Esperando al Rey

 

El día 6 de Diciembre del año de la pandemia se ha vuelto a celebrar la llegada de la Constitución del 78 para regular la convivencia de los ciudadanos de este país. Dicen los juglares del evento que fue un extraordinario ejercicio de responsabilidad por parte de diferentes contendientes políticos que fueron capaces de aparcar sus aspiraciones en aras del bien común. Esa es la versión oficial e histórica.

La realidad es que el aparato del régimen influyó con todas las fuerzas que tenía – que eran muchas – para dar sentido al legado del dictador y que fuera un hecho la famosa frase del  “todo atado y bien atado”.

La “modélica Transición” culminó con la elaboración del texto constitucional. Han tenido que pasar unos cuantos años para que los primigenios detractores hayan cambiado de postura reconvirtiéndose en furibundos defensores de una reforma que en forma alguna deseaban. Afortunadamente, existe la memoria y la hemeroteca para recordar los votos en contra de algunos diputados de Alianza Popular. La formación de los “siete magníficos ex ministros de Franco”  se reconvirtió en el Partido Popular por obra y gracia de su fundador Manuel Fraga apoyado en un joven político anodino y gris.

En aquellos momentos los pensamientos de José María distaban de ser laudatorios con el texto que ahora le parece inamovible, inmutable e incuestionable. Hoy se ha convertido en un acérrimo defensor de la norma criticando cualquier tipo de iniciativa que pueda conducir a su modernización con las adecuadas modificaciones.

Los defensores constitucionalistas aluden a las dificultades de la época para justificar los posibles fallos que puedan ser atribuidos a la ley. Al asumir que la Jefatura del Estado estaría ostentada según los designios del dictador se permitió que en las futuras estructuras del Estado siguieran presentes los privilegios del Régimen.

El texto constitucional es sensiblemente mejorable en muchos aspectos, desde la Jefatura del Estado, las prebendas de inviolabilidad que otorga al monarca, la sucesión dinástica, pero sobre todo el mando sobre los Ejércitos.

Que el rey sea el mando supremo de las Fuerzas Armadas no es baladí, representa sin ambages el bastión que sustenta a la institución monárquica. No es una prerrogativa otorgada al azar o sin pensar.  Resulta ser el candado que cierra la cadena con la que se ató la transformación de un régimen dictatorial impuesto por un levantisco genocida en una modélica democracia.

Las estructuras en las que descansaba la dictadura continuaban vigentes tras la desaparición del dictador. La idílica mutación que nos llevan vendiendo durante 42 años no ha sido tan transformadora; en realidad los cambios no han sido tan espectaculares en ninguno de los campos que articulan nuestra convivencia.

Pasito a pasito nos fueron llevando hacia el simulacro de democracia en el que nos encontramos.

La  Jefatura del Estado no fue el único regalo que nos legó el sátrapa, la clase política que confeccionó las leyes eran igual de herederos que el Rey, no salieron de una caja de sorpresas, los Adolfo Suarez, Manuel Fraga, Ruiz Jiménez, Fernández Miranda, Oscar Alzaga, Martín Villa y otros varios ya se sentaban en sillones del Gobierno, direcciones generales y puestos relevantes del régimen. Incluso la participación del PSOE fue dirigida por miembros destacados de la Presidencia de Gobierno de los gobiernos franquistas. La sustitución de un exiliado Rodolfo Llopis por un amaestrado González  se orquestó con el beneplácito y colaboración de los servicios secretos españoles.

Una vez domesticado el PSOE - como referente de la izquierda antifranquista - el PCE de Carrillo se vio obligado a ceder ante la presión y las amenazas.

Los organismos judiciales y tribunales cambiaron de nombre, sólo de nombre y con eso camuflaron  la justicia franquista con tintes de democracia.

Por supuesto la iglesia católica sacó tajada del cambio de legislación ¡cómo no!.

En el trasvase desde “Los principios generales del Movimiento” a la Constitución del 78 el papel de la curia quedó protegido por la ambigüedad de la Constitución. De forma confusa, un país aconfesional privilegia a una confesión religiosa, así quedan amparados los tratados y el concordato con los que se llenan de euros las arcas obispales.

Otra de las patas en las que se asentó el franquismo fue la represión, el asesinato y el miedo. En esta trilogía intervinieron activamente las Fuerzas de Orden Publico (Policía y Guardia Civil) y las Fuerzas Armadas.

Por la prensa hemos conocido las andanzas condecoradas del siniestro González Pacheco (Billy el Niño) pero hay muchos más Billys. En los cuartelillos y en las comisarias no entró de repente un vendaval de democracia y derechos humanos  el 20 de Noviembre de 1975, ni siquiera a partir del 6 de Diciembre de 1978. En los centros policiales se continuaron las mismas prácticas y por los mismos actores con la Constitución promulgada.

En las bases, acuartelamientos  y academias militares tampoco se abrieron las ventanas. Los firmantes seniles de los manifiestos ultra son los jóvenes oficiales de los años 80 que recibieron el testigo y las enseñanzas de sus mandos de entonces.

Durante toda su vida militar han esperado la oportunidad de manifestar su rechazo al “casi” estado democrático.

El 23 de febrero de 1981 urdieron una pantomima para mayor gloria y asentamiento del “regalador” de la democracia. Con el golpe del 23 F se cerró definitivamente la posibilidad de plantear un referéndum sobre la Jefatura del Estado. “El Emérito campechano” había traído la democracia, la había defendido y teníamos que agradecérselo como humildes súbditos. Aunque fuera mirando hacia otro lado ante sus tropelías.

Ahora los vejetes del chat y los ex uniformados de las cartas acuden al “Preparado” en su condición de mando supremo ¿para qué?

Felipe VI tardó 24 horas en dirigirse a la nación con motivo del intento de referéndum en Cataluña. Hoy todavía no ha dicho nada acerca de los pronunciamientos de los ex militares. El problema no son unos cuantos seniles chateando barbaridades, tampoco unos cientos firmando cartas poniendo en entredicho la voluntad representativa de los votantes, ni siquiera el manifiesto menosprecio que destilan hacia el Gobierno, el Congreso y las instituciones. El verdadero problema radica en conocer cuántos Generales, Almirantes, Jefes, Oficiales, Suboficiales, tropa y marinería están de acuerdo con los manifiestos y propugnan actuaciones similares desde dentro de las instalaciones militares. Eso sí que es peligroso.

Para neutralizar derivas de ese tipo es para lo que el Rey es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas: para recordar a los militares su subordinación al Gobierno legítimo salido de las urnas.

Felipe VI está tardando mucho en poner las cosas en su sitio, salvo que  - esperemos que no – esté de acuerdo con los firmantes.