La sentencia

Hace tiempo que aguantamos estoicamente las sucesivas barbaridades judiciales bajo la manida coletilla de respetar las sentencias. Se ha venido ocultando la obscena incompetencia judicial española con la siguiente frase: “Respetamos la sentencia aunque no la compartimos.”

¡Pues no, ni acatamos, ni respetamos, ni cumplimos!

¡Exigimos¡ Si, exigimos. Y lo hacemos de una manera contundente, fulminante, enérgica. La situación es insostenible, España no se arregla con un cambio. Es necesaria una catarsis nacional que nos agite con fuerza para sacarnos del estado de somnolencia en el que llevamos sumergidos más tiempo del aconsejable.

Las sociedades adormecidas acaban siendo devoradas por aquellos personajes sin escrúpulos que pretenden apropiarse de ellas.

En España nunca ha habido una verdadera conciencia colectiva de lucha por los derechos, la sumisión a los perversos poderes eclesiásticos han sometido las voluntades que en otras partes del planeta lucharon por liberarse. Aquí no, aquí la palabra del cura era el freno que necesitaban los poderosos, los caciques conseguían mantener sus privilegios a través de los párrocos. El temor al castigo divino mantenía a este inculto y atrasado país totalmente arrodillado ante sus amos.

Un día de abril, el 14 para ser más concretos, salió un radiante sol iluminador que inundó de luz a una sociedad hasta entonces sumergida en las tinieblas.

El periodo fue tan corto y la represión tan dura que se ha acabado hablando de peligrosos revolucionarios y de salvadores de la patria. Los peligrosos eran los que mostraban fidelidad a la legalidad democrática; los segundos terminaron siendo los héroes laureados, los que tenían calles y homenajes, los que disfrutaron de estancos y loterías.

El 27 de abril de 2018 ha venido a decirnos lo poco que han cambiado las cosas.

La justicia hispánica ha tenido rectificaciones dolorosas procedentes de los Tribunales Europeos de Derechos Humanos. Tanto el tribunal Supremo como el Constitucional han sido pluralmente rectificados en sus sentencias. El Alto  Tribunal Europeo las ha considerado una burla a los principios elementales del derecho, y como consecuencia el pírrico Estado Español ha sido condenado a indemnizaciones y multas. Aquí tengo que hacer un alto: el Estado somos todos, las multas las pagamos a escote.

Pues bien, una nueva actuación en clave jurídica vuelve  a constatar que en la Federación Ibérica estamos muy lejos de alcanzar un mínimo grado de cordura judicial.

La sentencia fallada en el caso de “La Manada” viene a abrir heridas mal cerradas en una estructura social machista, misógina, retrograda, patriarcal, enferma y sobre todo religiosamente manipulada.

Los comportamientos de los magistrados no se producen al azar. La judicatura y los tribunales están compuestos por una grandísima dosis de adeptos, inscritos, afines o lameculos de la curia eclesiástica y sus órdenes socio-religiosas. La Conferencia Episcopal dirige leyes de educación, pelea legislaciones sobre investigación científica (Células madre), atropella derechos humanos (colectivo LGTB) y culpabiliza a través de sus fuerzas de choque (abogados cristianos, hazte oír, OPUS Dei, Legionarios de Cristo, cristianos de base…) a cualquier  persona que se separe de lo que sus mentecatas cabezas consideran la norma.  

La nefasta sentencia no abre un debate, lo cierra.

Es imprescindible, urgente y absolutamente necesario desmontar el entramado judicial y desde las cenizas rehacer un sistema que nazca limpio.

No es necesario demostrar la prevaricación para  condenar a un juez o a un tribunal en un Estado Democrático, debería de bastar con la constatación de incompetencia manifiesta para el desempeño de sus funciones. La Sala de la Audiencia Provincial de Pamplona ha dado sobradas muestras de ello.  Al juez emisor del voto particular se le  tendría que ayudar a salir de la carrera judicial y de su psicopatía.