No hace falta ser miembro del Tribunal Constitucional, magistrado del Tribunal Supremo, ni de la Audiencia, ni siquiera un humilde juez de paz, para saber que las leyes son normas de comportamiento general que se otorgan las sociedades.
Ahora bien, las diferentes matizaciones de interpretación son las que provocan circunstancias diversas. Es decir las leyes son arbitrariamente interpretadas por los jueces.
Así hemos asistido a espectáculos tan grotescos como el ofrecido por la jueza Victoria del Carmen Molina en una causa sobre violación. Para impartir “su” personalísima interpretación de la justicia acabó indagando si la victima cerró las piernas con fuerza suficiente.
Tampoco es desdeñable la actuación del fiscal García Cabañas preguntando a la víctima sobre su vestimenta para saber si era sexualmente provocadora. El juez tuvo que intervenir ante la insistencia del señor fiscal.
Tenemos interpretaciones para todos los gustos y en todos y cada uno de los ámbitos del estamento judicial.
Dentro de la franquicia española de la Iglesia católica Apostólica y Romana también existen príncipes de la iglesia como Monseñor Bernardo Pérez - Obispo de Tenerife - que explican los abusos a niños justificando las depravaciones - de los clérigos pervertidos - basándose en la dificultad que tienen los eclesiásticos para no caer en la tentación de sobar esos culitos tan apetecibles. Monseñor Bernardo dixit.
Durante el mediático juicio a los miembros de la tristemente conocida como “la manada” el juez Ricardo González discrepó de la sentencia con su voto particular al considerar que lo que él percibía era un ambiente de fiesta y jolgorio.
¿De qué nos extrañamos cuando con la conocida ley del “solo si es si”, una nueva manada – esta vez de jueces – se reúne para seguir abusando de las mujeres?
Lo verdaderamente lamentable están siendo las respuestas y posturas adoptadas por supuestos miembros de la progresía judicial, de la izquierda política y social, por destacados miembros del partido del Gobierno e incluso por Ministras del propio Gobierno.
La ley que impulsa el Ministerio de Igualdad de la Ministra Irene Montero no sale del bolso de la compra de la Ministra, ni de su cabecita loca. Es una ley preparada por ilustres y sesudos juristas que tras las consultas pertinentes al gabinete jurídico del Congreso de los diputados y con su visto bueno fue presentada a debate para su aprobación por el legislativo.
Una vez votada se aprueba la ley sin ningún tipo de alarma social por peligro de reducción de penas que pudiera acarrear su puesta en vigor.
Pero hete aquí que una de las patas fundamentales de la democracia, El Poder Judicial, decide tomar un nuevo protagonismo y enseñar a una “advenediza” como Irene Montero quién manda en este país.
Con la inestimable ayuda de los medios generalistas de comunicación - completa y absolutamente vendidos - se inicia una tremenda campaña de desprestigio contra la Ministra que osó tildar de machistas a comportamientos como los que describimos en el inicio de este escrito. Se pueden usar otros calificativos pero tachar de machistas a determinados jueces y fiscales es tremendamente bondadoso.
En un país serio – los implicados en casos como los mencionados - estarían procesados por presunta prevaricación o apartados de la carrera judicial por incompetentes. En España el CGPJ caducado se ha limitado a abrir algún expediente y a sancionar a alguna.
Que la organización “jueces para la democracia” salga en defensa de sus colegas togados, además de corporativismo arcaico, denota falta de empatía con las víctimas de crímenes execrables.
Ellos, que conocen el procedimiento, saben que las penas han sido reducidas por obra y gracia del juez que aplica la nueva ley. En ningún momento la ley le obliga a ello, es exclusivamente la deriva y la opinión del juez lo que lleva a minorar la pena impuesta.
El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín lo ha dejado muy claro en declaraciones al periodista de RTVE, Xabier Fortes, en el programa 24H: La ley está bien diseñada. Y como conclusión el magistrado añade que es un asunto jurídico que los organismos judiciales competentes tendrán que solucionar.
Ello nos induce a pensar que no son un problema político los casos que se están produciendo en Comunidades autónomas gobernadas por el PP solo o en coalición con VOX, Madrid, Castilla y León, Murcia y Andalucía están procediendo a reducciones de condena, cuando en otras comunidades, La Rioja por ejemplo, no se han producido. Todo esto sin mencionar las llamadas de algún juez al abogado de condenados para que recurran la pena. La expresión más benévola que podemos aplicar al comportamiento de los magistrados es: ¡Curioso!
¿Qué pasa por la cabeza de un magistrado cuando para dañar la imagen y la credibilidad de una Ministra reduce la pena de un violador?
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