martes, 16 de enero de 2018

Guillotinas de chirigota

El año se ha despedido después de las “entrañables” fiestas, la felicitación real, los sorteos de lotería y los atracones de comida acompañados de los chistes del cuñado, los consejos del suegro y los lloros de los sobrinos gritones.
El año que entra lo hace en clave festiva, uvas, cava, besos y buenos deseos. Se espera de la nueva temporada que traiga mejores condiciones que las que proporcionó su predecesor.
La miopía popular y sus supersticiones hacen el resto. Para alimentar estas últimas nunca faltan trovadores camuflados de periodistas que cantan las virtudes de los mandamases.
Entre los pudientes destaca una familia que ha padecido durante los últimos años pesadillas inimaginables en sus regios sueños.
Los Borbones han tenido que reciclarse a toda prisa. Corrían el riesgo cierto de que  desapareciera de súbito la  estulticia endémica de sus súbditos. Entonces el país que antaño gritó con orgullo “vivan las caenas”  podría despertar de su letargo para pedir cuentas a la corporación monárquica. Es decir, hacer lo mismo que hicieron nuestros vecinos al otro lado de los Pirineos allá por 1789.
 Aunque parece que por ahora pueden respirar tranquilos los amantes del régimen instaurado por el general Franco.
Para adoctrinar a la plebe las televisiones públicas estatales obsequian a la paciente audiencia  con un infame panegírico publicitario de la realeza,  un panfleto ensalzador de sus encomiables logros.
Detrás de las alabanzas al “Emérito” por su 80 cumpleaños, se esconde la necesidad de ocultar los infortunios acaecidos durante la última fase de su reinado.
El comienzo del periodo juancarlista ya resultó anacrónico, nombrado por el dictador como sucesor a título de rey nunca se sometió a un verdadero plebiscito sobre la forma de Jefatura del Estado.
La Constitución se acomodó a la ley de sucesión franquista que le otorgaba la Jefatura al Borbón. Dicen que se hizo para no molestar a otros poderes que pudieran estropear la “Modélica Transacción”. Eso sí, el rey se reservó el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas y seamos realistas, eso es mucho mandar.
Como lo que mal empieza mal acaba, su periodo terminó entre escándalos de caza de elefantes, de princesas Corinas, de yernos condenados por delitos varios, de hija procesada y curiosamente exculpada por su condición de mujer florero, finalmente abdicó en alguien muy “Preparado” para preservar a la institución.
Antes  se protegió el monarca saliente manteniendo el mismo estatus de inviolabilidad, inimputabilidad y falta de responsabilidad que disfrutaba en activo.  No fuera a ser que cualquier fisgón desaprensivo – deseoso por conocer la procedencia de su extraordinaria fortuna - decidiera investigar la relación de la augusta persona  emérita con amigos extraños y al tiempo llegara a conocer su estrecha relación con dictadores portadores de   turbantes.
El advenimiento del segundo Borbón - tras la reposición monárquica post franquista - estuvo plagada de episodios con nubarrones. Decidió casar con una periodista y de esta forma tener un matrimonio morganático. Esa es la calificación que las casas reales otorgan a la unión  realizada entre desiguales.
De hecho Juan Carlos debe a la regla de no casar con la plebe, que Juan de Borbón (su padre) fuera reconocido legítimo heredero al trono y que el dictador Franco respetara (con su peculiar manera) la legitimidad sucesoria para inclinar su elección a favor de “Juanito” y nombrarle heredero de su despreciable régimen fascista.
No olvidar que el primer heredero de Alfonso XIII, su hijo Alfonso - Príncipe de Asturias - había renunciado a sus derechos dinásticos para casar con una plebeya. Felipe no se planteó esta cuestión ni otras muchas. Si hubiera sido coherente con la institución y hubiera renunciado (igual que su tío-abuelo) a la corona por amor, la reina hubiera sido Elena y el próximo monarca se llamaría Felipe Juan Froilán de Marichalar y  Borbón.
El Preparado rozó la oportunidad de darle un aire de moderna legitimidad a un reinado nacido de la sucesión por un nombramiento dictatorial pero no pudo, no quiso o no se atrevió.
Pudo someterse a la voluntad de los ciudadanos y buscar desautorizar las voces que proclamaban y  pregonan la falsedad de su ascensión a la Jefatura Estatal pero no lo hizo. En su lugar, el día de su coronación, la delegada del Gobierno en Madrid - Cristina Cifuentes - articuló un despliegue policial en el recorrido de la comitiva real  que bien podría haber sido la envidia de los estados absolutistas del siglo XIX.
Pasado el tiempo Cifuentes se disculpó un poco por los excesos cometidos, pero los detenidos y represaliados ya habían sufrido su exceso de celo monárquico.
Para Felipe VI todo resultó normal, al fin y al cabo no es asunto de reyes dar la sensación de respetar los derechos de quienes les mantienen. Para semejantes menesteres están los medios informativos leales y afines. Ellos son quienes  tienen la obligación de vender esa fantasía.
En los demás casos los jueces y fiscales procurarán poner adecuado remedio a los excesos de los díscolos. En estos supuestos resultan muy eficaces las multas y penas de privación de libertad.
No hace mucho, a un contribuyente al sostenimiento de la familia real, le ha sido impuesta una multa de 7200 euros por silbar al himno “chuntaaa – chuntaaa…” durante un partido de futbol  presidido por su augusta majestad. Los delicados oídos reales pueden sufrir ante la música de viento provocada por los revoltosos.
En Cádiz se ha presentado una chirigota que hace partícipe al público con una inocente interrogación. Son los asistentes quienes deciden si se condena a la guillotina  a Puigdemont. Los junta-letras oficiales encuadran el espectáculo  dentro de la libertad de expresión.

¿Alguien es capaz de imaginar la condena que recibirían los miembros de la chirigota si la protagonista de la pregunta fuera una regia figura? y ¿la consiguiente reacción de la prensa apesebrada? Da dolor sólo imaginarlo.

viernes, 5 de enero de 2018

Los reyes de las cabalgatas

En estas “entrañables fechas” se repiten cíclicamente comportamientos humanos y sociales. Unos personajes, los de siempre, intentan apropiarse de las celebraciones atribuyéndoles consideraciones religiosas como si se tratara de un dogma al que debemos estar sujetos todos los habitantes del país, creyentes y no creyentes, crédulos e incrédulos.
Así las corrientes que no contemplan la religiosidad de las celebraciones y festejos de las vacaciones de fin de año son sistemáticamente maltratadas e insultadas  como  si - por no tragarse la llegada del niño - tuvieran  que ser privados de derechos laborales.
La tarde/noche del día 5 de enero se ha consolidado una fórmula comercial que favorece a determinados comerciantes que impulsan a las masas a gastar lo que no tienen en los regalos de la noche de Reyes. El consumo es convenientemente incentivado por las cabalgatas patrocinadas con los caramelos de entidades bancarias y reforzadas publicitariamente por conocidos centros comerciales.
Este desfile de carrozas es considerado viable siempre y cuando los mandamases  de la corporación que organiza el evento y que es responsables de pagar los  fastos, sean pertenecientes al partido de los sobres. Al de #MarianoPuntoRajoy o colegas  Secretarios Generales (Acebes, Arenas, Álvarez Cascos…) que en Sede Judicial  se despacharon con escuetos “no sé, no me consta” “no recuerdo, vaya usted a saber”.
Estos personajes de escaso bagaje intelectual arremeten furibundos contra las disposiciones de los ayuntamientos y corporaciones que intentan hacer lo mismo que han hecho siempre: promocionar y colaborar con la cabalgata del día 5 de enero para disfrute de la población.
Que el máximo responsable del PP nos felicite por error el 2016 es irrelevante, igual que lo fue que confundiera una  catástrofe ecológica con unos hilillos de plastilina. Tenemos que ser conscientes que este presidente es el mismo que gritaba que España se rompía y que ahora la tiene partida.
Un señor que ha tenido que declarar ante el juez acosado por los casos de corrupción de su partido no va a poner sensatez entre sus acólitos. Es un individuo que no va a admitir ningún tipo de responsabilidad política porque se siente impune y que no está capacitado para discernir lo que está bien de lo que no. Este hombre camina sobre las aguas fétidas sin hundirse. Eso sí, camina muy deprisa o corre muy despacio, según se mire.
Una corriente política con centenares de imputados  pretende darnos lecciones de proceder social. Esa es la opción que pretende marcar las pautas de comportamiento. Estas personas sumidas en un fangoso cieno de desvergüenza son los que tratan de dictar las normas de conducta.
Seguramente habrá muchísimos más ejemplos que traer a colación, pero en una muestra de magnánima generosidad únicamente nos referiremos a la cabalgata de reyes que se celebra en Madrid.
Sucede que un tipo que ostenta el cargo de portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital del Estado ha arremetido contra Manuela Carmena, y naturalmente lo ha hecho apoyándose en el eslabón más  fuertemente débil  de la cadena de la manipulación: los niños.
¿Quién puede resistirse ante la defensa de la inocencia de los chiquillos?
Por supuesto Cristina Cifuentes - la sucesora de Ignacio González -  ha dudado muy poco en saltar a la palestra y posicionarse a favor de proteger el candor infantil.
Resulta muy ilustrativo, comprobar cómo los mismos que atentan contra la ley de la Memoria Histórica o la Ley de dependencia vaciándolas de contenido con la perversa estratagema de dejarla sin dotación presupuestaria, se abren las carnes argumentando una especial lucha por la defensa de determinados instantes de la infancia.
No importa que un padre maltratador aterrorice a los niños cuando su imagen les recuerda las palizas a su madre. Los supuestos derechos del delincuente prevalecen sobre los intereses del menor.  Judicialmente los niños están obligados a pasar interminables condenas de sufrimiento los fines de semana que acaban siendo un doloroso castigo en forma  de custodia paterna ¡Curioso!  
Esta norma legal es fácil de modificar, muy fácil.  Si no se hace es por la resistencia del Partido Popular a legislar medidas de justicia social que favorezcan el desarrollo de los derechos de las mujeres. Esa neutralidad da pie a jueces y fiscales para cebarse con las víctimas de la violencia machista amparados en la supuesta garantía procesal.
Este régimen garantista es una gran mentira. En realidad es una clase de violencia ejercida desde el patriarcado más reaccionario enraizado en los ancestros del poder judicial heredero de épocas que deberían haber sido superadas con el advenimiento de la “transacción”  democrática.
Recientemente hemos conocido la actuación de una fiscal reprochando a una mujer víctima de violencia de género no tener suficiente con las medidas de protección dictadas. Los noticieros han llenado espacios con la intervención de la servidora pública de la justicia. A la fiscal ni le importan ni  le hacen mella los temores de la maltratada.  Muchas muertas sufrieron antes el mismo desprecio.
¿Qué impulsa a esta clase de políticos a hacer campaña en cualquier circunstancia? Sabemos que no respetan nada pero ¿No somos culpables por permitirles todo?

La cuestión no son las carrozas, ni la cabalgata, ni los niños, en el fondo se trata de mantener el estatus de poder cercenando cualquier atisbo de resistencia de las clases desfavorecidas. La consigna es ¡Gloria a los reyes! sean magos o no.

martes, 19 de diciembre de 2017

La alegria del monasterio


Es un pueblo pequeño de la provincia de Huesca, en Aragón casi todos los pueblos son de tamaño reducido, pequeños, despoblados. Uno de los problemas que padece nuestra tierra es la huida constante de sus gentes hacia lugares mejor tratados. Pero ese es otro asunto.
Pues bien, Villanueva de Sigena ha pasado a primerísimo plano de la actualidad nacional, ahora existe, o al menos ha dejado de ser un lugar anónimo. 
Para no ser excesivamente latoso, vamos a resumir la trama.
Se desarrolla en escenarios tan dispares como un monasterio, un museo y algunos juzgados. Los actores deambulan por arzobispados, ministerios  y  “consellerías”. 
Los variopintos personajes se interrelacionan entre sí en un baile de intereses y vanidades. Obispos enfrentados en defensa de sus diócesis, gobiernos autónomos luchando por unos bienes que nunca les han importado ni han defendido y monjas mercaderes vendiendo lo que no les pertenece. 
Finalmente han llegado a las Cortes  de Aragón los informes de 22 de los 43 Registros de la propiedad que operan en Aragón y las cifras son escandalosas. Los datos registrales atestiguan que desde 1998 la Iglesia Católica ha inmatriculado (inscrito a su nombre) más de 1700 bienes inmuebles. 
Cuando lleguen los resultados de los Registros que faltan es fácil que la cifra supere los 4000 edificios de interés público y cultural que la Curia se ha apropiado. Si fuera posible remontarse a fechas anteriores a 1998 las cantidades de propiedades usurpadas pueden ser escandalosas.
¿Estará el monasterio de Villanueva de Sigena entre los bienes  despojados? 
Por fin ha salido a la luz el expolio llevado a cabo. A día de hoy ninguno de los diferentes gobiernos aragoneses se ha preocupado por recuperar la propiedad pública de los miles de bienes que  la Iglesia Católica se ha arrogado. Una torticera ley - enraizada en el más profundo Nacional Catolicismo del franquismo y modernizada por un presidente de Gobierno con ínfulas de Napoleón mesetario - permitió a la iglesia católica quedarse con bienes comunales. 
Aznar acostumbra a ocultar sus complejos tras una gran dosis de soberbia. Desconocemos el motivo que le impulsó a regalar parte del patrimonio nacional a los curas. Quizás para agradar a su cónyuge legionaria de Cristo antes de un café - relax  en la Plaza Mayor.
Ahora que Méndez de Vigo (un ministro simpatizante  del OPUS) ha adelantado los regalos navideños para que su hermano  -Vicepresidente de la orden de San Juan de Jerusalén - reciba con fraternal amor los bienes que un juez había ordenado devolver. Sería conveniente explicar si es común desobedecer mandatos judiciales o solo pueden hacerlo determinados Obispos, Arzobispos, otros clérigos y monjas sin que la autoridad judicial reaccione.
Como ejemplo de desobediencia sirva la actuación del Arzobispo de Almería cuando dijo que no va a cumplir la sentencia de Magistratura de Trabajo por la cual se le ordena readmitir a una profesora de Religión. La profesora fue despedida y el despido declarado nulo.  El Obispo no obedece y el magistrado sigue sin actuar contra el desacato. La consiguiente indemnización, al igual que los salarios, los pagamos todos vía subvenciones a la Iglesia Católica.
Cualquiera diría “con la Iglesia hemos topado”, entonces… ¿Nos conformamos con eso?
¿A qué tanta alegría? ¿Por qué nos enloquece la devolución de las obras al monasterio?  
Unas actrices importantes de este melodrama son las monjas que vendieron las obras de arte. Parece ser que las piezas estaban catalogadas como Patrimonio Nacional. A pesar de esta condición fueron vendidas y “religiosamente” pagadas ¿Tampoco ve la fiscalía responsabilidad penal en la operación fraudulenta de venta?
Francamente, es irrelevante qué Obispado acaba poseyendo los bienes, Lérida o Huesca,  carece de trascendencia a quién otorgamos su propiedad si previamente no es reconocido su carácter de bienes públicos tramposamente expoliados. Nuevamente Europa tendrá que acudir en nuestro auxilio, ya han sido dictadas sentencias condenatorias contra el Estado español por el uso infame de esa ley injusta. 
Cuando transcurrido el tiempo Lambán se entere de lo que está pasando con el patrimonio artístico/cultural aragonés probablemente caiga de hinojos y acuda a pedir consuelo a la señora andaluza “tocada” por los dioses del socialismo.
Nuestra certeza es que ni así conseguirá entender la obligación que tiene de defender los bienes públicos de la rapiña de los usurpadores aun cuando estos sean mitrados eclesiásticos.

jueves, 7 de diciembre de 2017

Las otras manadas

Encontramos tantos ejemplos de falta de rigor jurídico que provoca escalofríos pensar en manos de quien estamos.
Sería conveniente empezar a colocar a cada uno en su sitio. De la derecha mediática sabemos que no tenemos que esperar objetividad informativa, con el pesebre no se juega.
Ahora bien, deberíamos intentar que se vieran obligados a ser ecuánimes los medios de comunicación que se tildan de neutrales, hay que empezar a decir que existen otras formas de informar. Cuando un juez acapara la atención por dictar autos extraños, debería ser obligado a fundamentar el auto con alguna coherencia legal que no arguyera una sarta de memeces encontradas en el estercolero de su ideología.
El respeto a la JUSTICIA tiene que ser un parámetro de comportamiento, pero a la JUSTICIA con mayúsculas, no al simulacro con el que nos obsequian  un día sí y otro también tribunales tan politizados que únicamente les falta llevar la chapita del partido que les patrocina.
Hemos oído con más frecuencia de lo deseable la consabida frase de “respetamos y acatamos la sentencia aunque no la compartimos”, pues si no la compartes ¿Cuál es el oculto motivo que te induce a respetarla? acatarla entiendo que se haga; no queda otro camino pero ¿Respetarla? ¿Por qué razón?
¿En qué genoma de nuestro ADN tenemos grabado el respeto a las situaciones arbitrarias generadas por  la caprichosa interpretación que un individuo hace de determinado articulado del Código Penal?
Resulta de todo punto claro y notorio que nuestro sistema judicial necesita un urgente paso por la disciplina democrática. Alarmantemente carece de un sistema eficaz de control de calidad.
Los informativos abren a diario con noticias en clave judicial. Los tribunales hispánicos – Constitucional y Supremo – ya han sido corregidos por los Organismos Judiciales Europeos  en más ocasiones de las deseables. Con esos precedentes es bastante complicado poder alardear de democracia moderna y sólidamente consolidada. La retirada de la petición a Bélgica huele más a estratagema jurídica que a deseos de impartir justicia. La nueva versión parece encaminada a evitar una bofetada judicial en forma de desaire. La extradición solicitada a Bélgica a través de la euro-orden corría serios riesgos de ser rechazada.
A pesar de todos estos historiales y de otros muchos que nos dejamos en el tintero, debemos de seguir manteniendo un determinado grado de confianza en las entidades jurídicas españolas. Aún cuando estas sigan estando inmersas en una especie de limbo esterilizador que las ha mantenido al margen de los avances democráticos. Sin un alto grado de fe ciega es muy difícil aceptar algunas conductas de los magistrados, algunas de sus disposiciones judiciales y bastantes sentencias “dirigidas”. Por no hablar de los “afinamientos” de la Fiscalía.
La comisión de un delito es – sobre todo – un ataque al estatus humano de convivencia en sociedad. Ahora bien,  una vez están establecidas las reglas la cuestión es: ¿Cómo se articula su cumplimiento?
Desde los albores de la humanidad los entes sociales han buscado fórmulas para convivir. La depravación de los próceres les llevó a asimilar las normas comunales con la defensa de sus privilegios. Todo para conseguir  que “sus” deseos fuesen amparados y mantenidas “sus” prebendas.
Mediante sucesivas luchas y avances sociales se han ido desarrollando escenarios con la finalidad de ir equiparando derechos y alcanzar la igualdad ante la ley. En clave nacional española lo más que se ha conseguido ha sido este simulacro de  democracia - que en la actualidad padecemos - en sustitución de la legal y legítima II República que resultó violentamente aplastada.
Una siniestra  deficiencia del llamado régimen 78 fue NO restituir el daño ocasionado por un delito sangriento cometido en el periodo 1936/39 y consolidado hasta el 20 de noviembre de 1975. La perversidad de los constituyentes fue no intentarlo siquiera. El franquismo sigue sin ser institucionalmente condenado.
Las celebraciones del 6 de diciembre recuerdan todos los años la hipócrita humillación que fue admitida. El régimen impuso sus condiciones haciendo sonar los sables. Los opositores se vendieron lánguidamente y cayeron en un plácido sopor del que todavía no han despertado.
Nunca se van a desclasificar los documentos que nos acerquen a entender porque se rindieron. La amenaza de involución está tan puerilmente manida que 39 años después sigue sirviendo para todo.
 La transición se realizó en un bazar de vanidades en el que la monarquía recuperó aquello que la justicia social le había arrebatado. Bajo el paraguas monárquico se recuperó la injusticia que hoy padecemos.
Sólo era cuestión de tiempo.


viernes, 24 de noviembre de 2017

Ocultos tras las sotanas

Con frecuencia resultan sorprendentes los argumentos que se usan para inclinar la balanza de la justicia del lado que mejor favorezca los intereses personales de cada cual.
No se para en mientes en la utilización de cualquier tipo de recurso. Es de todo punto intrascendente si la prueba  propuesta carece o no de validez, no importa. La finalidad que se persigue es lo fundamental.
Para convencer a la jueza de la pertinencia de su salida de prisión, los miembros del Govern encarcelados han puesto toda la carne en el asador, ¿Mediante argumentos jurídicos? Pues no. En varios casos a través de mostrar su fe o exhibiendo su conciencia religiosa ¡Qué poder tan inmenso deben de tener las creencias para poder ser utilizadas en sede judicial!
Oriol Junqueras ha utilizado para su defensa su condición de creyente (católico suponemos). Según el ex vicepresidente de la Generalitat ser piadoso imprime carácter de anti violencia. En opinión de la defensa de los encarcelados esta cualidad resulta incompatible con el delito de rebelión. Olvidan Junqueras y compañía los numerosos episodios en los que, en nombre de algún dios, se ha utilizado la brutalidad contra inocentes.
En nuestro país no hace tanto tiempo que se han dado ese tipo de acontecimientos luctuosos. A día de hoy las cunetas españolas siguen llenas de cadáveres de ajusticiados por unos asesinos que mataban - entre otros - a incrédulos y discrepantes con su fe. El solar patrio era en esos momentos el patio de recreo particular para creyentes católicos, apostólicos y romanos. Estos hechos muestran que tener determinada ideología religiosa no representa una vacuna contra la barbarie por mucho que Oriol lo atestigüe.
Tal y como pretenden los ex consellers, la asistencia a misas y trabajos parroquiales tampoco son antídoto contra la violencia delictiva, no serán los primeros ni los últimos caciques que después de una buena comunión apalean a los descreídos. Sin ir más lejos el 20N se ofició misa en memoria del genocida responsable de que en la actualidad sigan existiendo fosas comunes por los campos de este país. 
¿Tanta importancia sigue teniendo la Iglesia Católica en el estamento político – social español?
Pues parece ser que sí, teniendo en cuenta que esas creencias religiosas están siendo  invocadas para paliar las responsabilidades emanadas por actuaciones políticas presuntamente delictivas.
Organizaciones laicistas  se han cuestionado en innumerables ocasiones la indefinición constitucional en materia de separación Iglesia/Estado.
El artículo 16 de la carta magna establece la aconfesionalidad  del Estado, pero el 16.3 implanta el singular trato que debe tener la Iglesia Católica y para compensar  extiende el buen trato a todas las demás confesiones sin nombrarlas. Es decir, abre la puerta de la multiconfesionalidad para mantener disimulados los privilegios otorgados a la religión predominante: La Católica.
Considerando el laicismo como una corriente de pensamiento o ideología que defiende la existencia de una sociedad organizada de forma independiente de las confesiones religiosas, suena chocante que se quiera utilizar la pertenencia a una determinada creencia para justificar el buen comportamiento ciudadano ¡Claro, que ser confesionalmente adepto tapa muchas carencias!
Sin ir más lejos, la condición de católico, apostólico y romano  permitió al señor José Antonio Sánchez Domínguez, Presidente de la Corporación RTVE, justificar la retrasmisión de las misas dominicales y no dar cobertura informativa a un acontecimiento de relevancia social.  Según Jose Antonio Sánchez carece de importancia que se celebre en Madrid el día mundial del Orgullo Gay ¿Quizás debido a algún ramalazo de homofobia? No sería de extrañar teniendo en cuenta las opiniones de destacados obispos de su credo.
Para compensar la ausencia de rigor informativo acompañó de proselitismo religioso su comparecencia en el Senado. A fin de justificarse nos regaló la transcendental noticia  de su adscripción  religiosa. Estos  personajes que utilizan las doctrinas como escudo de sus incompetencias lo hacen con la finalidad de negar la situación social que les rodea. A los ciudadanos ¿Qué les importan sus creencias?  

Exactamente igual  que a los magistrados de la Audiencia Nacional les debe importar un higo si los imputados van a misa o pecan con descaro. Si vivimos en un Estado de Derecho la preocupación de las jueces deberá ser si se han cumplido o dejado de cumplir  las leyes humanas, no las divinas.

martes, 14 de noviembre de 2017

Mujeres asesinadas

La semana pasada fue asesinada otra mujer, una más, en esta ocasión en la localidad alicantina de Elda. Esto último es irrelevante, podía haber sido en cualquier otro sitio, la barbarie se extiende por toda la geografía hispánica sin distinción de territorios, regiones o nacionalidades. En cuestión de bestialismo el macho ibérico únicamente  muestra una seña de identidad; su ancestral machismo.
Jessica, al igual que otras muchas asesinadas, había denunciado a su asesino por malos tratos. El infame sujeto estaba condenado por violencia domestica y un juez había dictado una orden de alejamiento. Nada de eso  protegió a la mujer de la irracionalidad del macho furibundo.
Ni siquiera salvó la vida de Jessica un hecho relevante: la policía detectó el incumplimiento de la orden de alejamiento y en prevención de lo que posteriormente sucedió detuvo al asesino y le puso a disposición judicial.
A pesar de las múltiples señales enviadas, el juez de guardia no halló motivos suficientes para mantener detenido al violento. Existían varios motivos: amenazas, incumplimiento de dictamen judicial, desobediencia… pero el juez de guardia no vislumbró  nada. No llegó a pisar los calabozos.
Muchas veces se habla del corporativismo profesional que impele a determinados gremios a dictar disposiciones o adoptar medidas que favorezcan a sus miembros. Jessica tuvo la mala suerte de dar con un magistrado al que ni siquiera la desobediencia a la  sentencia de un colega le impulsó a proteger la vida de una mujer. Señoría ¿No le pareció relevante la ruptura de la orden de alejamiento?
No es la primera vez que se muestra la inutilidad de las órdenes de alejamiento si no hay una vigilancia efectiva del cumplimiento de la misma. Hoy día existen medios tecnológicos más que sobrados para alertar a las fuerzas de seguridad, a las posibles víctimas y a las autoridades de los incumplimientos de los dictados judiciales. Creíamos que era cuestión de voluntad política, pero sobretodo de disponibilidad de medios. Pues no, con el asesinato de Jessica se ha descubierto una nueva vertiente de la inutilidad del sistema. Ahora también sabemos que la incompetencia judicial es otro de los factores de riesgo.
Las autoridades responsables de garantizar la seguridad de las personas han demostrado en multitud de ocasiones su falta de sensibilidad y la extraordinaria  ineptitud que les adorna en su cometido de salvaguarda de las mujeres.
Solo tenemos que recordar las manifestaciones del Delegado del Gobierno en Aragón (Gustavo Alcalde) que tras el asesinato de Soraya,  para justificar la ausencia de medidas de protección, esgrimió como argumento la distancia a la que vivía su agresor ¡Como estaba a unos cientos de kilómetros, a nadie se le ocurrió pensar que en 4 horas podía llegar y asesinarla! El caso de inutilidad administrativa es tan sangrante que escuece solo recordarlo.
El asesinato de Jessica ha roto los moldes, con ella sí saltaron las alarmas y funcionaron los protocolos, las fuerzas de seguridad han cumplido con su cometido. El juez estaba en otros asuntos, es imperdonable la laxitud de comportamiento y mucho más condenable tras las terribles consecuencias.
Entre las figura penales que se contemplan en los casos de asesinato encontramos  al autor como protagonista principal, a continuación puede haber cómplices, encubridores y colaboradores. Todos ellos tienen un grado de responsabilidad penal. Entre los colaboradores existe una figura de especial preeminencia  y es la de colaborador necesario.
Si el juez hubiera mantenido preso al asesino el tiempo legal permitido en un caso de la gravedad del que nos ocupa, tal vez Jessica seguiría entre los vivos, con su hijo.
Pero no, el juez decidió que no había peligro para la mujer amenazada y que el incumplimiento de la sentencia dictada por otro juez no merecía ser castigado ¡Enhorabuena señoría, no ha puesto usted ningún impedimento  para que un asesino cometiera su crimen!

Quizás sea merecedor de que otro juez con otra sensibilidad y mayor diligencia considere que sin su dictamen de puesta en libertad inmediata el asesino no habría podido perpetrar el asesinato.

sábado, 4 de noviembre de 2017

Indignación domada

Llevamos una larga temporada asistiendo a un penoso espectáculo patrocinado por nuestra clase política. Naturalmente nuestra indolente conformidad tiene mucho que ver en el comportamiento de quienes nos gobiernan.
Hemos permitido excesivos abusos, la indignación se nos ha disipado rápidamente, con un poco de chapa y pintura nos han vendido una tartana vieja como si fuera un vehículo de última generación y nuestra ira se ha escapado por el vertedero del conformismo.
Resulta un desafío a la inteligencia la postura adoptada por los alimentadores de opinión y no pocos analistas políticos.
Sí; la jueza Lamela ha dictado prisión sin fianza para el vicepresidente Junqueras y siete de los Consellers del Govern. Analizada la trayectoria reciente de la jueza ¿Esperaba alguien otra cosa?
Parece que nadie recuerda que es la misma magistrada que mantiene en prisión -  acusados de terrorismo - a los detenidos por una pelea de bebidos en un bar de Alsasua. También es La misma que recientemente  ha dictado prisión para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, después de oír  al fiscal retorciendo la ley.
¿A quién le extrañan las decisiones de la jueza? ¿A qué viene tanta sorpresa?
Las expresiones que se están vertiendo sobre la politización de la justicia vuelven a ser un nuevo ejercicio de doblez sin ningún valor. En este viejo arcón caben prácticamente todas las formaciones políticas.  El PP es solidario con las actuaciones del Fiscal General del Estado como máximo responsable de su nombramiento.
Misma responsabilidad de nombramiento que ejerció el PSOE cuando ostentaba el Gobierno de la Nación. Esto nos señala a unos primeros responsables de la politización judicial.
Pero no son los únicos; en no pocas ocasiones, ambos partidos, han gobernado con los apoyos de formaciones como el PNV que hoy se rasgan las vestiduras con las decisiones del PP que ellos apoyan vía presupuestos generales. Y de otros como antigua Convergencia Democrática (hoy el PdCAT) que ahora sufren en sus carnes la acción judicial auspiciada por sus ex amigos.
El partido de Ciudadanos Españoles y de la JONS cumple fielmente con su cometido de partido muleta y aplaude fervorosamente que la fiscalía actúe como órgano transmisor del Gobierno.
Tanta pose hipócrita aburre, cansa. Que la judicatura está tremendamente politizada es un mantra que recorre la sociedad española desde que se hizo real la desdichada Transición. El Poder Judicial quedó al margen de cualquier  transformación. Si hubiera que nombrar una esfera del Estado de Derecho donde la democracia no ha hecho acto de presencia, una gran mayoría de personas nombrarían sin dudar al estamento judicial.
Los miembros de los altos tribunales son elegidos a través de las formaciones políticas. Las luchas por colocar afines en los puestos de decisión judicial son por todos conocidas, muchas de las decisiones y sentencias judiciales atufan a oportunismo político. Sistemáticamente los partidos de la alternancia han bloqueado las renovaciones del Tribunal Constitucional cuando  han estado a expensas de alguna sentencia.
Con todos estos antecedentes, son una broma de mal gusto  las declaraciones de sorpresa y estupefacción cuando alguien comprueba que la justicia se acomoda al dictado del gobierno de turno (fundamentalmente durante el periodo de instrucción de la causa). Durante este periodo procesal el magistrado instructor suele seguir las peticiones de la Fiscalía. Ya hemos dejado aclarado quién nombra al Jefe de los fiscales.
Escuchar al portavoz Méndez de Vigo decir que desde la Constitución de 1812 existe separación de poderes en España es motivo suficiente para mandarle al colegio a repasar algo de la historia constitucional de este doliente reino.
Además de una burla a la inteligencia es un insulto para las víctimas de las múltiples épocas de absolutismo borbónico y dictaduras varias que desde la aprobación de la “Pepa” han padecido los habitantes de este país, producto de las cuales son - entre otras cosas – las constantes guerras civiles a las que hemos sido condenados.
Nuestra ausencia de educación social, política y cultural nos lleva a aguantar declaraciones como la del ministro portavoz, al igual que con anterioridad hemos soportado las de Rafael Hernando y Pablo Casado humillando a las víctimas de las purgas y persecución franquista.  
A Mariano Rajoy, a la cúpula de su partido y a los poderes en la sombra que le sostienen, le importa un higo la situación de Cataluña. Saben que han despertado al toro hispánico, como dice el ínclito Gustavo Alcalde – Delegado del Gobierno en Aragón – y ese astado cuernilargo embiste con fiereza contra todo aquello que le molesta.

La derecha nacional-católica espera que tras el 21 D su marca naranja alcance la presidencia de la Generalitat con los apoyos del PP y un casi desahuciado PSC. Si no sucede así,  no pasa nada, a Rajoy siempre le quedará España y para Cataluña una nueva dosis de venganza.