martes, 14 de noviembre de 2017

Mujeres asesinadas

La semana pasada fue asesinada otra mujer, una más, en esta ocasión en la localidad alicantina de Elda. Esto último es irrelevante, podía haber sido en cualquier otro sitio, la barbarie se extiende por toda la geografía hispánica sin distinción de territorios, regiones o nacionalidades. En cuestión de bestialismo el macho ibérico únicamente  muestra una seña de identidad; su ancestral machismo.
Jessica, al igual que otras muchas asesinadas, había denunciado a su asesino por malos tratos. El infame sujeto estaba condenado por violencia domestica y un juez había dictado una orden de alejamiento. Nada de eso  protegió a la mujer de la irracionalidad del macho furibundo.
Ni siquiera salvó la vida de Jessica un hecho relevante: la policía detectó el incumplimiento de la orden de alejamiento y en prevención de lo que posteriormente sucedió detuvo al asesino y le puso a disposición judicial.
A pesar de las múltiples señales enviadas, el juez de guardia no halló motivos suficientes para mantener detenido al violento. Existían varios motivos: amenazas, incumplimiento de dictamen judicial, desobediencia… pero el juez de guardia no vislumbró  nada. No llegó a pisar los calabozos.
Muchas veces se habla del corporativismo profesional que impele a determinados gremios a dictar disposiciones o adoptar medidas que favorezcan a sus miembros. Jessica tuvo la mala suerte de dar con un magistrado al que ni siquiera la desobediencia a la  sentencia de un colega le impulsó a proteger la vida de una mujer. Señoría ¿No le pareció relevante la ruptura de la orden de alejamiento?
No es la primera vez que se muestra la inutilidad de las órdenes de alejamiento si no hay una vigilancia efectiva del cumplimiento de la misma. Hoy día existen medios tecnológicos más que sobrados para alertar a las fuerzas de seguridad, a las posibles víctimas y a las autoridades de los incumplimientos de los dictados judiciales. Creíamos que era cuestión de voluntad política, pero sobretodo de disponibilidad de medios. Pues no, con el asesinato de Jessica se ha descubierto una nueva vertiente de la inutilidad del sistema. Ahora también sabemos que la incompetencia judicial es otro de los factores de riesgo.
Las autoridades responsables de garantizar la seguridad de las personas han demostrado en multitud de ocasiones su falta de sensibilidad y la extraordinaria  ineptitud que les adorna en su cometido de salvaguarda de las mujeres.
Solo tenemos que recordar las manifestaciones del Delegado del Gobierno en Aragón (Gustavo Alcalde) que tras el asesinato de Soraya,  para justificar la ausencia de medidas de protección, esgrimió como argumento la distancia a la que vivía su agresor ¡Como estaba a unos cientos de kilómetros, a nadie se le ocurrió pensar que en 4 horas podía llegar y asesinarla! El caso de inutilidad administrativa es tan sangrante que escuece solo recordarlo.
El asesinato de Jessica ha roto los moldes, con ella sí saltaron las alarmas y funcionaron los protocolos, las fuerzas de seguridad han cumplido con su cometido. El juez estaba en otros asuntos, es imperdonable la laxitud de comportamiento y mucho más condenable tras las terribles consecuencias.
Entre las figura penales que se contemplan en los casos de asesinato encontramos  al autor como protagonista principal, a continuación puede haber cómplices, encubridores y colaboradores. Todos ellos tienen un grado de responsabilidad penal. Entre los colaboradores existe una figura de especial preeminencia  y es la de colaborador necesario.
Si el juez hubiera mantenido preso al asesino el tiempo legal permitido en un caso de la gravedad del que nos ocupa, tal vez Jessica seguiría entre los vivos, con su hijo.
Pero no, el juez decidió que no había peligro para la mujer amenazada y que el incumplimiento de la sentencia dictada por otro juez no merecía ser castigado ¡Enhorabuena señoría, no ha puesto usted ningún impedimento  para que un asesino cometiera su crimen!

Quizás sea merecedor de que otro juez con otra sensibilidad y mayor diligencia considere que sin su dictamen de puesta en libertad inmediata el asesino no habría podido perpetrar el asesinato.

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