Sin control

El pasado 20 de Diciembre el pueblo español fue llamado a las urnas para decidir la nueva conformación del Parlamento. Tras los resultados se dieron los pasos protocolarios legalmente establecidos y con ellos tuvo lugar el pistoletazo de apertura de la nueva andadura legislativa. Se recogieron las actas de diputado y senador, se configuraron las mesas, se nombraron presidentes y vocales y se puso en marcha la representación democrática de los ciudadanos.

Nada anómalo hasta este punto. Establecida la composición del Poder Legislativo, este va a tener que convivir durante un tiempo con un Poder Ejecutivo en funciones. 

Los  periodos de los  Gobiernos en funciones arrancan desde la disolución de la Cámara hasta la formación de un nuevo Gabinete. Durante esta fase, como no puede ser de otra forma, el Gobierno tiene sus capacidades restringidas, hay determinadas iniciativas que no es lícito que lleve  a cabo pues podría con ellas lastrar la actuación del Ejecutivo que dimane de la nueva configuración del Parlamento.

Por otra parte, para que la normalidad institucional no se vea alterada  y siga existiendo un control  del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo en funciones, desde la disolución de las Cámaras se nombran las Comisiones Permanentes cuya exclusiva finalidad es velar por la armonización Constitucional. Al contrario de lo que algunos creen, no se articulan para servir de refugio de aforamiento mediante el cual eludir y dificultar la actuación de los tribunales (Gómez de la Serna o Rita Barberá, son algunos ejemplos de este perverso uso).

Estos Órganos se configuran en base a la proporcionalidad de las cámaras disueltas. Como decíamos nada fuera de lo normal.

El dilema nace cuando - una vez formada la nueva Cámara - desaparece la operatividad de las Permanentes siendo el nuevo Congreso el encargado de ejercer las labores que le son atribuidas en nuestro sistema parlamentario. Entre ellas las de ejercer como  Órgano supervisor de las decisiones  del Gobierno.

Este Gobierno no parece  tener mucha apetencia de ser controlado acostumbrado a ejercer un poder omnímodo.  Apoyado en su mayoría absoluta, encontrarse de repente con una representación que le impide campar a sus anchas le resulta inaceptable. No tiene ninguna gana de rendir cuentas ni de pasar por el engorroso trámite de responder a las preguntas que pudieran hacer los representantes de la soberanía popular.

Los miembros del Gabinete se escudan en su propia situación de interinidad con el fin de  justificar su negativa a acudir al Congreso para dar las preceptivas explicaciones acerca de las actuaciones, compromisos, negociaciones o  meteduras de pata que van jalonando el devenir de los componentes del Gobierno.

Es decir, coloca al Congreso de los Diputados en situación de insolvencia funcional. Para el Gobierno de Rajoy el Parlamento no tiene cometido en la actualidad, o por lo menos le niega una de sus principales labores: la de controlar al Poder Ejecutivo. Rajoy está jugando una prorroga con las atribuciones presidenciales limitadas, por ello pretende extender esta situación de restricción  a un Parlamento que está obligado a ejercer la labor de vigilancia sobre sus acciones.

Los partidos políticos que ocupan en la actualidad los escaños entienden que el Gobierno ha entrado en una peligrosa deriva al no acudir los Ministros cuando son citados a comparecer. Los nuevos representantes de los españoles opinan que su misión Constitucional de control sobre el Gobierno tiene en estos momentos tanta o más vigencia que en cualquier otro. Para deshacer el entuerto tendrán que pasar previamente por el Tribunal Constitucional.

El Alto Tribunal dictará  una  resolución cuando le venga bien y para entonces ya habrá pasado tiempo suficiente de anormalidad institucional.

La sentencia del Constitucional no tiene muchas alternativas, o el Gobierno en precario debe someterse a control parlamentario o no debe hacerlo.

Si se debe someter y se niega a hacerlo durante un tiempo ¿Qué consecuencias acarreará? ¿Será inhabilitado a perpetuidad un Gobierno en rebeldía?

La otra opción posible sería la de otorgar al Gobierno manga ancha y exculparlo de la obligatoriedad de dar explicaciones. En este caso la demora representaría una nueva vergüenza (una más) para el sistema. Conocemos de sus imperfecciones pero mantener unas cámaras durante varios meses  sin cometido alguno es un lujo que este país no se puede permitir. O sea, para entendernos: Si no sirve para nada y es innecesario ¿Para qué lo mantenemos?

Y en esas estamos. En la demostración palpable del nulo respeto que al Gobierno en Disfunciones  le merece la voluntad de los españoles. No son muy diligentes y parece que demócratas tampoco.