Resulta que Juan José Escalonilla, juez instructor titular del Juzgado nº 42 de Madrid, últimamente se está dando cuenta de los errores procesales que sistemáticamente ha venido cometiendo. Casualmente todos relacionados con Podemos ¡Vaya por dios!
Es verdad
que Juan José hace un reconocimiento de las equivocaciones cometidas. Sin
embargo no dice nada de la mala praxis jurídica llevada a cabo por su señoría.
Curiosamente
el magistrado Escalonilla ha cometido sus últimas extravagancias jurídicas persiguiendo a una formación política
exhaustivamente investigada por sus colegas togados.
El juez instructor del caso Neurona reconoce, en una
resolución firmada el pasado 9 de febrero, que Pablo
Iglesias, antiguo secretario general de Podemos, fue incluido "indebidamente"
en el procedimiento como investigado en esta causa judicial.
De igual forma el juez Escalonilla admite el
"manifiesto error" que cometió al no admitir un recurso de Podemos
presentado un día antes de que venciera el plazo legal y que puede condicionar
el informe final del caso.
Cuesta
mucho trabajo creer en la buena voluntad de los magistrados cuando los errores
siempre se cometen en la misma dirección y con las mismas víctimas
atropelladas.
Que el núcleo
duro de jueces conservadores, herederos directos de los componentes de los
Tribunales de Orden Público de la dictadura franquista, sigan marcando la
agenda jurídica hispánica, denota claramente la calidad del sistema democrático
que nos proporcionó la “modélica transacción española”.
El caso
“Neurona” sigue vivito y coleando por obra y gracia de Juan José Escalonilla
con sus dictámenes plagados de errores.
Comprobamos
que no es el único magistrado al que le importa un higo la ley.
Son legión
los togados que retuercen la voluntad del legislador a sabiendas de que el
espíritu legislativo se encuentra en las antípodas de sus sentencias.
Ni les
importa ni les amilana. Se consideran por encima de la voluntad popular, es
más, el populacho les parece prescindible.
Ya lo dijo
Cosidó siendo el portavoz del PP en el Senado: “promocionamos a nuestro
candidato “x” a presidente de CGPJ y controlamos la sala 2ª del Supremo por la
puerta de atrás”. El juez Marchena podría explicar su negativa, pero no es
probable que se preste a ello.
Aunque
parezca inverosímil no fue el único caso. Ignacio González, presidente de la
Comunidad Autónoma de Madrid, reclamaba a Zaplana la recuperación del juez
García Castellón para solventar unos “asuntillos” investigados por el juez
Velasco en los que ambos personajes del partido Popular estaban involucrados.
Escalonilla
y sus errores no son una excepción, resultan la constatación fehaciente de las
artimañas que un sistema podrido está utilizando para no perder sus
privilegios.
La
separación de poderes en España, además de una entelequia, es una falsedad.
Un
grupúsculo de integrantes del más rancio sistema judicial hispánico, apoyados
por la caverna mediática, sigue medrando con el objetivo de retorcer la
voluntad popular y gobernar sin presentarse a las elecciones.
Su postura
no cambiará hasta que consigan recuperar el Gobierno devolviendo la población
al redil para que su comportamiento no ponga en peligro sus intereses. Las cloacas policiales que manejan, cierran
el círculo de inmundicia estatal que nos rodea.
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