En primer lugar tenemos que felicitar
a Antonio Aramayona, Marisol Ibáñez y Marga Ribas por haber sido absueltos en
sentencia emitida en el juicio de Faltas
por las que fueron denunciados y acusados.
Todos debemos felicitarnos por el
funcionamiento de la justicia que ha impedido que se produzca un atropello y
pisoteo de los derechos ciudadanos. Son demasiadas las veces que disposiciones
de la Delegación de Gobierno han sido rectificadas en sede judicial.
Podríamos entrar a valorar lo que nos
está costando a los contribuyentes las salidas de pata de banco que, con increíble
frecuencia, se vienen produciendo desde que el Sr. Alcalde ostenta la
responsabilidad de la Delegación del Gobierno en Aragón.
Como
muy bien recoge la sentencia absolutoria, los miembros del CNP actúan obedeciendo
órdenes superiores. Aquí tenemos el primer despilfarro; la utilización sin
sentido de unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para coaccionar la
libre expresión de unos ciudadanos, en lugar de utilizar esos medios en los
cometidos adecuados de velar por el cumplimiento de la ley.
El
siguiente despilfarro es el del gabinete jurídico de la Delegación de Gobierno intentando
articular una demanda basada en los criterios personales de un individuo que
todavía cree que la calle es suya.
Y el
último, es el mismo hecho del juicio, instalaciones, tribunales, personal de
los juzgados, ocupados en juzgar el comportamiento de unos ciudadanos que su
única falta fue intentar mostrar, con el mayor civismo, como recoge la
sentencia, su desacuerdo con las medidas adoptadas por un cargo público: La
consejera Serrat.
Al
tiempo que se emite la sentencia por el juzgado, recibimos del Presidente de
Gobierno una propuesta para dar paso a una serie de medidas de
regeneración democrática.
Según
los indicios de por dónde van a ir las medidas, mucho nos tememos que Rajoy confunde
democracia con aritmética. A fuerza de ser sinceros creo que el pueblo llano no
espera que los grandes anuncios y las grandilocuentes proclamas vayan más allá de un lavado de cara
y de paso, arrimar el ascua a su sardina en la próxima cita electoral.
Si
de verdad quiere regenerar algo, tiene una ocasión estupenda para comenzar
implantando unas normas de comportamiento ético en los cargos públicos. Para
que no se le haga muy difícil vamos a ir poco a poco y le señalaremos la
primera obligación de un responsable de cualquiera de las administraciones en
el desempeño de sus funciones:
1º Cumplir y hacer cumplir la ley.
¡Ojo!
La ley en vigor, no la que le apetezca
inventarse ad hoc.
Cuando
un responsable público tiene que ser reconvenido por los tribunales una y otra
vez a raíz de dictar disposiciones que cercenan y vulneran derechos fundamentales, no
me parece descabellado pensar que algo hay que hacer con ese político. No puede
ser que nada suceda y que los administrados queden a expensas de otra
ocurrencia que les lleve de nuevo a los tribunales a defenderse de la
Administración.
Como
el mencionado político parece ser que faltó a clase el día que se enseñaba la
conjugación del verbo dimitir, esperemos que algún miembro del Gobierno
Central con competencias orgánicas y del
cual dependan las delegaciones de
Gobierno, sí acudiera puntualmente al colegio la mañana que su profesora
explicaba el significado y utilización del
verbo cesar. Aquí tiene Rajoy y comparsas una ocasión para iniciar la
regeneración política.
Salvo
que no le quede tiempo después de la lectura del Marca, o esté demasiado
emocionado con la final del mundial, o a los miembros de su gabinete les pille
en misa concediendo virginales medallas, o tal vez ocupados en hacer el parto
obligatorio para las mujeres, y no reparen en cosas tan nimias como los
derechos ciudadanos.
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