jueves, 22 de octubre de 2015

Los culpables

El miedo aconseja “seguridad” y la seguridad recomienda represión. Con esta línea argumental los miedosos reprimen a los que ellos consideran perturbadores de su bienestar.
¿Quiénes son considerados como tales?
Al principio se les asigna este rol a todos los que se ven obligados a ejecutar tareas enmarcadas fuera de la legalidad social, a las personas que para poder subsistir tienen que transgredir las normas impuestas (no viven como dios manda). Potencialmente peligrosos son, por regla general, todos aquellos que carecen de lo que nosotros disfrutamos para cubrir nuestras necesidades básicas. Aquel que no tiene comida tratará de conseguirla llegando incluso a quitársela al que tiene si le resulta necesario.
Cuando hablamos de comida nos referimos a cualquier otra necesidad imprescindible; vivienda, vestido y naturalmente sanidad y educación, pilares básicos de una vida humana con atisbos de dignidad.
Para la defensa de sus posesiones los medrosos tienen varios caminos a elegir:
1º La defensa a ultranza de sus bienes, o bien
2º Reconocimiento del derecho que tienen los desfavorecidos a una vida en dignidad e implantar un sistema de justicia social que dé cobertura suficiente a las necesidades básicas.
Todos conocemos la elección que se ha escogido. A través del miedo ha sido inoculada la creencia de que para defender nuestras miserables vidas debemos protegernos de los que tienen una existencia aún más miserable que la propia. La caída en esta dinámica no es casual, es provocada por infames depredadores que alimentan intereses con la inseguridad de los miedosos. Así se incrementan los presupuestos en defensa y seguridad; a los presupuestos contribuimos todos pero en los barrios y urbanizaciones seguras viven los que reparten equitativamente el miedo entre todos.
Fácil y cómodo, conocedores como son de la tendencia natural de la especie a salvaguardar los bienes individuales, en la distracción encuentran campo abonado para expoliar los bienes comunes. Eso importa menos. Como no hay presupuesto para hacer frente a todas las urgencias se desatiende la vigilancia de las arcas públicas (la urgencia vital es aumentar la vigilancia de los parques o las playas poniendo más guardias). Con esto se tienen menos órganos de control, menos interventores de cuentas, menos inspectores de hacienda y trabajo. En definitiva un campo más ancho para los infractores y leyes  laxas para prevenir la delincuencia de cuello blanco.
El tipo de chorizo asaltador de los presupuestos del estado es menos molesto para los comunes que el desarrapado que en un descuido nos hurta la cartera o nos birla la americana.  Con este tipo de pobres mangantes somos implacables y exigimos que caiga sobre ellos todo el peso de la ley, no paramos en mientes para pedir castigos y condenas. Nos molesta infinitamente más la picadura del mosquito que la mordedura de la serpiente. Al insecto lo aplastamos con fiereza, al reptil le adoramos con servilismo.
No respetamos al débil pues pensamos que estamos a salvo de su ira, en cambio adoramos al fuerte temerosos de su cólera.
Po el contrario si hubiéramos adoptado la opción de la justicia social, no necesitaríamos tanta protección porque estaría a salvo nuestra casa, todo el mundo tendría la suya, la comida no sería robada pues cada cual tendría lleno su plato.
Tan solo necesitaríamos prevenirnos del peligro verdadero, el que representan los acaparadores, los usureros, los que con nada se conforman y acarrean fajos de billetes a cuentas bancarias en Suiza.
Podríamos hacerlo si no estuvieran los mecanismos del Estado tan preocupados de los mosquitos y pudieran dedicar medios eficaces para eliminar a las alimañas.
El archivo de la causa del Tarajal es una buena prueba de todo lo anterior. La jueza en su auto dictamina que los culpables son los 15 muertos. Según la magistrada conocían los riesgos a los que se enfrentaban cuando intentaron su entrada en España a través del mar. Lo que desconocían era que intentaban entrar en un país sin ningún respeto por los derechos humanos y que castiga con la pena de muerte una falta administrativa: no portar documentación. Con semejantes antecedentes cualquier descerebrado con uniforme podrá pensar que los bañistas de piel morena están invadiendo España por las playas fronterizas y liarse a tiros. Esa es la justicia que nos administran. Justificar el empleo de material antidisturbios como medida de fuerza proporcionada da como resultado 15 muertes.
Arsenio Fernández de Mesa se mesará sus plateados rizos con una sonrisa de satisfacción, el auto ha dejado a salvo el honor de la Guardia Civil. Honor que por otra parte nunca ha estado en cuestión, el debate gira alrededor de la actuación de unos funcionarios, de la orden recibida, del responsable de la orden y por supuesto de la honorabilidad del escondido Arsenio y de su piadoso jefe Fernández Díaz. Por mucha sentencia exculpatoria que se dicte difícilmente se olvidarán los balbuceos en sede parlamentaria del ministro o el exuberante ridículo del Director del Instituto Armado.   
¡Cuánto dudo que muestren la misma contundencia con los yates de 20 metros de eslora, propiedad  de prominentes individuos encorbatados, que atracan en nuestras costas atiborrados de cocaína con los camarotes repletos de putos sin papeles y putas indocumentadas!

Claro que estos prohombres tienen amigos influyentes para los que hacen inocentes transportes con destino a bancos de  los múltiples paraísos que visitan.

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