Indignación domada

Llevamos una larga temporada asistiendo a un penoso espectáculo patrocinado por nuestra clase política. Naturalmente nuestra indolente conformidad tiene mucho que ver en el comportamiento de quienes nos gobiernan.

Hemos permitido excesivos abusos, la indignación se nos ha disipado rápidamente, con un poco de chapa y pintura nos han vendido una tartana vieja como si fuera un vehículo de última generación y nuestra ira se ha escapado por el vertedero del conformismo.

Resulta un desafío a la inteligencia la postura adoptada por los alimentadores de opinión y no pocos analistas políticos.

Sí; la jueza Lamela ha dictado prisión sin fianza para el vicepresidente Junqueras y siete de los Consellers del Govern. Analizada la trayectoria reciente de la jueza ¿Esperaba alguien otra cosa?

Parece que nadie recuerda que es la misma magistrada que mantiene en prisión -  acusados de terrorismo - a los detenidos por una pelea de bebidos en un bar de Alsasua. También es La misma que recientemente  ha dictado prisión para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, después de oír  al fiscal retorciendo la ley.

¿A quién le extrañan las decisiones de la jueza? ¿A qué viene tanta sorpresa?

Las expresiones que se están vertiendo sobre la politización de la justicia vuelven a ser un nuevo ejercicio de doblez sin ningún valor. En este viejo arcón caben prácticamente todas las formaciones políticas.  El PP es solidario con las actuaciones del Fiscal General del Estado como máximo responsable de su nombramiento.

Misma responsabilidad de nombramiento que ejerció el PSOE cuando ostentaba el Gobierno de la Nación. Esto nos señala a unos primeros responsables de la politización judicial.

Pero no son los únicos; en no pocas ocasiones, ambos partidos, han gobernado con los apoyos de formaciones como el PNV que hoy se rasgan las vestiduras con las decisiones del PP que ellos apoyan vía presupuestos generales. Y de otros como antigua Convergencia Democrática (hoy el PdCAT) que ahora sufren en sus carnes la acción judicial auspiciada por sus ex amigos.

El partido de Ciudadanos Españoles y de la JONS cumple fielmente con su cometido de partido muleta y aplaude fervorosamente que la fiscalía actúe como órgano transmisor del Gobierno.

Tanta pose hipócrita aburre, cansa. Que la judicatura está tremendamente politizada es un mantra que recorre la sociedad española desde que se hizo real la desdichada Transición. El Poder Judicial quedó al margen de cualquier  transformación. Si hubiera que nombrar una esfera del Estado de Derecho donde la democracia no ha hecho acto de presencia, una gran mayoría de personas nombrarían sin dudar al estamento judicial.

Los miembros de los altos tribunales son elegidos a través de las formaciones políticas. Las luchas por colocar afines en los puestos de decisión judicial son por todos conocidas, muchas de las decisiones y sentencias judiciales atufan a oportunismo político. Sistemáticamente los partidos de la alternancia han bloqueado las renovaciones del Tribunal Constitucional cuando  han estado a expensas de alguna sentencia.

Con todos estos antecedentes, son una broma de mal gusto  las declaraciones de sorpresa y estupefacción cuando alguien comprueba que la justicia se acomoda al dictado del gobierno de turno (fundamentalmente durante el periodo de instrucción de la causa). Durante este periodo procesal el magistrado instructor suele seguir las peticiones de la Fiscalía. Ya hemos dejado aclarado quién nombra al Jefe de los fiscales.

Escuchar al portavoz Méndez de Vigo decir que desde la Constitución de 1812 existe separación de poderes en España es motivo suficiente para mandarle al colegio a repasar algo de la historia constitucional de este doliente reino.

Además de una burla a la inteligencia es un insulto para las víctimas de las múltiples épocas de absolutismo borbónico y dictaduras varias que desde la aprobación de la “Pepa” han padecido los habitantes de este país, producto de las cuales son - entre otras cosas – las constantes guerras civiles a las que hemos sido condenados.

Nuestra ausencia de educación social, política y cultural nos lleva a aguantar declaraciones como la del ministro portavoz, al igual que con anterioridad hemos soportado las de Rafael Hernando y Pablo Casado humillando a las víctimas de las purgas y persecución franquista.  

A Mariano Rajoy, a la cúpula de su partido y a los poderes en la sombra que le sostienen, le importa un higo la situación de Cataluña. Saben que han despertado al toro hispánico, como dice el ínclito Gustavo Alcalde – Delegado del Gobierno en Aragón – y ese astado cuernilargo embiste con fiereza contra todo aquello que le molesta.

La derecha nacional-católica espera que tras el 21 D su marca naranja alcance la presidencia de la Generalitat con los apoyos del PP y un casi desahuciado PSC. Si no sucede así,  no pasa nada, a Rajoy siempre le quedará España y para Cataluña una nueva dosis de venganza.