Encontramos tantos ejemplos de
falta de rigor jurídico que provoca escalofríos pensar en manos de quien
estamos.
Sería conveniente empezar a
colocar a cada uno en su sitio. De la derecha mediática sabemos que no tenemos
que esperar objetividad informativa, con el pesebre no se juega.
Ahora bien, deberíamos intentar
que se vieran obligados a ser ecuánimes los medios de comunicación que se
tildan de neutrales, hay que empezar a decir que existen otras formas de
informar. Cuando un juez acapara la atención por dictar autos extraños, debería
ser obligado a fundamentar el auto con alguna coherencia legal que no arguyera
una sarta de memeces encontradas en el estercolero de su ideología.
El respeto a la JUSTICIA tiene
que ser un parámetro de comportamiento, pero a la JUSTICIA con mayúsculas, no
al simulacro con el que nos obsequian un
día sí y otro también tribunales tan politizados que únicamente les falta
llevar la chapita del partido que les patrocina.
Hemos oído con más frecuencia de
lo deseable la consabida frase de “respetamos
y acatamos la sentencia aunque no la compartimos”, pues si no la compartes
¿Cuál es el oculto motivo que te induce a respetarla? acatarla entiendo que se
haga; no queda otro camino pero ¿Respetarla? ¿Por qué razón?
¿En qué genoma de nuestro ADN
tenemos grabado el respeto a las situaciones arbitrarias generadas por la caprichosa interpretación que un individuo
hace de determinado articulado del Código Penal?
Resulta de todo punto claro y
notorio que nuestro sistema judicial necesita un urgente paso por la disciplina
democrática. Alarmantemente carece de un sistema eficaz de control de calidad.
Los informativos abren a diario
con noticias en clave judicial. Los tribunales hispánicos – Constitucional y
Supremo – ya han sido corregidos por los Organismos Judiciales Europeos en más ocasiones de las deseables. Con esos
precedentes es bastante complicado poder alardear de democracia moderna y sólidamente
consolidada. La retirada de la petición a Bélgica huele más a estratagema
jurídica que a deseos de impartir justicia. La nueva versión parece encaminada
a evitar una bofetada judicial en forma de desaire. La extradición solicitada a
Bélgica a través de la euro-orden corría serios riesgos de ser rechazada.
A pesar de todos estos
historiales y de otros muchos que nos dejamos en el tintero, debemos de seguir
manteniendo un determinado grado de confianza en las entidades jurídicas
españolas. Aún cuando estas sigan estando inmersas en una especie de limbo
esterilizador que las ha mantenido al margen de los avances democráticos. Sin
un alto grado de fe ciega es muy difícil aceptar algunas conductas de los
magistrados, algunas de sus disposiciones judiciales y bastantes sentencias
“dirigidas”. Por no hablar de los “afinamientos” de la Fiscalía.
La comisión de un delito es –
sobre todo – un ataque al estatus humano de convivencia en sociedad. Ahora
bien, una vez están establecidas las
reglas la cuestión es: ¿Cómo se articula su cumplimiento?
Desde los albores de la humanidad
los entes sociales han buscado fórmulas para convivir. La depravación de los
próceres les llevó a asimilar las normas comunales con la defensa de sus
privilegios. Todo para conseguir que
“sus” deseos fuesen amparados y mantenidas “sus” prebendas.
Mediante sucesivas luchas y
avances sociales se han ido desarrollando escenarios con la finalidad de ir
equiparando derechos y alcanzar la igualdad ante la ley. En clave nacional
española lo más que se ha conseguido ha sido este simulacro de democracia - que en la actualidad padecemos -
en sustitución de la legal y legítima II República que resultó violentamente
aplastada.
Una siniestra deficiencia del llamado régimen 78 fue NO
restituir el daño ocasionado por un delito sangriento cometido en el periodo
1936/39 y consolidado hasta el 20 de noviembre de 1975. La perversidad de los
constituyentes fue no intentarlo siquiera. El franquismo sigue sin ser
institucionalmente condenado.
Las celebraciones del 6 de
diciembre recuerdan todos los años la hipócrita humillación que fue admitida.
El régimen impuso sus condiciones haciendo sonar los sables. Los opositores se
vendieron lánguidamente y cayeron en un plácido sopor del que todavía no han
despertado.
Nunca se van a desclasificar los
documentos que nos acerquen a entender porque se rindieron. La amenaza de involución
está tan puerilmente manida que 39 años después sigue sirviendo para todo.
La transición se realizó en un bazar de
vanidades en el que la monarquía recuperó aquello que la justicia social le
había arrebatado. Bajo el paraguas monárquico se recuperó la injusticia que hoy padecemos.
Sólo era cuestión de tiempo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario