la ley y los partidos

Siete años después de comenzar el juez Garzón la instrucción de un caso que acabaría denominándose “Gürtel”, (Correa en alemán) estamos empezando a asistir al macro juicio que buscará determinar las responsabilidades de los implicados. Para analizar algo tan complejo vamos a ir por partes.

Los “Delitos”.

Se llenarían páginas para enumerar uno a uno los delitos que se imputan a los acusados. Pongan ustedes la lista de delitos contra la propiedad del Código Penal, añadan los delitos que el mismo Código contempla como cometidos por servidor público, condimenten con los actos contra las administraciones, sazonen con una pizca (más bien unas toneladas) de desfachatez y tendrán la ristra de tropelías que los acusados tienen sobre sus cabezas.

Los “Acusados”.

Sólo hay que revisar la lista de invitados a la boda de “La tercera Infanta” y encontraremos a todos. Eso sí, habrá que añadir a  algún que otro tonto del haba que pasaba cerca. Se me ha escapado lo de tonto del haba, quería decir listo que se hace el tonto.

Los “Tribunales de Justicia”.

Los aparatos de la  Justicia como siempre: ¡Bien gracias!

La Justicia es lenta, sectaria, discriminatoria, pusilánime e injusta, ¿Por qué  todos estos adjetivos calificativos?

Pues de atrás adelante diremos que es injusta en su génesis, desde el inicio, simplemente por su lentitud. Una justicia tardía no es tal justicia, será otra cosa, pero difícilmente alcanzará la primigenia función para la que ha sido concebida: Restituir el mal ocasionado.

Es pusilánime por no haberse atrevido durante el recorrido del caso a tomar medidas contundentes que llevaran a los ciudadanos a pensar que efectivamente vivían en un Estado de derecho con separación de poderes. Desde el inicio de la causa hemos tenido la sensación de estar asistiendo a una parodia. Registros tardíos, destrucción de pruebas, fiscales domesticados,… muchos  factores que invitan a pensar que nada garantiza que el desarrollo del proceso sea limpio y ejemplar.

Discriminatoria es un adjetivo amable, caben algunos más duros y que definirían mejor la calidad de la  neutralidad de la justicia en este doliente país. Podríamos haber dicho que es: Segregacionista,  antojadiza, improcedente y arbitraria. El juez Baltasar Garzón y su sucesor el juez Pedreira tienen adecuadas explicaciones a todas y cada una de las calificaciones otorgadas. Uno – Garzón – por haberlas sufrido en sus carnes, el otro – Pedreira – por haber tenido que salvar una interminable carrera de obstáculos.

Y por supuesto es extraordinariamente sectaria y cobarde, no se ha atrevido a llegar hasta el final en lo que a medidas cautelares se refiere y tan solo las ha adoptado con las partes más débiles del proceso. Es decir con las partes que no representaban una carga de profundidad contra la línea de flotación del llamado régimen del  78. Había que preservar a determinadas personas e instituciones a salvo de toda sospecha, aunque los indicios apuntaran directamente al corazón de un sistema corrupto “per se”.

Oyendo a uno de los  portavoces (Joaquim Bosch) de Jueces para la Democracia el desánimo que nos puede invadir es proporcional a la falta de valor de los magistrados. Decía  su señoría  que  en el caso hipotético de ser condenado el Partido Popular, la pena a imponer deberá ser devolver la cantidad percibida de forma irregular: blandito, blandito. La pena debería ser proporcional al daño ocasionado, es decir: al igual que a un deportista dopado romper las reglas de la práctica deportiva le supone ser incapacitado  para competir; a un partido político dopado le debería inhabilitar como formación política. Tendría que acarrear la disolución del partido (expulsión de las citas electorales) y que nazca de nuevo, con nuevos dirigentes, nuevas propuestas, nuevos estatutos y entonces se podría creer mínimamente en el sistema.

Recordemos que han sido expulsados de la carrera política (aplicando una ley de partidos más que cuestionable)  formaciones que tenían como delito estar contaminadas por no declarar su repulsa expresa del terrorismo (una mera formalidad) o por albergar entre sus miembros a personas de marcada tendencia aberztale, personas sin delitos o amortizados con el cumplimiento de la condena.

¿Qué hacer con una formación embarrancada en el doping político? Fácil: expulsarla del sistema democrático. No lo veremos, pero que no pase no quiere decir que no sea lo justo y necesario tal y  como suelen orar la mayoría de ministros del OPUS DEI que casualmente representan a una gran parte del Gobierno disfuncional.