Real Blindaje

A toda prisa y corriendo está el gobierno preparando el proyecto de ley que, si no hay contratiempos, en forma de tsunami judicial, blindará las responsabilidades personales en las que hubiera podido incurrir el monarca abdicado.

Los grupos del congreso ya se han posicionado, en este punto no hay ninguna sorpresa, naturalmente el PP apoyará la propuesta que salga del Consejo de Ministros. El resto de grupos de la cámara o bien se abstendrán o bien se opondrán.

Entre los grupos que han manifestado su abstención se encuentra el PSOE, tampoco nos extraña, saben sus dirigentes que en esta ocasión no necesitan manifestarse abiertamente, la ambigüedad es una formula extraordinariamente sencilla de pasar desapercibido y no molestar al amo, por otra parte deja abierta la puerta para criticar la decisión del PP si las bases se agitan, aunque ya no sabemos si al PSOE le quedan bases que se muevan. Este enigma se resolverá en la próxima cita electoral.

Entre los opositores se encuentran grupos de diversas tendencias ideológicas que ven inadecuado el blindaje por diversos motivos, en los que no vamos a entrar, aunque todos coinciden en lo apresurado de la medida. Es cierto que la abdicación ha podido coger descolocados a los poderes públicos y que tal vez fuera una prevención que debería haberse llevado a cabo con anterioridad, pero ya que no se ha hecho así ¿Por qué las prisas?

Con los indicios de negativa de los grupos que disienten de la medida, se han dado las primeras declaraciones de los defensores de la misma, en la mencionada defensa ha tenido participación activa la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, cuya actitud consiste en reprochar a los negadores del blindaje, que como diputados disfrutan de aforamiento, que esa prebenda la cuestionen para el Jefe del Estado

¡Qué lista es! En primer lugar pretende afear ante la opinión pública la postura de los grupos de oposición tachándolos de aprovechados y egoístas por entorpecer la concesión de algo que ellos mismos disfrutan.

Soraya hace un juego malabar perverso cuando equipara la inviolabilidad de la persona del Rey con el aforamiento de los diputados.

Para empezar, estamos de acuerdo si lo que la vicepresidenta ha querido decir es que discrepa acerca de como el aforamiento de los representantes de los ciudadanos se extiende más allá de sus funciones como electos. En la perpetración de delitos comunes deberían estar sujetos a los mismos tribunales que todos los demás españoles. El aforamiento se pensó para protegerles, en y durante el desempeño de las funciones propias del cargo, no para el vulgar mangoneo ni para delitos comunes.

La diferencia fundamental es que el Rey no es imputable mientras es rey, y un representante público si lo es, aun cuando el camino esté lleno de obstáculos para la justicia. Cuando cesan en su cargo, a día de hoy, ambas figuras públicas son igualmente imputables. Lo que se pretende con la ley en ciernes es mantener fuera del circulo de la justicia a Juan Carlos de Borbón y hacerlo a toda velocidad; de ahí la pregunta ¿Por qué las prisas?

Los mal pensados arguyen que estas prisas vienen provocadas por las demandas que según se comenta en los medios de comunicación han sido presentadas contra el ciudadano Juan Carlos.

Albert Solá es la persona que ha presentado una de esas demandas, dicha demanda está relacionada con una reclamación de reconocimiento de paternidad y, las últimas noticias dicen que será diligenciada en vista oral el próximo 9 de septiembre en la Sección 24 de la Audiencia de Madrid.

En este punto es donde los ojos me hacen chiribitas y no adivino a entender un ápice de lo que está sucediendo.

Recordemos por un momento la histriónica intervención en el Congreso de los diputados que protagonizó el todavía hoy ministro de In-justicia Ruiz Gallardón, clamando por los derechos del ¨concebido y no nacido¨ en su discurso para vender la modificación de la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo.

Ahora tiene el Ministro la ocasión de amparar a un ciudadano español, de pleno derecho, concebido, nacido en 1956 o sea, criado y crecido, que tan solo exige, por ahora, su legitimo derecho a la asunción de paternidad por parte de su progenitor. Derecho contemplado, protegido y amparado por nuestra legislación.

Tiene el Consejo de Ministros una oportunidad única de demostrarnos a los ciudadanos que las leyes sirven para algo y así certificaremos que el Gobierno está preocupado por la salvaguardia de los ya nacidos en posesión y uso de todos sus derechos.

El Gobierno lo podrá hacer sin necesidad de asumir enunciados teológicos encaminados a explicarnos en que momento el ser supremo infunde el alma a la inicial mezcla de fluidos, podrá dejar de combinar leyes con creencias, y de paso no ofenderá a las mujeres negándoles su derecho a decidir como hacen los integristas, que la consideran un mero receptáculo de semillas, igual que una maceta.

Tendremos que esperar al proyecto de ley para comprobar que es lo que se pretende:

Proteger la figura del anterior monarca, descartando la posibilidad de reclamaciones en virtud de su comportamiento como Jefe de Estado, o bien se busca la no-imputabilidad del ciudadano Juan Carlos de Borbón eliminando la responsabilidad de sus actuaciones personales como son, supuestamente, dejar mujeres en estado.

No obstante a fuerza de ser objetivos creemos que se persiguen ambas cosas y así lo dejan todo atado y bien atado.