Juanjo el justo

 Resulta que Juan José Escalonilla, juez instructor titular del Juzgado nº 42 de Madrid, últimamente se está dando cuenta de los errores procesales que sistemáticamente ha venido cometiendo. Casualmente todos relacionados con Podemos ¡Vaya por dios!

Es verdad que Juan José hace un reconocimiento de las equivocaciones cometidas. Sin embargo no dice nada de la mala praxis jurídica llevada a cabo por su señoría.

Curiosamente el magistrado Escalonilla ha cometido sus últimas extravagancias jurídicas  persiguiendo a una formación política exhaustivamente investigada por sus colegas togados.

El juez instructor del caso Neurona reconoce, en una resolución firmada el pasado 9 de febrero, que Pablo Iglesias, antiguo secretario general de Podemos, fue incluido "indebidamente" en el procedimiento como investigado en esta causa judicial.

De igual forma el juez Escalonilla admite el "manifiesto error" que cometió al no admitir un recurso de Podemos presentado un día antes de que venciera el plazo legal y que puede condicionar el informe final del caso.

Cuesta mucho trabajo creer en la buena voluntad de los magistrados cuando los errores siempre se cometen en la misma dirección y con las mismas víctimas atropelladas.

Que el núcleo duro de jueces conservadores, herederos directos de los componentes de los Tribunales de Orden Público de la dictadura franquista, sigan marcando la agenda jurídica hispánica, denota claramente la calidad del sistema democrático que nos proporcionó la “modélica  transacción española”.

El caso “Neurona” sigue vivito y coleando por obra y gracia de Juan José Escalonilla con sus dictámenes plagados de errores.

Comprobamos que no es el único magistrado al que le importa un higo la ley.

Son legión los togados que retuercen la voluntad del legislador a sabiendas de que el espíritu legislativo se encuentra en las antípodas de sus sentencias.

Ni les importa ni les amilana. Se consideran por encima de la voluntad popular, es más, el populacho les parece prescindible.

Ya lo dijo Cosidó siendo el portavoz del PP en el Senado: “promocionamos a nuestro candidato “x” a presidente de CGPJ y controlamos la sala 2ª del Supremo por la puerta de atrás”. El juez Marchena podría explicar su negativa, pero no es probable que se preste a ello.

Aunque parezca inverosímil no fue el único caso. Ignacio González, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, reclamaba a Zaplana la recuperación del juez García Castellón para solventar unos “asuntillos” investigados por el juez Velasco en los que ambos personajes del partido Popular  estaban involucrados.

Escalonilla y sus errores no son una excepción, resultan la constatación fehaciente de las artimañas que un sistema podrido está utilizando para no perder sus privilegios.

La separación de poderes en España, además de una entelequia, es una falsedad.

Un grupúsculo de integrantes del más rancio sistema judicial hispánico, apoyados por la caverna mediática, sigue medrando con el objetivo de retorcer la voluntad popular y gobernar sin presentarse a las elecciones.

Su postura no cambiará hasta que consigan recuperar el Gobierno devolviendo la población al redil para que su comportamiento no ponga en peligro sus intereses.  Las cloacas policiales que manejan, cierran el círculo de inmundicia estatal que nos rodea.

La importancia y la necesidad

La deriva político social que acostumbramos a soportar nos lleva, en la mayor parte de las ocasiones a tener una percepción desvirtuada de la realidad que estamos viviendo.

Las personas y personajes que actúan - como dios manda proclaman - han puesto en marcha el contador de cosas que a ellos; repito, exclusivamente a ellos, les gustaría que funcionaran mal.

Comprobamos, como ha quedado plasmada su torticera  intencionalidad, en los versículos de los evangelizadores periódicos de tirada nacional tales  como “La Razón”, “ABC”, “El Mundo” o “El País”,

Las cadenas de radio y televisión hacen de eco propagador en sus programas trufados de venganza política con las falacias que sus colegas publican. En todos ellos se está tomando como dato  de referencia del mal hacer gubernativo, el conteo pertinaz de violadores beneficiados con reducción de pena. Una especie de “Carrusel Deportivo” para dar el minuto y resultado.

En su día - el cuasi perjuro en sede judicial - un tipo completamente desconocido que atendía por M. Rajoy  recuperó la católica, apostólica y romana costumbre de publicitar un contador que diera fe de las malvadas acciones (ciertas o falsas) que llevaban a cabo sus rivales políticos.

M. Rajoy salía en los programas y noticieros de TV diciendo: “son las x en punto y el ministro Bermejo todavía no ha dimitido”. Esa secuencia se repetía regularmente cada poco tiempo.

Así acosó al Ministro de Justicia Mario Fernández Bermejo por el desafortunado error de acudir a una montería en la que también participaba el juez Baltasar Garzón, en esos tiempos juez instructor de la Gürtel.

El ministro sintió el aliento del jefe de la oposición porque, durante las jornadas, había “invadido”  unos metros el espacio cinegético de una comunidad autónoma limítrofe, de la que carecía de licencia de caza. Un claro error administrativo del equipo auxiliar del señor ministro que fue aireado y utilizado insistentemente para forzar su dimisión.

Los propugnadores de la desaparición del régimen autonómico se mostraron paradójicamente celosos con el cumplimiento de las leyes autonómicas – que aborrecen - cuando comprobaron que, aprovechar un minúsculo error administrativo, ponía en el disparadero a un oponente político.

Si hubieran tenido la misma diligencia para cumplir y hacer cumplir las leyes, en lugar de exhibir un deplorable y  laxo comportamiento en casos como la Gürtel, o Noós, estos no hubieran tenido lugar. También es más que probable que las consecuencias del Madrid Arena hubieran sido menos dramáticas con una correcta actuación de los órganos de control municipal.

Pero no, no les movía esa intención, su objetivo siempre ha sido el desgaste del Gobierno sin importar las formas utilizadas. Igual que en estos momentos. Los medios para sus fines son los de siempre: los de comunicación comprados con publicidad institucional y licencias radiofónicas o de televisión.

Los paniaguados plumillas que trabajan para Ana Rosa, Losantos, Herrera, Griso, Marhuenda y similares, han puesto en marcha el contador de beneficiados por las reducciones de condena que han sido dictadas por algunos juzgados, con una malintencionada aplicación de la Ley de Garantía integral de la libertad sexual (conocida por ley del solo sí es sí).

En un mundo analizado desde la estadística y bajo el foco de la información, sería deseable conocer el porcentaje de juzgados que han decidido practicar una reducción de condenas. Cuantas de esas reducciones han sido, a su vez, corregidas por las Audiencias provinciales o los Tribunales Superiores de Justicia o cuantas disminuciones de condena solicitadas  no han sido concedidas. De esa forma tendríamos datos fidedignos de la cuantía que representan las rebajas de penas llevadas a cabo, pero sobre todo, cuantas peticiones de reducción han sido rechazadas.

Con datos contrastados en la mano estaríamos en condiciones de publicitar un listado de los juzgados que han aplicado la reducción de condena, quienes son los beneficiarios y sus abogados, qué medidas ha adoptado la fiscalía competente para recurrir las bajadas de penas.

Los ciudadanos, como depositarios de la soberanía nacional están en su perfecto derecho para conocer que servidores públicos – los jueces y fiscales - cumplen con su obligación más allá de sus tendencias e inclinaciones políticas.

Por esos motivos, sería deseable que se hiciera público el nombre y apellidos de los titulares de los juzgados que han decidido hacer una interpretación sesgada de la ley con los fines que todos conocemos.

Es probable que en un futuro no muy lejano nos los encontremos premiados con canonjías similares a las disfrutadas por el afín García Castellón o las concedidas a recolocados en puestos prácticamente vitalicios y bien remunerados.

La importancia del correcto funcionamiento del sistema judicial hace necesario que sean desenmascarados.