ha saltado el mandato de neutralidad política que le concede la Carta Magna, para acabar solicitando que los presupuestos generales del estado contemplen una mayor inversión en defensa. Nos sobresalta una inocente pregunta ¿Por qué en defensa? ¿No le inquieta al monarca la precariedad de la sanidad? ¿Acaso la educación no merece que el Jefe del Estado muestre su preocupación?

Por lo visto en los mensajes reales la respuesta es no. Por lo que hemos  oído, Felipe VI opina que es  mejor tener contentos a los generales que a los médicos. A los profesores ya los controlan los obispos a través de la escuela concertada.

La industria armamentística española tiene enormes intereses en los mini reinos del Golfo y de todos es conocido qué presunto golfo se ha trasladado allí.

Un aborto sin embarazo

 

Resulta que la consolidada democracia española está sufriendo goteras en su sistema de plena participación ciudadana.

Los padres de la Constitución articularon una norma general de convivencia basada en la coexistencia pacífica de tres poderes, que deberían ser independientes entre sí, para ejercer de contrapesos entre ellos. El problema estaría en conseguir que la independencia fuera efectiva.

El poder ejecutivo es elegido por un legislativo, que está supeditado a las directrices emanadas de los partidos, que a su vez sostienen y eligen las listas para ser diputado o senador. En estos términos, con escasa autonomía de los electos, independencia la justa.

El poder judicial, como poder que debe emanar de la soberanía popular, que es quién ejerce esa soberanía, tiene que admitir que sus órganos rectores estén supeditados a los vaivenes de la voluntad soberana del pueblo español. Lo que hay que debatir es como se plasma esa elección soberana en el Órgano directivo de los jueces.

Hasta el día de hoy lo que se lleva a efecto es el nombramiento de una parte de CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) a través del Congreso de los diputados.

Quiere esto decir que en el juego democrático, cuando la tendencia política se inclina hacia uno u otro lado, los tres poderes ven afectada su correlación de fuerzas en el mismo sentido.

Pero, hete aquí, que cada vez que el Partido Popular ha perdido su mayoría parlamentaria ha sometido al poder judicial a una parálisis de renovación insólita.

Con la primera victoria electoral de Rodríguez Zapatero fue aproximadamente un año y diez meses de caducidad lo que tuvimos que soportar un CGPJ caducado.

En la actualidad estamos superando los cuatro años de caducidad.

Esta situación, además de una anomalía democrática denota un absoluto desprecio por la voluntad que los españoles han explicitado en las urnas.

Los constitucionalistas dotaron al sistema de un Órgano de Garantías con la finalidad de avalar que las iniciativas legales se adecuaran a la Constitución. Nació el Tribunal Constitucional.

Aunque es llamado Tribunal, no pertenece al Poder Judicial. Las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional, a diferencia de las sentencias de tribunales de Justicia, se publican en el BOE y no son recurribles.

En pocas palabras, entre otras cosas nos dicen que leyes cumplen o incumplen la Carta Magna. Ni más, ni menos.

Labor tan ardua y difícil requiere un estudio pormenorizado que realizan exhaustivamente los letrados adscritos al propio Tribunal Constitucional.

Una vez los expertos informan a los miembros del Tribunal, este emite su resolución, normalmente de acuerdo con el informe de los expertos.

A veces, el Constitucional se demora algo en sus sentencias, por ejemplo en el caso de inconstitucionalidad de la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo lleva diez años y sigue sin pronunciarse.

Lo que sí se puede colegir son las argucias empleadas por un partido (PP) que intenta gobernar al margen de la composición de las mayorías parlamentarias. Pretende, mediante los togados, gobernar por la puerta trasera a través de los tribunales.

Por primera vez en la historia de los tribunales, judiciales o no, un Tribunal responsable del mantenimiento de la limpieza democrática ha estudiado la legitimidad de una ley que todavía no es ley.

El Tribunal Constitucional ha paralizado un debate político por si acaso los debatientes se equivocaban y decidían algo contrario a lo establecido en la Constitución.

Podríamos llamarlo interrupción voluntaria del debate parlamentario, o sea un aborto del feto legislativo. Ayuso reconocería derechos al nonato concebido y no nacido.

En este caso hay dos personas que se benefician del aborto; González Trevijano y Narváez, ambos ven prolongada un poquito su permanencia al TC ¿Prevaricación? Que los tribunales independientes decidan. Esto último da risa pero no tiene gracia.

El sociolisto Lamban

 

En nuestro querido Aragón seguimos asistiendo a nuevos capítulos de las excentricidades políticas de Javier Lamban.

Ya resulta bastante deplorable soportar al personaje como presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, como para aguantar sus irrefrenables ansias de ser algo más.

El patológico patetismo de Lamban empieza a ser preocupante. Son muchas las personas que opinan acerca de lo sobrevalorado que está un ser tan improductivo como Lamban, al ser nombrado presidente de cualquier cosa que no sea la comunidad de vecinos. Aunque esta opción es posible que también le venga grande.

Su penúltima excentricidad ha sido intentar retractarse de una opinión fuera de lugar sobre su secretario general.

El pobrecito no recuerda que Pedro Sánchez fue avasallado, vejado, zarandeado e incluso agredido por individuos como él, los cuales no admitían la distancia política que existe entre el PP y el PSOE por pequeña que fuera.

El no es no de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, derivó en una guerra civil del socialismo de mesa camilla del PSOE, auspiciada por los poderes que años atrás convirtieron al PSOE en una penosa caricatura de partido de izquierdas.

Todo por intentar cerrar la entrada de otra izquierda más beligerante ideológicamente con el parto del 78. Pedro Sánchez fue acorralado, ninguneado e incluso agredido por su correligionarios socialista - ¿socialistas? - por tener la osadía de no tragar con la opción corrupta del PP.

Tras la peregrinación pueblo a pueblo, sede a sede, federación a federación, Pedro Sánchez resurgió de su propio entierro.

A continuación tenemos una historia conocida, con el nunca suficientemente reconocido apoyo de Pablo Iglesias, consiguió desalojar del palacio de la Moncloa a M. Rajoy, en sede judicial todavía les cuesta relacionar esa denominación con el presidente Mariano Rajoy.

Llegados a este extremo tendríamos que recordar la historia y una vez visto que los paradigmas democráticos funcionan más o menos, congratularnos de la expulsión del Gobierno de un partido condenado en sede judicial.

¡Pero no! la tendencia es declarar al gobierno que nace tras la moción de censura de Gobierno okupa. Como si las mociones de censura presentadas por el PP no hubieran sido consideradas legitimas si hubiesen triunfado.

Ni siquiera el Gobierno que se establece tras las elecciones es reconocido como legal porque parte de los diputados que lo apoyan son de tendencia e ideología nacionalista catalán y vasca.

Y en ese punto coinciden algunos “sociatontos” como Page y Lamban. A García Page lo dejaremos para un capítulo en exclusiva, hoy vamos a centrarnos en Javier Lamban.

El muchacho es un personaje que gobierna en la comunidad autónoma de Aragón con el apoyo y beneplácito del Partido Aragonés Regionalista (PAR), probablemente una de las formaciones políticas con genética ideológica más representativa  del rancio derechismo hispánico.

Sus declaraciones y posteriores retractos explicando que las decisiones del PSOE hubieran sido otras si Javier Fernández - presidente de la gestora - hubiese disputado la secretaria general a Pedro Sánchez, no se sabe muy bien si provoca risa o llanto.

El hombre, de flaca memoria y menos compromiso, no recuerda que Susana Díaz - en palabras de Lamban  señalada por los dioses del socialismo – disputó a cara de perro las primarias a Pedro Sánchez. Para desgracia de Lamban y muchos otros perdió Susana. Aún a pesar de ser avalada por personajes como Javier Lamban, O quizás por ese aval.

Hoy el presidente de Aragón alardea de no actuar condicionado por la directiva del PSOE, de Ferraz, ni por la presidencia del Gobierno en Moncloa. Una versión actualizada de la zorra y las uvas.

Si hay una cosa que no extraña de Javier Lamban es su camaleónica visión del devenir político.

Las elecciones municipales y autonómicas son antes que las generales. Así que un par de pataditas a  Pedro Sánchez difundidos por todos los medios de comunicación - seguidas de unas rectificaciones de parca  repercusión informativa - puede que sirvan para mantener en el puesto a un personajillo de tal calidad, eso sí con la impagable colaboración de los gloriosos descendientes del PAR.

La penúltima ocurrencia de Lamban (la última está por llegar)  ha sido la de alabar el bipartidismo PP/PSOE, precisamente ahora que la presidencia de la comunidad de Aragón se sustenta en un acuerdo de cuatro partidos ¡Le faltan luces incluso para elegir el momento!

La caída política de Javier Lamban es un hecho sabido incluso por Lamban, falta conocer el lugar y la hora. No será muy lejos, ni muy tarde.

Posicionarse contra o a favor de Pedro no le va a  acarrear más problemas ni adhesiones de las que ya tiene o carece.

Únicamente le retrata como lo que es y lleva años representando: un pobre individuo sin ideología cegado por la ambición y mamando de un sistema que encumbra a personajes de su triste perfil.

Pero tranquilo Javier, todos los presidentes autonómicos inútiles alcanzáis un destino común, igual que Fraga y Feijoo, el Senado te espera. Ahí tienes, bipartidismo en estado puro.