Gobierno fuera de la ley

Resulta enternecedor ver los equilibrios en el alambre que se ven obligados a realizar algunos de los más afamados contertulios políticos para conjugar sus conocimientos de legislación Constitucional con el seguidismo político que profesan al Gobierno en Disfunciones.

Personajes con un vasto currículo de conocimientos, incluso catedráticos de Derecho Constitucional, intentan justificar las reiteradas espantadas que el Gobierno de Rajoy está protagonizando con tal de no acudir a dar cuentas de sus actuaciones. Patético. Observar como hacen propias las infames declaraciones de la Vicepresidenta funcional o de la señora finiquitada en diferido produce un vago sentimiento de desolación.

Con lo fácil que es acudir a la Sagrada Constitución de 1978 -  libro (al igual que la Biblia) señalado como faro y guía de nuestra convivencia - y  encontrar presto la respuesta. No hay que pasar muchas páginas, en el Titulo Preliminar, Artículo 1, punto 2 podemos leer:

La Soberanía Nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.   Claro como el agua cristalina.

Quiere esto decir que “son los representantes del pueblo español, elegidos democráticamente, los depositarios de esa soberanía nacional en las Cortes Generales: Congreso de los Diputados y Senado.

¿Qué parte tienen dificultad en entender tanto Soraya como María Dolores? En sus comparecencias ante los medios de comunicación se descuelgan diciendo: Ya que el Gobierno no tiene la confianza del actual Parlamento no está obligado a rendir cuentas ante él. Fin de la cita  que diría Mariano.

Los palmeros habituales les ríen y alaban la ocurrencia. Sí, los mismos que se pasan la vida acudiendo al texto Constitucional para amargarnos la vida, en esta ocasión la obvian o malinterpretan   para satisfacer a sus dueñas.

Estas señoras ya ni disimulan. Ni falta que les hace, han soltado su memez y son plenamente conscientes de que será repetida tantas veces, en tantos foros y por tantas voces que acabará siendo doctrina borreguilmente asumida por los millones de lelos que dócilmente les votan y por los miles de soplapollas que aún les disculpan.

Ahora resulta que, como el Gobierno en disfunciones no tiene la confianza del Parlamento legalmente constituido y  ¡ojo! que tiene  todas sus funciones en pleno vigor, las lumbreras del Gobierno interino no encuentran motivo para comparecer a dar explicaciones ante él, ¡pues coño! cumplir la ley y asumir que la soberanía nacional reside en el pueblo español ¿Quieren más razones?

Cuando alguien no goza de la confianza de otro este último le inspecciona con mayor esmero. Si el cuidador de nuestros hijos es de nuestra total confianza con una breve charla a la vuelta del trabajo nos basta para quedarnos tranquilos y saber si el niño o niña ha comido y dormido bien, si le ha subido la fiebre, si ha jugado en el recreo  o si ha padecido algún percance.

Si por el contrario el  custodio no nos inspira el grado de confianza suficiente solicitamos exhaustivos informes de todas sus actividades y de cada segundo de la vida de nuestros hijos. Es más si la desconfianza es absoluta colocamos hasta cámaras de vigilancia.

Estos “demócratas de pacotilla”  no se avienen a razones y pretenden campar a sus anchas sin someterse al control de quién legalmente ostenta la representación de  la Soberanía Nacional. Cuando se tienen las funciones restringidas si el control deja de existir nadie garantiza que las medidas que se adopten sean legítimas, nada asegura que los compromisos internacionales que se alcancen cuenten con el beneplácito del Parlamento, o sea de los españoles, o quizás  se adquieran obligaciones por encima de las atribuciones que se ostentan. Es muy propio de este Gobierno interino despreciar la opinión pública y tratar a los ciudadanos como ganado lanar de escaso pedigrí pero todo tiene un límite.

En la actualidad tenemos un organismo que está usurpando las funciones del Ejecutivo al no someterse al obligatorio control ¿Quién asegura que su comportamiento se ajusta a ley si no se constata?

Solo hay un Poder que puede certificar que se cumple la legislación. El Poder Judicial con todos sus tribunales y categorías es el garante del cumplimiento de las leyes, es el valedor de que las reglas de juego se respetan, de que los demás poderes no se auto otorgan prerrogativas que no les corresponden, claro que para hacer su trabajo debería ser independiente y no estar ocupado en algunas  estupideces contempladas en el código penal y que los juzgados no estuvieran dedicados a perseguir ciudadanos disidentes con sus ideologías, sean del tipo que sean. De esta forma no existiría un caso Rita Maestre, ni habría tribunales dilucidando sobre medallitas a la Virgen y tendrían tiempo para abrir causa contra un Gobierno declaradamente rebelde.

El respeto a la Soberanía Nacional merece medidas de gran calado y sería enormemente instructivo que se empezara por ilegalizar a un Gobierno interino colocado al margen del sistema.